Tal y como explican los expertos, el mercado del alquiler en España está mostrando señales de cambio, pero, ¿acaso es una buena noticia esta cuestión? Tras años de subidas continuas, durante el último mes se ha observado una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios. Aunque la tendencia al alza continúa, los incrementos parecen estar llegando a un nivel de incremento más moderado con motivo de la subidas tan elevadas que se registraron en el pasado curso y que vienen siendo la consecuencia de años anteriores.. Por su parte, el año 2025 cerró con un aumento interanual del 5,8% en los precios del alquiler, una cifra que refleja que, aunque más lenta, la escalada de precios sigue afectando a los bolsillos de los inquilinos. Según el Índice Inmobiliario de Fotocasa, en enero de 2026 el precio del alquiler creció un 5,3% interanual, la subida más baja en los últimos 21 meses, y situó el precio medio en 14,38 euros por metro cuadrado al mes. En comparación con diciembre, el incremento mensual fue de apenas 0,7%, lo que indica una desaceleración progresiva, aunque todavía lejos de aliviar la presión sobre las familias.. Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario y experto en vivienda, explica que esta desaceleración no se debe a un equilibrio entre oferta y demanda, sino a que muchos ciudadanos no pueden asumir subidas más abruptas. Las rentas han alcanzado niveles que superan el poder adquisitivo de amplios sectores de la población, y esta tensión refleja el problema humano detrás de los números como son las familias que renuncian a otras necesidades básicas para poder pagar su vivienda. En este contexto, el Gobierno ha anunciado varias veces su intención de intervenir, aunque sus medidas todavía generan incertidumbre, la última de las propuestas incide en penalizar a los caseros que continúen subiendo los precios. Reducción de las bonificaciones fiscales a propietarios. Frente a esta situación, surge la pregunta sobre qué penalizaciones prepara el Gobierno para los propietarios que suban los alquileres. Entre las medidas que se estudian, se plantea reducir la bonificación fiscal del 50% en el IRPF para aquellos arrendadores que incrementen la renta de su vivienda. La intención es desincentivar subidas excesivas y garantizar que los contratos de alquiler mantengan precios más estables, protegiendo así a las familias frente a incrementos inesperados.. Desde el Ejecutivo se aclara que estas penalizaciones no eliminarían del todo el beneficio fiscal. Los propietarios que mantengan o incluso reduzcan el precio de su alquiler podrían conservar ventajas de hasta el 100%, mientras que quienes aumenten la renta verían reducida la bonificación, que actualmente permite tributar solo por la mitad del rendimiento neto. Se busca con ello un equilibrio que premie la estabilidad y desaliente prácticas que aumenten la presión sobre los inquilinos.. Requieren una aprobación legislativa: de momento es una propuesta. Estas medidas todavía están en fase de estudio y requieren aprobación legislativa. Para su tramitación, primero deberían ser aprobadas mediante un real decreto‑ley en el Consejo de Ministros y luego ratificadas en el Congreso de los Diputados. Por ende, la medida necesita del apoyo de los socios parlamentarios del Gobierno, ya que algunos consideran que los incentivos fiscales podrían no ser suficientes y proponen alternativas adicionales, como prórrogas automáticas de los contratos para proteger a quienes ya se encuentran en viviendas de alquiler.. El objetivo del Gobierno es claro: contener el aumento de los precios del alquiler y aliviar la carga sobre las familias, mientras se incentiva a los propietarios a mantener la estabilidad de las rentas. La combinación de incentivos y penalizaciones busca un mercado más justo, donde los ciudadanos no tengan que sacrificar otras necesidades para pagar su vivienda. El éxito de estas medidas dependerá tanto de su implementación efectiva como de la respuesta de los propietarios, pero para millones de inquilinos podría significar un alivio tangible en su día a día.
Tal y como explican los expertos, el mercado del alquiler en España está mostrando señales de cambio, pero, ¿acaso es una buena noticia esta cuestión? Tras años de subidas continuas, durante el último mes se ha observado una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios. Aunque la tendencia al alza continúa, los incrementos parecen estar llegando a un nivel de incremento más moderado con motivo de la subidas tan elevadas que se registraron en el pasado curso y que vienen siendo la consecuencia de años anteriores.. Por su parte, el año 2025 cerró con un aumento interanual del 5,8% en los precios del alquiler, una cifra que refleja que, aunque más lenta, la escalada de precios sigue afectando a los bolsillos de los inquilinos. Según el Índice Inmobiliario de Fotocasa, en enero de 2026 el precio del alquiler creció un 5,3% interanual, la subida más baja en los últimos 21 meses, y situó el precio medio en 14,38 euros por metro cuadrado al mes. En comparación con diciembre, el incremento mensual fue de apenas 0,7%, lo que indica una desaceleración progresiva, aunque todavía lejos de aliviar la presión sobre las familias.. Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario y experto en vivienda, explica que esta desaceleración no se debe a un equilibrio entre oferta y demanda, sino a que muchos ciudadanos no pueden asumir subidas más abruptas. Las rentas han alcanzado niveles que superan el poder adquisitivo de amplios sectores de la población, y esta tensión refleja el problema humano detrás de los números como son las familias que renuncian a otras necesidades básicas para poder pagar su vivienda. En este contexto, el Gobierno ha anunciado varias veces su intención de intervenir, aunque sus medidas todavía generan incertidumbre, la última de las propuestas incide en penalizar a los caseros que continúen subiendo los precios. Reducción de las bonificaciones fiscales a propietarios. Frente a esta situación, surge la pregunta sobre qué penalizaciones prepara el Gobierno para los propietarios que suban los alquileres. Entre las medidas que se estudian, se plantea reducir la bonificación fiscal del 50% en el IRPF para aquellos arrendadores que incrementen la renta de su vivienda. La intención es desincentivar subidas excesivas y garantizar que los contratos de alquiler mantengan precios más estables, protegiendo así a las familias frente a incrementos inesperados.. Desde el Ejecutivo se aclara que estas penalizaciones no eliminarían del todo el beneficio fiscal. Los propietarios que mantengan o incluso reduzcan el precio de su alquiler podrían conservar ventajas de hasta el 100%, mientras que quienes aumenten la renta verían reducida la bonificación, que actualmente permite tributar solo por la mitad del rendimiento neto. Se busca con ello un equilibrio que premie la estabilidad y desaliente prácticas que aumenten la presión sobre los inquilinos.. Requieren una aprobación legislativa: de momento es una propuesta. Estas medidas todavía están en fase de estudio y requieren aprobación legislativa. Para su tramitación, primero deberían ser aprobadas mediante un real decreto‑ley en el Consejo de Ministros y luego ratificadas en el Congreso de los Diputados. Por ende, la medida necesita del apoyo de los socios parlamentarios del Gobierno, ya que algunos consideran que los incentivos fiscales podrían no ser suficientes y proponen alternativas adicionales, como prórrogas automáticas de los contratos para proteger a quienes ya se encuentran en viviendas de alquiler.. El objetivo del Gobierno es claro: contener el aumento de los precios del alquiler y aliviar la carga sobre las familias, mientras se incentiva a los propietarios a mantener la estabilidad de las rentas. La combinación de incentivos y penalizaciones busca un mercado más justo, donde los ciudadanos no tengan que sacrificar otras necesidades para pagar su vivienda. El éxito de estas medidas dependerá tanto de su implementación efectiva como de la respuesta de los propietarios, pero para millones de inquilinos podría significar un alivio tangible en su día a día.
