Desde la derogación del precedente Roe vs. Wade, que aseguraba el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos, mediante un fallo del Tribunal Supremo en junio de 2022, los Estados son los que regulan el acceso, con normas y políticas que se someten a la consideración de los votantes. Desde entonces, en cada ciclo electoral en diferentes Estados se han sometido a votación propuestas de regulación o prohibición. Las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre no son una excepción. Cuatro Estados han incluido en sus boletas iniciativas para reglamentar derechos reproductivos a través de enmiendas constitucionales y nuevas normas.. Seguir leyendo
Desde la derogación del precedente Roe vs. Wade, que aseguraba el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos, mediante un fallo del Tribunal Supremo en junio de 2022, los Estados son los que regulan el acceso, con normas y políticas que se someten a la consideración de los votantes. Desde entonces, en cada ciclo electoral en diferentes Estados se han sometido a votación propuestas de regulación o prohibición. Las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre no son una excepción. Cuatro Estados han incluido en sus boletas iniciativas para reglamentar derechos reproductivos a través de enmiendas constitucionales y nuevas normas.
En Idaho, los electores votan la aprobación de un estatuto para establecer el derecho a la “libertad reproductiva” y anular la prohibición estricta que estaba vigente. En Misuri, la Enmienda 3 propone una prohibición casi total al procedimiento, con excepciones en casos de violación, incesto y urgencia médica. Mientras, en Nevada y Virginia, se votan enmiendas para incluir el acceso al aborto como derecho constitucional.
“Las iniciativas sometidas a votación son una herramienta poderosa para proteger y ampliar el acceso al aborto y a otros servicios de salud reproductiva, y estamos viendo pruebas de ello en Estados de todo el país”, explica Kimya Forouzan, asesora principal de políticas estatales en el Instituto Guttmacher, una organización sin fines de lucro que produce datos y análisis sobre temas como el aborto, la anticoncepción, los embarazos no planeados y la educación sexual y defiende la salud sexual y reproductiva en el mundo.
A partir del fallo del Tribunal Supremo en 2022, el acceso al aborto fue clave en las votaciones de medio mandato de los años siguientes y era una referencia recurrente en los discursos de campaña de los candidatos. En los comicios de 2022 y 2023, los votantes de los siete Estados que incluyeron medidas sobre el aborto se pronunciaron a favor de mantener o ampliar tales derechos. También en las elecciones de 2024, diez Estados sometieron a votación medidas para ratificar el derecho al aborto, y siete de ellas fueron aprobadas.
Desde 2025, este interés ha sido desplazado por otras preocupaciones, como el estado de la economía. Sin embargo, las medidas que se someterán a votación este 3 de noviembre pueden ser decisivas, no solo en Misuri, Idaho, Nevada y Virginia, sino también en los Estados vecinos donde existen políticas más restrictivas sobre el aborto y los derechos reproductivos.
Idaho, un voto por la “libertad reproductiva”
La Proposición 1, incluida en la papeleta de Idaho, crearía una vía legal para impugnar la prohibición total del aborto en el Estado mediante una ley que establece el derecho a la libertad reproductiva y a la privacidad, e impediría que el Estado restringiera el aborto antes de la viabilidad fetal. También impediría la interferencia gubernamental en las decisiones individuales sobre la atención médica reproductiva, que incluye los servicios prenatales, obstétricos, los servicios durante el parto, la anticoncepción, los tratamientos de fertilidad y los tratamientos tras una pérdida del embarazo.
La ley vigente, que fue aprobada en 2020 y entró en vigor tras la decisión del Tribunal Supremo en 2022, prohíbe los abortos, salvo en casos donde sea necesario salvar la vida de la persona embarazada, de violación o incesto. Además, los tipifica como un delito grave, que conlleva penas de dos a cinco años de prisión. Los médicos y el personal de salud que los faciliten pueden también perder sus licencias por meses y de forma permanente.
Bajo la prohibición actual, en 2025 unas 850 personas que residen en Idaho accedieron al procedimiento a través de la telemedicina, con profesionales ubicados en otros Estados que trabajan bajo el amparo de leyes de protección, según datos del Estudio Mensual sobre la Prestación de Servicios de Aborto del Instituto Guttmacher. Otras 1.680 personas han viajado a Oregón, Washington, Utah y otros Estados para recibir atención.
