Los días de esperanza e ilusión que están viviendo cientos de miles de migrantes sin documentos en España ante la regularización extraordinaria puesta en marcha tienen la otra cara de la moneda en dos grupos, los apátridas y algunos de los menores extranjeros no acompañados, que se quedan fuera del proceso. Los primeros habían sido incluidos en los borradores del decreto que fueron trascendiendo en días pasados, pero el Ministerio de Interior solicitó su exclusión y el Consejo de Estado le dio la razón en el informe jurídico que ocasionó los últimos cambios en el texto legal. El segundo grupo se trata de cerca de 2.500 muchachos que llegaron solos a España con un pasaporte que indicaba que eran menores, pero han sido sometido a pruebas biométricas -o se han negado a pasarlas- y la Fiscalía ha determinado que son mayores. Ahora tienen dos documentos legales que se contradicen, razón por la que no están tutelados como menores ni pueden acceder a la regularización como mayores, un limbo que desprotege a estos muchachos y les priva de casi todo. Algunos están en situación de calle por esa razón.. Seguir leyendo
Los días de esperanza e ilusión que están viviendo cientos de miles de migrantes sin documentos en España ante la regularización extraordinaria puesta en marcha tienen la otra cara de la moneda en dos grupos, los apátridas y algunos de los menores extranjeros no acompañados, que se quedan fuera del proceso. Los primeros habían sido incluidos en los borradores del decreto que fueron trascendiendo en días pasados, pero el Ministerio de Interior solicitó su exclusión y el Consejo de Estado le dio la razón en el informe jurídico que ocasionó los últimos cambios en el texto legal. El segundo grupo se trata de cerca de 2.500 muchachos que llegaron solos a España con un pasaporte que indicaba que eran menores, pero han sido sometido a pruebas biométricas -o se han negado a pasarlas- y la Fiscalía ha determinado que son mayores. Ahora tienen dos documentos legales que se contradicen, razón por la que no están tutelados como menores ni pueden acceder a la regularización como mayores, un limbo que desprotege a estos muchachos y les priva de casi todo. Algunos están en situación de calle por esa razón.
El año pasado, casi 3.600 personas solicitaron protección en España por apatridia, esto es, cuando ningún país quiere concederles la nacionalidad. Y se resolvieron favorablemente, en contra o se archivaron 2.242. La memoria de 2024 habla de 2.071 solicitudes y 854 casos gestionados. Interior dice que no dispone por ahora del acumulado de expedientes de unos y otros años. Pero serán unos miles. ¿Por qué el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska no quería incluir en la regularización a estas personas? España cuenta con un procedimiento específico para el reconocimiento del estatuto de apátrida que se tramita a través de la dirección general de Protección Internacional, dicen fuentes del ministerio. Y añaden que estas personas sin país legal ya disponen de una protección específica y tienen derecho a residencia y a desarrollar actividades laborales y mercantiles.
La casuística de los apátridas es diversa, algunos hasta disponen de un pasaporte caducado que ya no sirve en sus antiguas naciones, pero sí sería aceptado en esta regularización. Otra cosa es que puedan solicitar a esos países sus antecedentes penales, y esa es la razón que, presume el abogado Arsenio G. Cores, por la que quizá les hayan sacado del decreto de la regularización. “Imagino que no saben dónde pedir esos documentos”, aventura G. Cores, fundador de Demos, estudio legal de Derechos Humanos. Pero si alguien tuviera las posibilidades de solicitar su arraigo, quedaría en circunstancias parecidas a quienes han solicitado protección internacional: al obtener su permiso de residencia y trabajo perderían su condición de apátridas, que ya tiene ciertas ventajas respecto a un migrante regularizado, algo que no es legal, explica G. Cores.
El caso de los menores no acompañados es más peliagudo porque su situación es la de un limbo legal que no les permite hacer prácticamente nada en una sociedad como la actual, donde estos muchachos necesitan autorización de un tutor para múltiples actividades de la vida, como pertenecer a un club de fútbol, matricularse en un instituto, viajar, alquilar una habitación… El senegalés Mame es uno de esos chicos cuyo pasaporte pone 17 años pero que ha ido dando tumbos por España hasta ser expulsado del centro de menores donde estaba tutelado en Asturias una vez que la Fiscalía determinó que era mayor de edad. Está refugiado en casa de un amigo en una situación más que precaria, según cuenta al teléfono Luisa Pérez, voluntaria de Asturias Acoge, que sigue su caso de cerca. La memoria de la Fiscalía indica que en 2024 se tramitaron 7.562 expedientes de estos muchachos y se concluyó que 2.457 alcanzaban o superaban la mayoría de edad.
