El exgerente de la empresa pública Imelsa de la Diputación de Valencia y autodenominado “yonqui del dinero”, Marcos Benavent, ha afirmado este lunes que no ratifica sus declaraciones en la instrucción porque no estaba en sus “mejores condiciones”, pues “la gran mayoría de veces” iba “perjudicado físicamente” y estaba “fumado”, ya que entonces fumaba marihuana.. Seguir leyendo
El exgerente de la empresa pública Imelsa de la Diputación de Valencia y autodenominado “yonqui del dinero”, Marcos Benavent, ha afirmado este lunes que no ratifica sus declaraciones en la instrucción porque no estaba en sus “mejores condiciones”, pues “la gran mayoría de veces” iba “perjudicado físicamente” y estaba “fumado”, ya que entonces fumaba marihuana.
Benavent ha declarado este lunes en el juicio por el supuesto amaño de contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València entre 2003 y 2008 a cambio de comisiones ilícitas, dentro de la pieza E del caso Imelsa que implica a varias instituciones gobernadas por el PP en la primera década del siglo XXI, como la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat. También hay tres empresarios acusados en la causa, Carlos Turró, Carlos Vicent y Enrique Aleixandre.
El exgerente de Imelsa ha afirmado que no se ratifica en las declaraciones que hizo ante la Guardia Civil y ante el juzgado, porque en muchas de ellas no estaba en sus “mejores condiciones físicas, ni mentales ni emocionales” por haber fumado marihuana y muchas cosas de las que dijo “no eran ciertas”. Tampoco las grabaciones que él mismo presentó.
En aquellas declaraciones de 2015 dijo: “Quiero pedir perdón públicamente. Lo siento mucho. Asumiré lo que tenga que asumir, la culpa que sea y la cárcel. E intentaré reponer todo lo que me he llevado. Las grabaciones son verdad y va a salir mierda a punta pala”. Hasta 12 piezas separadas surgieron más o menos directamente de la macrocausa del caso Taula,también conocido como el caso Imelsa.
Este lunes, sin embargo, ha rectificado, como lleva haciendo desde hace cinco años: “La estrategia de mi defensa anterior era salpicar a todo el mundo, salpicar al PP en todo lo posible, meter a todo el mundo que pudiera ser en todo el proceso”, ha apostillado. Respecto a su trabajo en la fundación, el investigado se ha referido a “reuniones, preparación de expedientes y viajes”, entre otros.
Benavent, que solo ha respondido a su abogado, ha insistido, a la salida del juicio en declaraciones a los medios de comunicación, en que “a todas las declaraciones” y “todos los días” iba “fumado”, porque entonces “fumaba mucha marihuana”, y ha añadido: “Es lo que hay”.
En el juicio únicamente ha contestado a una pregunta de la jueza sobre las grabaciones que hizo, de las que ha señalado que las manipulaba él personalmente, porque había cosas que no quería que se supieran y entonces “cortaba y pegaba”, y su anterior estrategia procesal era “implicar a todo el mundo” y “salpicar al PP en todo lo posible”.
Benavent ha explicado que las grabaciones las hizo con un teléfono móvil y con cintas de magnetófono pequeñas que luego pasaba a un disco duro externo que se quedó en su casa, porque el divorcio con su mujer fue “complicado” y su suegro no le dejó entrar a recoger sus pertenencias.
Ha asegurado que “claro que trabajaba” en la Fundación Jaume II El Just y ha relatado que le contrató el entonces consejero de Cultura Esteban González Pons, para que fuera su “enlace, su persona de confianza” en la Fundación Jaume II El Just de 2003 a 2007, época en la que el president de la Generalitat anunció el traslado del claustrillo de La Valldigna, un expediente “muy complicado” en el que se tardó cuatro años.
Benavent ha asegurado que trabajaba en las dependencias del gabinete del consejero González Pons, pero como la sede de la fundación estaba cerca, en el edificio conocido como La Mezquita, muchas veces estuvo allí, y ha indicado que su trabajo “era intenso”.
Ha negado que entregara dinero a la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de València María José Alcón, fallecida en 2018, o que influyera en las mesas de contrataciones, o que recibiera algo por las adjudicaciones de concursos públicas o tuviera algo que ver con ellas.
Respecto a Alcón, ha indicado que “no estaba bien psicológicamente” y que su marido, el gerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos, le pidió “como favor” que “la calmara” para que entrara en razón, porque su situación matrimonial y familiar “no era muy buena”, y era una situación “bastante incómoda”. “Yo contaba muchas mentiras”, ha insistido Benavent.
Benavent se enfrenta en esta pieza a seis años y medio de prisión por los delitos de cohecho -como cooperador-, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Junto a la pena de cárcel, el ministerio público le reclama el pago de una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años.
Por lo que respecta a los tres empresarios, para los que la Fiscalía pide 3 años de prisión y 29.000 euros de multa a cada uno, han negado que hubiera irregularidades en las adjudicaciones públicas que recibieron y han afirmado que no conocían a Benavent antes de recibir adjudicaciones para la limpieza de las Torres de Quart, la Lonja o sobre la Mostra de València.
Carlos Turró, expresidente de Cleop, ha afirmado que no tenía “funciones ejecutivas”, no intervino en el proceso del contrato sobre las Torres de Quart y “rotundamente no” pagó a nadie por la adjudicación.
Carlos Vicent, que era gerente de la empresa a la que se adjudicó la limpieza de la Lonja, ha indicado que a Benavent lo conoció en las visitas institucionales del Ayuntamiento para ver las obras y se presentó como “un asesor cultural”.
Enrique Aleixandre ha indicado que su empresa se presentó a los contratos de la Mostra de 2002 a 2008 y ganaron todos menos el último, y ha afirmado que no tenía “ninguna relación” con Benavent, quien le llamó para felicitarles por la adjudicación del contrato y “le sorprendió muchísimo” porque no sabía qué tenía que ver.
