El coste de la cesta de la compra se ha disparado un 40% desde 2021 y ese encarecimiento ha impactado principalmente en el bolsillo de las familias de rentas más bajas, que ya destinan dos de cada diez euros de su salario a adquirir alimentos, una brecha que evidencia la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas en los últimos cinco años, pese a que el coste general de la vida ha subido la mitad en el mismo periodo, un 20%. Así lo constata el estudio del EAE Business School «Radiografía de la inflación alimentaria en España», que advierte de que la inflación se ha vuelto estructural en la última década, «desacoplándose del IPC general», y con un impacto a lo largo de toda la cadena de valor, desde el sector primario hasta el consumidor final.. Los analistas del EAE señalan que se ha producido un «efecto escalón» en los precios, ya que los niveles de precios de los años 2023 y 2024 «no se revertirán en el corto plazo debido a que la estructura de costes laborales, energéticos y climáticos ha cambiado para siempre». Por tanto, ponen en duda la recuperación del poder adquisitivo perdido de los hogares, ya que «dependerá exclusivamente de que los salarios crezcan por encima de este nuevo estándar de precios consolidado», al actuar la inflación alimentaria «como un impuesto regresivo» que castiga «tres veces más» a los hogares de ingresos bajos y medios, e incluso los medios ya que destinan 20 de cada 100 euros de su renta solo a la alimentación, frente al 5% de lo que lo hacen las familias con rentas altas.. En este sentido, ya en 2024 el 9,1% de la población manifestaba llegar a fin de mes con mucha dificultad, con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 25,8%. Por ello, las ayudas públicas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad son «esenciales para la viabilidad alimentaria de millones de familias», que «en caso de eliminarse, la cesta de la compra podría incrementarse entre 350 y 501 euros anuales por hogar».. Una situación problemática que se ha agudizado debido al contexto geopolítico internacional actual: «La guerra en Oriente Medio impulsa la inflación global al encarecerse el petróleo y el gas, con riesgo de disrupciones en el Estrecho de Ormuz. Esto aumenta los costes de transporte, fertilizantes y energía, presionando al alza los precios de los alimentos y productos de consumo que llegan a la UE». Todo ello podría elevar las tasas de interés y ralentizar el crecimiento económico global y europeo en particular. «El encarecimiento del gas natural –necesario para producir fertilizantes nitrogenados– y de la logística dispara los costes agrícolas, lo que a su vez eleva los precios de los alimentos. Las amenazas a la navegación marítima pueden además atascar las cadenas de suministro globales, incrementando costes adicionales», alerta Samer Ajour El Zein, director del informe.. Además del tipo de hogar, las diferencias también se han acelerado según el territorio. Extremadura, Andalucía y Canarias –principales comunidades productoras de alimentos– presentan tasas de riesgo de pobreza superiores al 30% y destinan más del 20% de su renta disponible a la alimentación, frente al 12% de Navarra o el País Vasco.. Los expertos del EAE también han constatado que las familias españolas han reducido la compra de proteína de alta calidad, como el pescado fresco o la carne de ternera –pese a que su precio ha caído cerca de un 12%– para «refugiarse en carbohidratos baratos y procesados», cuyo consumo ha repuntado un 8% porque son mucho más baratos, lo que apunta un «cambio de hábitos saludables provocado por el encarecimiento de los alimentos, produciéndose una grave fractura nutricional». En este contexto, la cesta saludable se ha encarecido un 40% más que la cesta de supervivencia, «condenando a las rentas bajas a una dieta obesogénica por necesidades económicas».. El informe también incide en la brecha de percepción de los ciudadanos ante los precios, y se pregunta: «¿por qué el ciudadano siente que la vida es mucho más cara de lo que indica el IPC oficial (2,9%)? Pues por una disonancia cognitiva que se explica por dos factores el sesgo de frecuencia y la reduflación.. En el primer supuesto, la inflación percibida se dispara en los productos de compra recurrente y semanal: aceite, leche, huevos, verduras…. «El consumidor nota el impacto del precio cada vez que visita el supermercado, generando una sensación de angustia acumulativa que no se compensa con la estabilidad de precios en bienes duraderos». En segundo lugar, la reduflación actúa como «una inflación invisible. «Fabricantes y distribuidores han mantenido precios psicológicos estables reduciendo el gramaje de los envases –de 1 litro a 900 ml, o de 500 gramos a 450 g–. Esto provoca que el precio en ticket se mantenga, pero el precio unitario real aumente, erosionando el poder adquisitivo de manera silenciosa y escapando a la percepción inmediata del comprador, aunque castigando su bolsillo a fin de mes».. Respecto al sector de la distribución de la alimentación en España, Ajour considera que el español es un «mercado caracterizado por una alta concentración, ya que los cinco principales operadores controlan más del 50% de la cuota de mercado». Esta composición del sector fue «determinante» para contener «el primer golpe» inflacionario, compensándolo con mayores eficiencias logísticas. Así, de media, un producto multiplica su precio «por casi cuatro veces desde el campo hasta la mesa».. De cara al ciclo 2026-2027, los modelos predictivos sugieren que la «volatilidad alimentaria dejará de ser coyuntural para volverse estructural debido al cambio climático. Fenómenos extremos más frecuentes (olas de calor, granizadas tardías, sequías y exceso de lluvias) introducirán shocks de oferta recurrentes, lo que obligará a redefinir la inflación alimentaria no como un problema puramente económico, sino de seguridad nacional». Para Ajour, «España se enfrenta a un cambio de paradigma: la era de los alimentos baratos ha terminado. El reto para 2026 no es solo bajar la inflación, sino garantizar que comer sano no se convierta en un privilegio de clase en un futuro marcado por la volatilidad climática».
