El ritmo de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) «ha perdido la ambición transformadora y ha llevado la aplicación de los fondos europeos en España al fracaso global, pese al intento de tapar la incompetencia del Gobierno y de Pedro Sánchez anunciando un fondo soberano para no tener que devolver otros 10.500 millones de euros». Así lo ha denunciado el Partido Popular, que ha registrado una batería de 134 iniciativas en el Congreso para extremar el control al Gobierno sobre la ejecución de los fondos Next Generation y la repercusión de la última adenda aprobada por el Ejecutivo. Desde el PP solicitan la comparecencia de los 22 ministros para que expliquen la ejecución en cada una de sus áreas, registrando 14 preguntas orales y 97 escritas.. Fuentes populares denuncian que el Gobierno ha renunciado al 37% de los fondos disponibles, que contabilizan 60.454 millones de euros de los 163.000 millones adjudicados. «Ha renunciado al 40,4% de los Perte que debían transformar nuestra economía, pasando de 42.480 millones a 25.314, en sectores punteros como la fabricación de chips, la industria aeroespacial, la descarbonización industrial, el agua o el sector sanitario». También lamentan la reducción de ambición del Perte del agua, en el que se reducen 1.805 millones de euros, un 51,8% menos y que se renuncie a inversiones por más de 10.000 millones que afectan a todos los sectores estratégicos: desde vivienda, sanidad, transporte, medio ambiente, digitalización, I+D, turismo, industria, formación, pymes, universidades, hasta las ayudas para la Dana y la no aprobación de 17 Leyes con reformas estructurales de gran calado, como la Ley de Industria, la Ley de Pesca, la Ley de Diversidad Familiar o las leyes sanitarias, entre otras. «España ha perdido una oportunidad para transformar nuestra economía y garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible en las próximas décadas. El Gobierno no ha sido capaz de diseñar un plan adaptado a las necesidades de la economía española, donde la burocracia, la falta de coordinación con los sectores y las comunidades, y la ausencia de una gestión eficaz ha lastrado el impacto esperado».. Y los números les dan la razón. España tendría que aumentar el ritmo de ejecución mensual del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en más de un 80%, hasta unos 2.200 millones de euros de media, para llegar al 100% de las inversiones comprometidas dentro del calendario acordado con Bruselas. Es una de las conclusiones del último informe elaborado por BBVA Research, en el que se advierte de que, aunque España ha logrado desplegar una parte muy significativa de los fondos europeos, «el ritmo reciente de ejecución se ha enfriado y no alcanza para completar las inversiones programadas».. Según el análisis de este «think tank», un mes antes del cierre del ejercicio 2025 se habían adjudicado contratos y ayudas por un importe equivalente al 75% de las transferencias previstas, cerca de 59.900 millones de euros, lo que supone alrededor del 3,6% del PIB. Pero con este ritmo, al cierre del periodo oficial de ejecución del Plan –fechado para agosto de 2026– solo se habría completado menos del 89% de las transferencias previstas, unos 70.800 millones de euros. «Incluso extendiendo la ejecución hasta diciembre de 2026, el grado de cumplimiento no superaría el 95% de las inversiones previstas», señalan.. Además, el estudio muestra las diferencias existentes entre los destinatarios de estos fondos, ya que pese a que las personas físicas y las pequeñas empresas concentran la mayoría de los más de 1.410.000 beneficiarios –las inversiones del plan han alcanzado principalmente a personas físicas (62%) y a pequeñas empresas (26%)–, estos colectivos solo concentran el 5% y el 25% de los fondos, respectivamente, mientras que las grandes empresas, pese a representar únicamente el 1,4% de los beneficiarios, absorben cerca del 30% del importe total concedido por Bruselas.. Asimismo, la mayor parte de los fondos se concentran en los programas Moves y Kit Digital, que agrupan casi al 70% del total, con 164.034 y 795.844 beneficiarios, por lo que desde el PP trasladan que «la capacidad transformadora con la que fueron ideados estos fondos no se ha logrado en España». En el caso de Moves, el 87% de los beneficiarios son personas físicas, que han recibido el 38% de los fondos del programa (466 millones de euros). En el Kit Digital, los principales destinatarios son autónomos, personas físicas y microempresas, que concentran la mayor parte tanto de las concesiones como del importe otorgado –un 58% y un 29% de las concesiones y un 42% y un 28% del importe, respectivamente–.. En cuanto a su distribución, el informe señala que los fondos del plan se están repartiendo por todo el territorio, aunque con mayor peso en las comunidades más grandes: Madrid, Cataluña y Andalucía –que representan el 51% del PIB nacional y el 49% de la población–, donde se concentra el 48% del gasto ejecutado. Sin embargo, cuando se analiza la inversión en relación con el PIB, los datos apuntan a que las comunidades con menor PIB per cápita están recibiendo una mayor participación. «Un Gobierno que ha utilizado las transferencias de fondos europeos para poder justificar sus actuaciones sin tener que aprobar los presupuestos Generales del Estado pretende ahora hacer lo mismo con el fondo de España Crece», concluyen desde el Partido Popular.
