Roberto Rebollo, jardinero de 54 años natural de Villamuelas (Toledo); Tomás García, 23 años, montador de escenarios y nacido en Colombia; Raquel Ocaña, 60 años, de Pastrana (Guadalajara)… No se conocían entre sí, ni tienen nada en común salvo que ahora están muertos. Los tres han fallecido este año en un “accidente laboral” en Madrid. Otras 42 personas murieron también en la región entre los meses de enero y julio. Y, como en la mayoría de los casos denunciados por los sindicatos, la mayor parte de ellas trabajaban para empresas cuyos servicios eran contratados por otras empresas y organismos, es decir, en subcontratas.. Seguir leyendo
Roberto Rebollo, jardinero de 54 años natural de Villamuelas (Toledo); Tomás García, 23 años, montador de escenarios y nacido en Colombia; Raquel Ocaña, 60 años, de Pastrana (Guadalajara)… No se conocían entre sí, ni tienen nada en común salvo que ahora están muertos. Los tres han fallecido este año en un “accidente laboral” en Madrid. Otras 42 personas murieron también en la región entre los meses de enero y julio. Y, como en la mayoría de los casos denunciados por los sindicatos, la mayor parte de ellas trabajaban para empresas cuyos servicios eran contratados por otras empresas y organismos, es decir, en subcontratas.
“La siniestralidad laboral está íntimamente ligada a las cadenas de subcontratación”, subraya Carlos Giménez, el responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CC OO) en Madrid. “La subcontratación debilita las medidas de seguridad, las licitaciones o concursos públicos tiran cada vez más a la baja y las empresas cuentan con personal cada vez más barato y menos cualificado o envejecido, por lo que la cadena siempre se acaba rompiendo en el eslabón más débil”, argumenta.
Este pasado lunes perdía la vida Roberto Rebollo, que formaba parte del personal de Conservación del Ayuntamiento de Madrid a través de la empresa de Servicios Medioambientales Valoriza. Rebollo trabajaba con su vehículo de buena mañana en el madrileño parque de Enrique Tierno Galván, al sureste de la capital, cuando de manera repentina su dumper, una suerte de pequeño tractor, volcó y le cayó encima, provocándole un politraumatismo y, posteriormente, la muerte.
Los sanitarios del SUMMA 112 le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 40 minutos sin éxito y solo pudieron confirmar su fallecimiento. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.
“Al hombre le dio un infarto”, responden en un primer momento fuentes del ayuntamiento madrileño, mientras recaban la “versión oficial”: “Cuando se tuvo conocimiento del fallecimiento del operario, se activó el Protocolo para la comunicación a la Comisión de Seguimiento del Convenio de Seguridad y Salud de los accidentes e incidentes graves acaecidos en las obras del Ayuntamiento de Madrid”, añaden posteriormente por escrito. “Por parte del Ayuntamiento, se ha requerido el informe a la empresa, Valoriza, y una vez que se reciba, se convocará al comité de seguimiento”, concluyen. Pero no aclaran qué responsabilidad tiene y asume el consistorio madrileño respecto al accidente y la muerte del trabajador.
Por su parte, Valoriza, la empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Madrid para esas funciones, que se anuncia en Internet como líder en el sector de jardinería y recogida de residuos con 774 millones de cifra de negocio y 14.000 empleados, no responde a las llamadas en el único teléfono de contacto que aparece en su página web.
Mientras, en Villamuelas (600 habitantes), a las 11.00 de la mañana del pasado miércoles, recibía sepultura Roberto Rebollo, que vivía con sus padres “ya muy mayores” y que tenía un hermano en el mismo municipio toledano, donde la familia era muy conocida.
“Aquí somos todos familia o amigos”, decía una portavoz del ayuntamiento, que conocía a Roberto de la peña del pueblo. ”Él estaba perfectamente de salud, estuvimos juntos el sábado, no tenía ninguna enfermedad de nada, ha muerto a causa del accidente, pese a que llevaba años en ese empleo, usando ese vehículo y otros parecidos e incluso trabajando en ese mismo parque», contaba.
