Llum Rodríguez (Rioseco, Ourense, 1961) es desde hace un mes la primera mujer al frente de Sindicatura de Comptes. Jurista y politóloga, fue elegida por unanimidad por el pleno tras la renuncia de Miquel Salazar. Tras los primeros días en el cargo, defiende la independencia del organismo al servicio del Parlament y reclama más cultura del control, más planificación y un mayor seguimiento de las recomendaciones de sus informes.. Seguir leyendo
Llum Rodríguez (Rioseco, Ourense, 1961) es desde hace un mes la primera mujer al frente de Sindicatura de Comptes. Jurista y politóloga, fue elegida por unanimidad por el pleno tras la renuncia de Miquel Salazar. Tras los primeros días en el cargo, defiende la independencia del organismo al servicio del Parlament y reclama más cultura del control, más planificación y un mayor seguimiento de las recomendaciones de sus informes.
Pregunta. ¿Es noticia que sea la primera mujer al frente de la Sindicatura?
Respuesta. No debería serlo. Las mujeres deberían llegar a los puestos de responsabilidad en las mismas condiciones que los hombres, pero desgraciadamente no es así, es evidente.
P. ¿Cuál es su objetivo como síndica mayor?
R. Preservar la independencia de la institución. El control forma parte de la transparencia y la transparencia es una herramienta básica de los sistemas democráticos.
P. ¿Reciben muchas presiones?
R. Yo no las he recibido, pero la interpretación que se ha hecho en algún caso de nuestro trabajo quizá no ha sido la más objetiva posible. Los auditores aplican normas internacionales en la elaboración de los informes, que aprueba el Pleno de la Sindicatura, y el resultado no debería verse desde una interpretación partidista.
P. ¿Cómo va a blindar esa independencia?
R. Trabajando con objetividad y rigor, sin tener en cuenta la opinión que pueda manifestarse en la prensa o en otros medios. Se ha dicho de alguno de nuestros informes que respondía a actuaciones u opiniones de algunas personas. Lógicamente no es así. Los auditores están totalmente cualificados y aplican normas internacionales de auditoría. Además, se contrasta con el ente fiscalizado el contenido del informe y se les da la posibilidad de presentar alegaciones y, como resultado de estas, es posible que se introduzcan cambios en el texto.
P. ¿Los informes son comprensibles para el ciudadano?
R. Debemos hacer que lo sean más. Son informes con mucho contenido técnico, y tenemos que facilitar su lectura. Ahora elaboramos un resumen y un documento de lectura rápida que llamamos “El informe en 2 minutos”, y en algunos trabajos, hacemos infografías y vídeos.
P. Muchas veces cuesta que los entes fiscalizados introduzcan cambios a raíz de los informes. ¿A la Sindicatura le falta capacidad sancionadora?
R. Nuestro trabajo va dirigido al Parlament, que es de quien dependemos. El Parlamento tiene unas facultades de control sobre el Ejecutivo, y la Sindicatura es una de las herramientas que tiene para efectuar ese control. La Sindicatura no tiene un retorno obligatorio de las recomendaciones, si bien puede hacer un informe de seguimiento. No creo que la solución pase por tener una capacidad sancionadora, nos basamos en el principio de confianza.
P. Pero entonces las mejoras acaban dependiendo de la voluntad del fiscalizado.
R. En el ámbito de la Generalitat, las consejerías tienen responsabilidades y entiendo que adoptan medidas para el cumplimiento de las recomendaciones. En las fiscalizaciones operativas, analizamos una política pública de manera holística, desde todos los ámbitos, y valoramos si su diseño y las actuaciones que se desarrollan responden realmente a las necesidades que pretendían cubrir. Muchas veces detectamos carencias en el diseño o en la planificación de la política pública, y otras son aspectos más técnicos o materiales, como la necesidad de disponer de los recursos humanos o técnicos necesarios. Y eso, evidentemente, también depende de la consejería.
P. ¿Cuáles son los ámbitos más vulnerables al mal uso de los recursos públicos?
R. Principalmente los de la la contratación, la gestión de personal y la concesión de subvenciones o ayudas públicas, que requiere un control a posteriori.
P. ¿El sistema actual de subvenciones es lo suficientemente robusto para evitar malos usos?
R. La ley de subvenciones es completa pero también compleja, es verdad que puede generar mucha carga administrativa. Quizá, si se simplificara un poco, ayudaría a que el control pudiera hacerse de una manera más ágil.
P. ¿El modelo público-privado les facilita o les complica el trabajo?
R. Ni lo uno ni lo otro. La colaboración público-privada es necesaria , porque no todas las administraciones, especialmente las más pequeñas, tienen capacidad para prestar todos los servicios con recursos propios. El problema no es tanto la colaboración público-privada en sí misma, sino los controles que establece la Administración.
P. ¿Faltan controles?
R. Sí. Entre otras cosas, porque los colaboradores privados, técnicamente, muchas veces son más potentes que la propia Administración.
P. ¿Qué propone?
R. Que los pliegos de condiciones sean muy bien analizados desde el ámbito público y quizá no se dé tanto por bueno, sin revisión, lo que proponen los técnicos de la parte privada. Y, sobre todo, un control posterior.
P. ¿No ocurre?
R. A menudo no hay suficientes medios, pero tampoco hay suficiente cultura del control. Una vez encargo la gestión a un tercero, parece que ya pueda desentenderme, y no. Hay que seguir controlando cómo se presta ese servicio.
P. ¿Faltan inspectores?
R. Son necesarios medios de control, como hacer un estudio previo y una buena supervisión técnica. A menudo acabamos concluyendo que los beneficios que obtiene el adjudicatario son excesivos respecto al mercado, y eso puede ser consecuencia de que se hayan aceptado unos precios iniciales que ya estaban por encima del valor de mercado porque no se había hecho un análisis lo suficientemente riguroso.
P. ¿Cuál es el grado de cultura de la buena administración en Cataluña?
R. En los países nórdicos existe una cultura más arraigada del cumplimiento. En el ámbito mediterráneo esa cultura es diferente y, evidentemente, la Administración catalana forma parte de ese contexto. Ahora bien, comparada con otras administraciones, no calificaría a la catalana como una administración incumplidora. Sí que es verdad que participa de una problemática que está bastante generalizada en España, y diría que también en otros países: los déficits endémicos de planificación. Creo que muchas veces se actúa desde la inmediatez y poco desde la planificación.