El ritmo de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) «ha perdido la ambición transformadora y ha llevado la aplicación de los fondos europeos en España al fracaso global, pese al intento de tapar la incompetencia del Gobierno y de Pedro Sánchez anunciando un fondo soberano para no tener que devolver otros 10.500 millones de euros». Así lo ha denunciado el Partido Popular, que ha registrado una batería de 134 iniciativas en el Congreso para extremar el control al Gobierno sobre la ejecución de los fondos Next Generation y la repercusión de la última adenda aprobada por el Ejecutivo. Desde el PP solicitan la comparecencia de los 22 ministros para que expliquen la ejecución en cada una de sus áreas, registrando 14 preguntas orales y 97 escritas.. Fuentes populares denuncian que el Gobierno ha renunciado al 37% de los fondos disponibles, que contabilizan 60.454 millones de euros de los 163.000 millones adjudicados. «Ha renunciado al 40,4% de los Perte que debían transformar nuestra economía, pasando de 42.480 millones a 25.314, en sectores punteros como la fabricación de chips, la industria aeroespacial, la descarbonización industrial, el agua o el sector sanitario». También lamentan la reducción de ambición del Perte del agua, en el que se reducen 1.805 millones de euros, un 51,8% menos y que se renuncie a inversiones por más de 10.000 millones que afectan a todos los sectores estratégicos: desde vivienda, sanidad, transporte, medio ambiente, digitalización, I+D, turismo, industria, formación, pymes, universidades, hasta las ayudas para la Dana y la no aprobación de 17 Leyes con reformas estructurales de gran calado, como la Ley de Industria, la Ley de Pesca, la Ley de Diversidad Familiar o las leyes sanitarias, entre otras. «España ha perdido una oportunidad para transformar nuestra economía y garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible en las próximas décadas. El Gobierno no ha sido capaz de diseñar un plan adaptado a las necesidades de la economía española, donde la burocracia, la falta de coordinación con los sectores y las comunidades, y la ausencia de una gestión eficaz ha lastrado el impacto esperado».. Y los números les dan la razón. España tendría que aumentar el ritmo de ejecución mensual del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en más de un 80%, hasta unos 2.200 millones de euros de media, para llegar al 100% de las inversiones comprometidas dentro del calendario acordado con Bruselas. Es una de las conclusiones del último informe elaborado por BBVA Research, en el que se advierte de que, aunque España ha logrado desplegar una parte muy significativa de los fondos europeos, «el ritmo reciente de ejecución se ha enfriado y no alcanza para completar las inversiones programadas».. Según el análisis de este «think tank», un mes antes del cierre del ejercicio 2025 se habían adjudicado contratos y ayudas por un importe equivalente al 75% de las transferencias previstas, cerca de 59.900 millones de euros, lo que supone alrededor del 3,6% del PIB. Pero con este ritmo, al cierre del periodo oficial de ejecución del Plan –fechado para agosto de 2026– solo se habría completado menos del 89% de las transferencias previstas, unos 70.800 millones de euros. «Incluso extendiendo la ejecución hasta diciembre de 2026, el grado de cumplimiento no superaría el 95% de las inversiones previstas», señalan.. Además, el estudio muestra las diferencias existentes entre los destinatarios de estos fondos, ya que pese a que las personas físicas y las pequeñas empresas concentran la mayoría de los más de 1.410.000 beneficiarios –las inversiones del plan han alcanzado principalmente a personas físicas (62%) y a pequeñas empresas (26%)–, estos colectivos solo concentran el 5% y el 25% de los fondos, respectivamente, mientras que las grandes empresas, pese a representar únicamente el 1,4% de los beneficiarios, absorben cerca del 30% del importe total concedido por Bruselas.. Además, la mayor parte de los fondos se concentran en los programas Moves y Kit Digital, que agrupan casi al 70% del total, con 164.034 y 795.844 beneficiarios, por lo que desde el PP trasladan que «la capacidad transformadora con la que fueron ideados estos fondos no se ha logrado en España». En el caso de Moves, el 87% de los beneficiarios son personas físicas, que han recibido el 38% de los fondos del programa (466 millones de euros). En el Kit Digital, los principales destinatarios son autónomos, personas físicas y microempresas, que concentran la mayor parte tanto de las concesiones como del importe otorgado –un 58% y un 29% de las concesiones y un 42% y un 28% del importe, respectivamente–.. En cuanto a su distribución, el informe señala que los fondos del plan se están repartiendo por todo el territorio, aunque con mayor peso en las comunidades más grandes: Madrid, Cataluña y Andalucía –que representan el 51% del PIB nacional y el 49% de la población–, donde se concentra el 48% del gasto ejecutado. Sin embargo, cuando se analiza la inversión en relación con el PIB, los datos apuntan a que las comunidades con menor PIB per cápita están recibiendo una mayor participación. «Un Gobierno que ha utilizado las transferencias de fondos europeos para poder justificar sus actuaciones sin tener que aprobar los presupuestos Generales del Estado pretende ahora hacer lo mismo con el fondo de España Crece», concluyen desde el Partido Popular.