“Idaho es el único Estado que presenta una medida electoral para proteger el derecho al aborto y que, al mismo tiempo, aplica una prohibición total de esta práctica; dicha prohibición probablemente sería impugnada judicialmente si la medida resultara aprobada”, señala Isabel Guarnieri, gerente de comunicaciones en Estados Unidos del Instituto Guttmacher. Esto se traduce en que, de ser aprobada, la Proposición 1 no modificaría la Constitución estatal, sino que establecería un derecho legal al aborto en el Estado.
“Si bien las protecciones legales para el derecho al aborto supondrían un avance fundamental para los habitantes de Idaho, las leyes ordinarias son más fáciles de derogar que las enmiendas a las constituciones estatales”, agrega Guarnieri.
Misuri, voto por la prohibición casi total
En Misuri, se somete a votación la Enmienda 3, que eliminaría el derecho constitucional a la libertad reproductiva aprobado por los electores en 2024 para establecer una prohibición casi total al aborto, además de la prohibición de los procedimientos de afirmación de transición de género en menores de edad, que ya son ilegales en el Estado. De ser aprobada esta iniciativa, el aborto solo sería admitido en casos de emergencia médica, anomalía fetal, violación o incesto, y exigiría el consentimiento de los padres o tutores para las menores que busquen abortar.
“La medida impediría el financiamiento público del aborto y permitiría a la legislatura promulgar diversas restricciones innecesarias, conocidas como leyes de regulación específica para proveedores de servicios de aborto, cuyo objetivo es aumentar la fiscalización de las clínicas y hacer que la prestación del servicio sea más costosa y compleja”, señala Guarnieri.
Gracias al voto favorable en las elecciones de medio mandato de 2024, un fallo judicial de 2025 permitió la reanudación de los procedimientos clínicos y en junio de 2026 otro fallo anuló las restricciones que impedían a las clínicas ofrecer servicios de aborto con medicamentos desde 2018.
Sin embargo, las políticas del Estado sobre el aborto siguen siendo restrictivas en varios aspectos. Por ejemplo, no está permitida la cobertura médica del procedimiento mediante Medicaid y seguros privados para el aborto con medicamentos, y se requiere la presencia física de la persona gestante.
Nevada, ratificación de la enmienda de 2024
La Pregunta 6 de Nevada busca ratificar una enmienda constitucional aprobada por los electores en 2024, que establece el derecho constitucional al aborto, pero permitiría restricciones después de la viabilidad fetal.
En Nevada, las enmiendas a la Constitución que provienen de iniciativas ciudadanas como esta deben ser aprobadas en dos elecciones consecutivas y luego sometidas a una votación de la Corte Suprema estatal para entrar en vigor.
Esta enmienda establecería que el derecho al aborto no puede ser denegado, obstaculizado ni vulnerado a menos que esté justificado por un interés estatal imperioso, definido como “un interés limitado exclusivamente al interés del Estado en proteger, mantener o mejorar la salud de una persona que busca atención para un aborto, de conformidad con los estándares clínicos de práctica aceptados”.
Hasta ahora, las leyes vigentes en Nevada protegen el derecho al aborto, que está incluido en la cobertura de Medicaid estatal cuando se trata de necesidad médica, y ofrecen protecciones conocidas como “shield laws” a los profesionales que atienden pacientes de otras regiones para ampararlos de investigaciones iniciadas en otras jurisdicciones.
Virginia, la libertad reproductiva a la Constitución
La Pregunta 1 en la papeleta de Virginia es una iniciativa electoral para consagrar el derecho a la libertad reproductiva en la Constitución del Estado, de modo que las personas que allí viven puedan decidir sobre su atención prenatal, parto, cuidados posparto, anticoncepción, aborto, pérdida del embarazo y tratamientos de fertilidad.
Al igual que en Nevada, la enmienda busca proteger a pacientes, médicos y personal de enfermería de ser sancionados por estas decisiones personales o por ayudar a otras personas a ejercer su derecho a tomarlas. Sin embargo, permitiría restringir el procedimiento durante el tercer trimestre, con excepción de los casos en los que corre peligro la vida de la persona gestante o el embarazo no es viable, tal y como lo establecen las leyes vigentes.
Otras restricciones vigentes en Virginia incluyen la prohibición de cobertura mediante Medicaid estatal y las leyes que requieren el consentimiento de los padres o representantes en el acceso de los menores al aborto.