En la comunidad de Madrid, como en el resto de España, las muertes en el trabajo se concentran en el sector de la construcción (12 fallecidos entre enero y julio) y en el sector servicios (14 entre enero y julio), teniendo en cuenta que en la región son solo 200.000 las personas que trabajan en la construcción frente a los tres millones de trabajadores que copan los servicios. Este año, además, se ha producido un incremento llamativo, de casi el doble, en las muertes in itinere, de camino al trabajo, pasando de siete accidentes mortales en 2025 a 13 en lo que va de año.
El joven colombiano Tomás García viajó a principios de agosto desde Alcoy (Valencia), donde vivía con su abuela, junto a sus compañeros de la empresa BabaluGroup Producciones S. L. para montar un escenario en las fiestas de El Escorial de Madrid. Llevaba aproximadamente un año trabajando en esa empresa valenciana, donde “empezó como carretillero”, cuenta su tío Cristian Muñoz, residente en Barcelona, y que salió corriendo para subirse a un AVE con destino Madrid el pasado 10 de agosto, cuando le llamaron para decirle que su sobrino se había precipitado desde diez metros de altura mientras montaba un escenario para un concierto en un pueblo al norte de la capital.
“No llevaba línea de vida ni nada de nada, me contaron sus compañeros”, recuerda, tras pasar el trago de avisar a su hermana, en Colombia, para que viniera a enterrar a su hijo a España. “Tomás llegó vivo al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde me lo encontré, pero las lesiones eran tan graves que no aguantó”, relata su tío, que clama justicia. “Su jefe solo apareció un momento en el velorio, lloró y se fue, nunca más se supo, no se hizo cargo de nada, todo lo pagué yo, no ha vuelto a llamar, ni tan siquiera para darle el pésame a sus padres”. Ahora el caso está en manos de su abogado. EL PAÍS llamó al teléfono de la empresa sin obtener respuesta.
En el caso de Raquel Ocaña, que llevaba casi 20 años como encargada de embalaje en la empresa TECNAC de Loeches (Madrid), una empresa que ofrece componentes de refrigeración a otras, la mujer murió aplastada por un palet de 315 kilos de peso el pasado 13 de marzo. Ayudaba manualmente a introducirlo en el interior de un camión mientras era elevado por una carretilla. Se le vino encima, según explicaron los testigos presentes en el momento del accidente.
Por parte de TECNAC, adujeron que no les interesaba participar en este reportaje: “Bastante hemos sufrido ya y bastante ha sufrido la familia”, contestó uno de sus responsables por escrito a las preguntas de este periódico. Según pudo conocer EL PAÍS por fuentes ligadas al caso, la Inspección de Trabajo consideró que la formación preventiva de Raquel Ocaña no era “ni adecuada ni suficiente”, como tampoco lo era la que había recibido el empleado que manejaba la carretilla.
Una manifestación posterior, en la plaza de Loeches, convocada por los sindicatos tras el fallecimiento de la mujer, recordaba el grave problema de la siniestralidad laboral en la región.
La ley de subcontratación, que permite hasta cuatro niveles de subcontratación, hace que las contratas principales eludan sus responsabilidades en cuanto a gestión y coordinación de actividades empresariales referentes a la prevención de riesgos, dificultando el control de estas», señala Juan Carlos García, secretario regional del sector de la Construcción en CC OO. “Convierten la prevención de riesgos en un intercambio de documentación entre las empresas subcontratadas y las contratas, sin que este control llegue a ser efectivo y real en los tajos”, advierte.
La personación de los sindicatos se convierte así en una garantía para el trabajador en el momento en que se produce un accidente laboral. Más aún si es mortal, como por ejemplo el ocurrido el pasado 7 de septiembre de 2025 con el derrumbamiento del edificio en fase de rehabilitación en la calle Hileras 4 de Madrid. Cuatro personas murieron atrapadas en los escombros y, aunque el caso está judicializado, la Inspección ya inició el expediente administrativo sancionador correspondiente “por falta de medidas de seguridad, con propuesta de recargo de prestaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) derivadas del accidente”.
