En los chats privados, miembros del PP han hecho circular como la pólvora las imágenes de las viviendas de Alberto González Amador puestas a la venta en Idealista y en la página web de la inmobiliaria Gilmar. Nadie entiende cómo el novio de la presidenta, objeto de investigación por el importante crecimiento de su patrimonio en los últimos años y un posible fraude fiscal por el que va a ser juzgado, ha podido ser tan “negligente” a la hora de subir las fotos de los anuncios. En ellas aparecen los vestidos y zapatos que ha usado Isabel Díaz Ayuso en grandes ocasiones, fácilmente identificables, y hasta una toalla bordada con su nombre, por si quedaba alguna duda. De una de las paredes cuelga un diploma otorgado a Amador por parte de una asociación dedicada a la exhibición de aviones históricos. “¿Se puede ser más descuidado?”, se preguntan con desconcierto en el Partido Popular. Esa perplejidad ha alcanzado incluso al núcleo duro de la presidenta, que esta vez encuentra pocos elementos de defensa a favor del empresario.. Seguir leyendo
En los chats privados, miembros del PP han hecho circular como la pólvora las imágenes de las viviendas de Alberto González Amador puestas a la venta en Idealista y en la página web de la inmobiliaria Gilmar. Nadie entiende cómo el novio de la presidenta, objeto de investigación por el importante crecimiento de su patrimonio en los últimos años y un posible fraude fiscal por el que va a ser juzgado, ha podido ser tan “negligente” a la hora de subir las fotos de los anuncios. En ellas aparecen los vestidos y zapatos que ha usado Isabel Díaz Ayuso en grandes ocasiones, fácilmente identificables, y hasta una toalla bordada con su nombre, por si quedaba alguna duda. De una de las paredes cuelga un diploma otorgado a Amador por parte de una asociación dedicada a la exhibición de aviones históricos. “¿Se puede ser más descuidado?”, se preguntan con desconcierto en el Partido Popular. Esa perplejidad ha alcanzado incluso al núcleo duro de la presidenta, que esta vez encuentra pocos elementos de defensa a favor del empresario.
Cualquiera que conozca mínimamente el sector inmobiliario sabe que las imágenes de las casas en venta no deben incluir elementos con los que sea posible reconocer a los propietarios. La privacidad es fundamental en un negocio en el que prima la discreción, sobre todo en un país tan pudoroso como España a la hora de hablar de dinero. Por eso resulta todavía más difícil entender la distracción. Si alguno de los millones de usuarios de Idealista debería haber extremado la precaución, ese era González Amador. No lo hizo.
“Es un tío muy despistado”, trata de justificarle alguien que lo conoce, que da por seguro que a Ayuso le ha molestado ver su intimidad expuesta de una manera tan absurda. El error es tan grueso que hay quien cree que Amador dejó esas pistas a propósito. Durante horas, el asunto fue la comidilla en España, pero sobre todo en Génova, donde no terminaban de entender lo que estaba ocurriendo. La dejadez de Amador, en realidad, era el menor de los problemas.
Era el segundo error procedente de Sol, la sede del Gobierno de Madrid, en poco más de 48 horas. Una anomalía en términos comunicativos para Ayuso, que con Miguel Ángel Rodríguez como asesor principal ha sorteado una crisis tras otra desde que gobierna con una facilidad pasmosa. Políticos a los que se les tenía por más astutos han caído por mucho menos. Pero esta vez hay sensación en el partido de que el fallo ha sido muy grande y que la respuesta ha sido peor aún. Todo empezó el miércoles, cuando EL PAÍS contó que el Gobierno regional había comprado en abril, a través de una empresa pública, un ático de lujo en el distrito de Chamberí, el mismo tipo de inmueble que se compró Amador después de cometer el presunto fraude fiscal de 300.000 euros por el que empezó a ser conocido.
En el ático, explicaron fuentes de la Comunidad de Madrid, iban a instalar momentáneamente el despacho de Ayuso, mientras se acababan unas obras de remodelación, que están previstas para finales de octubre o principios de noviembre. El problema es que, por normativa, en ese edificio residencial no puede haber oficinas. Al revelar este periódico todos estos detalles, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, dijo después que volverían a poner a la venta el ático, que según fuentes oficiales ha costado alrededor de seis millones de euros.
Ayuso y su entorno quedaron atrapados en ese enredo durante horas. La presidenta ofreció unas explicaciones un tanto vaporosas sobre el motivo de la compra y en su partido no la apoyaron con demasiado entusiasmo. Cuando le preguntaron al equipo de Ayuso, le restaron importancia y dijeron que estaban centrados en los incendios que han asolado Madrid, pero el argumento no convence: Ayuso, días antes, le había cedido el mando de la crisis al Gobierno central. Ni siquiera el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, alguien que no deja pasar un solo debate dialéctico, sobre todo si hay un escándalo de por medio, se ha pronunciado en X. De repente, se ha hecho el silencio.
La crisis de Ceuta, a la que llegaron de golpe 50.000 inmigrantes el jueves, se ha impuesto en la agenda y ha ido dejando en un segundo plano el asunto del ático. Sin embargo, parece ser uno de esos errores que en política son difíciles de olvidar. Nadie comprende por qué la Comunidad de Madrid se vio en la necesidad de comprar un inmueble —precisamente un ático de lujo— justo en el barrio en el que vive la presidenta. Si la intención era comprar y anunciar más tarde una residencia oficial para los presidentes madrileños, como las que tienen los de otras regiones, la jugada no ha podido salir peor.
El asunto ha abierto una brecha en el mito sobre la infalibilidad de Miguel Ángel Rodríguez, a su vez escoltado por José Luis Carreras. Rodríguez supone el primer muro de contención en la defensa de Ayuso. En las crisis todos le miran a él. No duda en poner a circular informaciones falsas o tergiversar hechos si eso protege a la presidenta. No reniega del papel de malo de la película. Por una maniobra suya, después de un gran enredo, acabó condenado y fuera de su cargo el fiscal general del Estado, algo que no había ocurrido antes en España.
En junio, este periódico reveló que Amador facturó 4,4 millones de euros entre 2021 y 2023 a Quirón, el principal contratista del Gobierno de Madrid en materia de salud. La información estaba sustentada con un informe de Hacienda. Rodríguez desmintió esa noticia pese a las evidencias y filtró a los periodistas una serie de datos sobre Quirón y Madrid que no tenían nada que ver con el tema: la táctica del calamar para enturbiar el agua. Esta vez no ha habido ningún juego de magia de Rodríguez, los hechos eran los que eran y no ha dado batalla a la hora de interpretarlos. El ABC, uno de los referentes de la prensa conservadora, publicó un editorial titulado Ayuso debe una explicación. Por ahora no la ha dado. Y eso tiene a todos confundidos. La presidenta y su entorno han protagonizado sus horas más erráticas.
