Un grupo de 85 países miembros de la ONU publicaron el martes un comunicado conjunto en el que condenan la reciente campaña de Israel para expandir su “presencia ilegal” en Cisjordania, exigen su reversión “inmediata” y rechazan “cualquier forma de anexión” del territorio palestino ocupado. La iniciativa, a la que se han sumado la Unión Europea y la Liga Árabe, defiende la creación de un Estado palestino como el único camino hacia la paz. Cisjordania, donde viven unos tres millones de palestinos, es uno de los tres territorios —junto con la Franja de Gaza y Jerusalén Este— donde, según el derecho internacional, debe establecerse una Palestina independiente.. Seguir leyendo
Un grupo de 85 países miembros de la ONU publicaron el martes un comunicado conjunto en el que condenan la reciente campaña de Israel para expandir su “presencia ilegal” en Cisjordania, exigen su reversión “inmediata” y rechazan “cualquier forma de anexión” del territorio palestino ocupado. La iniciativa, a la que se han sumado la Unión Europea y la Liga Árabe, defiende la creación de un Estado palestino como el único camino hacia la paz, justo cuando el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu ha pisado el acelerador en su plan de anexionarse Cisjordania. Este es uno de los tres territorios —junto con la Franja de Gaza y Jerusalén Este— donde, según el derecho internacional, debe establecerse una Palestina independiente.
“Condenamos tajantemente las medidas que Israel ha tomado de manera unilateral”, dice la nota, que señala el incumplimiento por parte del Gobierno israelí de las “obligaciones” recogidas por la legislación internacional. Entre los firmantes están España, Francia o Alemania, además de China y Rusia. “Reiteramos nuestro rechazo a todas las medidas que buscan alterar la composición demográfica, la naturaleza y el estatus del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluyendo Jerusalén Este”, prosigue el texto.
La alerta lanzada por estos gobiernos, algunos de los cuales son cercanos a Israel —como Alemania, Reino Unido, Egipto o Jordania—, es una respuesta a la sucesión de proyectos —expansión de asentamientos israelíes, restricción de movimientos a la población palestina, atribución de competencias ajenas— que suponen de facto una anexión progresiva de Cisjordania, según sostienen grupos pacifistas y de derechos humanos.
El esfuerzo para ampliar las prerrogativas de Israel sobre tierra palestina se produce a pocos meses de las elecciones del próximo octubre, las primeras que afrontará Netanyahu desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y desde el inicio del conflicto en Gaza. Netanyahu buscará una reelección como la que logró en 2022, cuando se unió a formaciones ultranacionalistas que estos días se ufanan de estar “matando la idea de un Estado Palestino”.
El último golpe contra la soberanía palestina llegó el pasado domingo. El Gobierno israelí aprobó una medida para empezar a registrar tierras en algunas partes de Cisjordania, lo que equivale a declarar su propiedad permanente. El movimiento pasa por encima de la resolución de un tribunal militar, que en 1968 —un año después de que Israel ocupara el territorio en el marco de la Guerra de los Seis Días— congeló el registro al considerar que el derecho internacional impide a Israel llevar a cabo ese proceso sobre territorios ocupados.
La decisión conlleva transferir la gestión de tierras desde el ejército israelí, que en teoría ocupa la zona de manera temporal, al Gobierno, lo que muchos expertos consideran un ejercicio de anexión. El proceso, al que el Ejecutivo ha aportado un presupuesto inicial de más de 60 millones de euros, pretende registrar a nombre de Israel al menos el 15% de la zona C de Cisjordania en cinco años. En esa zona C, que comprende el 60% del enclave palestino, es donde reside la mayoría de los tres millones de colonos israelíes, después de que los Acuerdos de Oslo de los años noventa adjudicaran a Israel, de manera temporal, el control de la zona en asuntos civiles y de seguridad.
La semana anterior, el gabinete de Seguridad de Israel —un foro jerárquicamente inferior al Gobierno— había aprobado medidas que trasladan la batalla israelí por el control de Cisjordania al otro 40% del territorio, donde aquel tratado otorgó potestades administrativas a la Autoridad Nacional de Palestina (ANP). El gabinete aprobó medidas que facilitan la compra de tierras de manera directa por parte de los colonos israelíes —una demanda histórica de ese colectivo— y extendió la jurisdicción de Israel en conceptos vagos, como los delitos del agua o los riesgos ambientales.
Muchos analistas temen que esa norma sirva de pretexto para que las autoridades israelíes extiendan las demoliciones de estructuras palestinas a zonas supuestamente controladas por la ANP.
“Desposesión”
António Guterres, secretario general de la ONU, alertó el lunes de que las últimas decisiones israelíes pueden llevar “a la desposesión” de los palestinos de su territorio y a la “expansión” del control israelí sobre Cisjordania. El portugués señaló el incumplimiento por parte de de Israel de la opinión consultiva que el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU emitió en 2024, cuando exigió el fin de una ocupación militar que equiparó “a la anexión permanente”.
El comunicado de los 85 países remarca su rechazo al avance israelí en la zona renovando su “compromiso” con ese dictamen y con otros tratados, resoluciones y declaraciones históricas que coinciden en señalar la existencia de dos Estados —uno israelí y otro palestino— como la única solución para abrazar la paz estable en Oriente Próximo.
La más reciente es la Declaración de Nueva York. Surgida de la Asamblea General de la ONU en agosto de 2025, señala “la presencia ilegal israelí” en la zona como un “impedimento” para “el derecho a la libre determinación” del pueblo palestino. Otro hito político mencionado en el comunicado es la Iniciativa de Paz Árabe de 2002, que sellaba las relaciones amistosas entre 57 países árabes e islámicos e Israel si el Gobierno israelí levantaba la ocupación y favorecía la creación del Estado palestino.
La carta difundida esta semana lleva la firma de países cercanos a Estados Unidos y a la Administración de Donald Trump, como Pakistán, Turquía, Arabia Saudí, el Reino Unido o Australia. Pero carece del apoyo de la Casa Blanca, pese a que el pasado noviembre Washington se posicionó en contra de la anexión de Cisjordania y aseguró que “no sucederá”.
