Un despido no es un procedimiento cerrado cuando la empresa presenta una carta extensa y aparentemente bien fundamentada, o por lo menos que se lo digan a Pedro.. Detrás de esa documentación pueden existir otros elementos capaces de cambiar por completo el rumbo de un conflicto laboral.. El nombre mencionado en el primer párrafo corresponde al de un alto directivo que acudió a un despacho de abogados antes incluso de ser despedido y terminó recibiendo 300.000 euros tras alcanzar un acuerdo con su antigua empresa.. El abogado laboralista Miguel Benito ha contado este caso y ha explicado la estrategia que siguieron durante el procedimiento. Pedro llevaba tres años en la empresa y, dos años después de incorporarse, solicitó una reducción de jornada.. En base a las explicaciones de Benito, la medida no sentó bien a la compañía y el trabajador empezó a prepararse ante la posibilidad de que acabaran prescindiendo de él. «Él, que es un tío bastante prudente, empezó a asesorarse con nosotros para preparar un eventual despido por si sucedía», cuenta el abogado.. La recomendación que permitió preparar la defensa antes del despido. Durante ese periodo, el despacho le dio una recomendación que terminó siendo clave: guardar toda la documentación relacionada con la situación laboral, especialmente aquella que pudiera acreditar que la empresa no estaba conforme con la reducción de jornada. «Guarda toda la documentación que puedas», recuerda Benito que le indicaron. Tres meses después llegó la carta de despido, un documento que era largo y estaba «sobre el papel bastante bien justificada».. La defensa encontró entonces un elemento que podía resultar determinante. Los abogados solicitaron a la empresa que aportase unos correos electrónicos en los que se reflejaba el malestar de la compañía con que un alto directivo hubiese reducido su jornada teniendo un puesto de tanta responsabilidad.. Además, Benito relata que la empresa había retirado al trabajador el acceso a todo una semana antes del despido. Cuando llegó el juicio, la compañía sostuvo que esos correos no existían y que, por tanto, no podía aportarlos.. La situación cambió cuando el despacho presentó los mensajes de los que ya disponía. «La sorpresa viene cuando efectivamente nosotros sí teníamos esos emails, sí los aportamos», explica Benito. Después del juicio, el abogado de la empresa habló con sus clientes y regresó con una propuesta económica.. La indemnización que correspondía al trabajador por un despido improcedente rondaba los 60.000 euros, pero la compañía ofreció finalmente 300.000 euros a cambio de que Pedro no volviera nunca a trabajar en ella. El trabajador aceptó la cantidad después de la negociación.. De una indemnización de 60.000 euros a un acuerdo de 300.000. Tras ello, la empresa habría optado por elevar considerablemente la cantidad para evitar las consecuencias de una eventual victoria judicial.. Además, Pedro llevaba nueve meses despedido y tenía un salario cercano a los 200.000 euros anuales. Benito explica que, si el trabajador ganaba el juicio, la empresa podía verse obligada a readmitirlo, con el correspondiente pago de los salarios acumulados y su reincorporación al puesto.. Del acuerdo final de 300.000 euros, el trabajador recibió algo más de 250.000 euros, Hacienda se quedó con casi 50.000 y el despacho cobró 35.000 euros por el éxito del caso.
Un despido no es un procedimiento cerrado cuando la empresa presenta una carta extensa y aparentemente bien fundamentada, o por lo menos que se lo digan a Pedro.. Detrás de esa documentación pueden existir otros elementos capaces de cambiar por completo el rumbo de un conflicto laboral.. El nombre mencionado en el primer párrafo corresponde al de un alto directivo que acudió a un despacho de abogados antes incluso de ser despedido y terminó recibiendo 300.000 euros tras alcanzar un acuerdo con su antigua empresa.. El abogado laboralista Miguel Benito ha contado este caso y ha explicado la estrategia que siguieron durante el procedimiento. Pedro llevaba tres años en la empresa y, dos años después de incorporarse, solicitó una reducción de jornada.. En base a las explicaciones de Benito, la medida no sentó bien a la compañía y el trabajador empezó a prepararse ante la posibilidad de que acabaran prescindiendo de él. «Él, que es un tío bastante prudente, empezó a asesorarse con nosotros para preparar un eventual despido por si sucedía», cuenta el abogado.. La recomendación que permitió preparar la defensa antes del despido. Durante ese periodo, el despacho le dio una recomendación que terminó siendo clave: guardar toda la documentación relacionada con la situación laboral, especialmente aquella que pudiera acreditar que la empresa no estaba conforme con la reducción de jornada. «Guarda toda la documentación que puedas», recuerda Benito que le indicaron. Tres meses después llegó la carta de despido, un documento que era largo y estaba «sobre el papel bastante bien justificada».. La defensa encontró entonces un elemento que podía resultar determinante. Los abogados solicitaron a la empresa que aportase unos correos electrónicos en los que se reflejaba el malestar de la compañía con que un alto directivo hubiese reducido su jornada teniendo un puesto de tanta responsabilidad.. Además, Benito relata que la empresa había retirado al trabajador el acceso a todo una semana antes del despido. Cuando llegó el juicio, la compañía sostuvo que esos correos no existían y que, por tanto, no podía aportarlos.. La situación cambió cuando el despacho presentó los mensajes de los que ya disponía. «La sorpresa viene cuando efectivamente nosotros sí teníamos esos emails, sí los aportamos», explica Benito. Después del juicio, el abogado de la empresa habló con sus clientes y regresó con una propuesta económica.. La indemnización que correspondía al trabajador por un despido improcedente rondaba los 60.000 euros, pero la compañía ofreció finalmente 300.000 euros a cambio de que Pedro no volviera nunca a trabajar en ella. El trabajador aceptó la cantidad después de la negociación.. De una indemnización de 60.000 euros a un acuerdo de 300.000. Tras ello, la empresa habría optado por elevar considerablemente la cantidad para evitar las consecuencias de una eventual victoria judicial.. Además, Pedro llevaba nueve meses despedido y tenía un salario cercano a los 200.000 euros anuales. Benito explica que, si el trabajador ganaba el juicio, la empresa podía verse obligada a readmitirlo, con el correspondiente pago de los salarios acumulados y su reincorporación al puesto.. Del acuerdo final de 300.000 euros, el trabajador recibió algo más de 250.000 euros, Hacienda se quedó con casi 50.000 y el despacho cobró 35.000 euros por el éxito del caso.