“Están en el limbo más absoluto. Si enferman y necesitan una operación no tienen un tutor que la autorice, y lo necesitan porque su pasaporte dice que son menores”, explica Lourdes Reyzabal, presidenta de la fundación Raíces, que tienen cerca de 90 chicos en esta situación, por lo que han alzado la voz para que el Gobierno prohíba someterlos a las pruebas físicas de determinación de edad, muy penalizadas en los organismos internacionales. “Raíces ha ganado más de 20 casos en sentencias del Supremo, porque los chicos tenían su pasaporte auténtico en el que se demostraba la minoría de edad. En Naciones Unidas también hemos conseguido 14 dictámenes favorables que han condenado al Estado Español por esas prácticas y seguimos esperando que desempolven un proyecto de ley en el que se avanza un poco en este asunto pero que sigue permitiendo hacer esas pruebas cuando hay pasaporte”, pide Reyzabal.
Estos muchachos están en una situación precaria por completo. De haber tenido padres o tutores en España habrían entrado en la regularización como parte de la familia, pero no tienen nada. Si los expulsan de los centros por el papel de la Fiscalía que dice que son mayores de edad pueden acabar en la calle sin que nadie les alquile una habitación porque el pasaporte dice que son menores. Más que un limbo, un peculiar infierno. El día que Mame cumpla los 18 años en su pasaporte, su mayoría de edad le permitirá, eso sí, tratar de regularizar su situación en España mediante un procedimiento de arraigo ordinario, demostrando su estancia de dos años en el país.
De las más de 3.000 personas que solicitaron la protección por apatridia el año pasado, 1.472 solicitudes fueron de personas saharauis. Ellos no pueden compatibilizar esta solicitud con la de regularización, a diferencia de los solicitantes de protección internacional de asilo. Este es el caso de Mohamed Salem Dadi que llegó a Olot (Cataluña) el pasado diciembre y se encuentra a la espera de que la administración regularice su situación. “Antes de llegar, nuestros conocidos que ya han pasado por este proceso nos mentalizan para que tengamos paciencia, porque algunos compañeros han llegado a esperar tres años hasta poder tener papeles”, cuenta Salem Dadi en una videollamada.
Mientras espera, el hombre de 43 años no tiene permitido trabajar y lo único que puede hacer es encontrar trabajos irregulares. “¿Pero en qué condiciones?“, se pregunta, y añade: ”Vivo con hambre, lo mas duro es no estar seguro de que España aceptará mi solicitud algún día». “¿Cómo puede el Gobierno español ignorar al pueblo saharaui y favorecer a las personas que tienen país y derecho a vivir en su tierra discriminando de manera deliberada a las personas que no tienen nada más?“, se pregunta Dadi. ”¿A nosotros si nos rechazan a dónde nos envían?“, zanja.
Las personas solicitantes de apatridia que aún esperan una resolución sobre su situación se enfrentan a un dilema. “¿Qué hacen?“se pregunta Asier Garría, responsable jurídico del Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Euskadi. ”Siguen en el proceso de apatridia cuyas condiciones si lo consiguen son muy buenas, pero es un proceso largo en el que están indocumentados y no pueden trabajar, solo cuentan con alguna ayuda económica. O renuncian a todo esto, piden la regularización, que es una solicitud más corta, pero con condiciones menos atractivas”, sostiene Garría.
Brahim Hadi, saharaui de 26 años, ya no tiene que hacerse esa pregunta porque obtuvo sus papeles hace un mes, pero algunos de sus compañeros todavía no han recibido respuesta a su solicitud de apatridia. Hadi vive en una caravana en Ibiza con ellos, él es el único que ha conseguido que la administración apruebe su solicitud tras más de un año esperando. Antes de tomar la decisión de venir a España, estuvo mucho tiempo pensándolo porque sabía que el camino hasta conseguirlos no iba a ser fácil y tendría que hacer muchos sacrificios. “Mi hermano murió en uno de los campamentos de refugiados saharaui mientras mi situación migratoria no era regular y no pude ir a despedirme, ni ver a mi familia”, cuenta emocionado.
Durante ese año de espera lo pasó muy mal: “Venimos creyendo que nos espera otra cosa, otra vida, pero cuando llegas tienes que esperar durante mucho tiempo una la respuesta y mientras no puedes trabajar”. Lo único que pudo encontrar fueron trabajos en negro, en la obra o en el campo, por muy poco dinero. “No tienes nada y tu familia está esperando a que la ayudes”, explica Hadi. Mientras la resolución de una solicitud de apatridia puede demorarse hasta dos años, el Gobierno se ha fijado un plazo de tres meses para tramitar las peticiones de la regularización extraordinaria. Fuera de ella quedan los que no tienen a dónde regresar.