El coste de la cesta de la compra se ha disparado un 40% desde 2021 y ese encarecimiento ha impactado principalmente en el bolsillo de las familias de rentas más bajas, que ya destinan dos de cada diez euros de su salario a adquirir alimentos, una brecha que evidencia la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas en los últimos cinco años, pese a que el coste general de la vida ha subido la mitad en el mismo periodo, un 20%. Así lo constata el estudio del EAE Business School «Radiografía de la inflación alimentaria en España», que advierte de que la inflación se ha vuelto estructural en la última década, «desacoplándose del IPC general», y con un impacto a lo largo de toda la cadena de valor, desde el sector primario hasta el consumidor final.. Los analistas del EAE señalan que se ha producido un «efecto escalón» en los precios, ya que los niveles de precios de los años 2023 y 2024 «no se revertirán en el corto plazo debido a que la estructura de costes laborales, energéticos y climáticos ha cambiado para siempre». Por tanto, ponen en duda la recuperación del poder adquisitivo perdido de los hogares, ya que «dependerá exclusivamente de que los salarios crezcan por encima de este nuevo estándar de precios consolidado», al actuar la inflación alimentaria «como un impuesto regresivo» que castiga «tres veces más» a los hogares de ingresos bajos y medios, e incluso los medios ya que destinan 20 de cada 100 euros de su renta solo a la alimentación, frente al 5% de lo que lo hacen las familias con rentas altas.. En este sentido, ya en 2024 el 9,1% de la población manifestaba llegar a fin de mes con mucha dificultad, con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 25,8%. Por ello, las ayudas públicas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad son «esenciales para la viabilidad alimentaria de millones de familias», que «en caso de eliminarse, la cesta de la compra podría incrementarse entre 350 y 501 euros anuales por hogar».. Una situación problemática que se ha agudizado debido al contexto geopolítico internacional actual: «La guerra en Oriente Medio impulsa la inflación global al encarecerse el petróleo y el gas, con riesgo de disrupciones en el Estrecho de Ormuz. Esto aumenta los costes de transporte, fertilizantes y energía, presionando al alza los precios de los alimentos y productos de consumo que llegan a la UE». Todo ello podría elevar las tasas de interés y ralentizar el crecimiento económico global y europeo en particular. «El encarecimiento del gas natural –necesario para producir fertilizantes nitrogenados– y de la logística dispara los costes agrícolas, lo que a su vez eleva los precios de los alimentos. Las amenazas a la navegación marítima pueden además atascar las cadenas de suministro globales, incrementando costes adicionales», alerta Samer Ajour El Zein, director del informe.. Además del tipo de hogar, las diferencias también se han acelerado según el territorio. Extremadura, Andalucía y Canarias –principales comunidades productoras de alimentos– presentan tasas de riesgo de pobreza superiores al 30% y destinan más del 20% de su renta disponible a la alimentación, frente al 12% de Navarra o el País Vasco.. Los expertos del EAE también han constatado que las familias españolas han reducido la compra de proteína de alta calidad, como el pescado fresco o la carne de ternera –pese a que su precio ha caído cerca de un 12%– para «refugiarse en carbohidratos baratos y procesados», cuyo consumo ha repuntado un 8% porque son mucho más baratos, lo que apunta un «cambio de hábitos saludables provocado por el encarecimiento de los alimentos, produciéndose una grave fractura nutricional». En este contexto, la cesta saludable se ha encarecido un 40% más que la cesta de supervivencia, «condenando a las rentas bajas a una dieta obesogénica por necesidades económicas».. El informe también incide en la brecha de percepción de los ciudadanos ante los precios, y se pregunta: «¿por qué el ciudadano siente que la vida es mucho más cara de lo que indica el IPC oficial (2,9%)? Pues por una disonancia cognitiva que se explica por dos factores el sesgo de frecuencia y la reduflación.. En el primer supuesto, la inflación percibida se dispara en los productos de compra recurrente y semanal: aceite, leche, huevos, verduras…. «El consumidor nota el impacto del precio cada vez que visita el supermercado, generando una sensación de angustia acumulativa que no se compensa con la estabilidad de precios en bienes duraderos». En segundo lugar, la reduflación actúa como «una inflación invisible. «Fabricantes y distribuidores han mantenido precios psicológicos estables reduciendo el gramaje de los envases –de 1 litro a 900 ml, o de 500 gramos a 450 g–. Esto provoca que el precio en ticket se mantenga, pero el precio unitario real aumente, erosionando el poder adquisitivo de manera silenciosa y escapando a la percepción inmediata del comprador, aunque castigando su bolsillo a fin de mes».. Respecto al sector de la distribución de la alimentación en España, Ajour considera que el español es un «mercado caracterizado por una alta concentración, ya que los cinco principales operadores controlan más del 50% de la cuota de mercado». Esta composición del sector fue «determinante» para contener «el primer golpe» inflacionario, compensándolo con mayores eficiencias logísticas. Así, de media, un producto multiplica su precio «por casi cuatro veces desde el campo hasta la mesa».. De cara al ciclo 2026-2027, los modelos predictivos sugieren que la «volatilidad alimentaria dejará de ser coyuntural para volverse estructural debido al cambio climático. Fenómenos extremos más frecuentes (olas de calor, granizadas tardías, sequías y exceso de lluvias) introducirán shocks de oferta recurrentes, lo que obligará a redefinir la inflación alimentaria no como un problema puramente económico, sino de seguridad nacional». Para Ajour, «España se enfrenta a un cambio de paradigma: la era de los alimentos baratos ha terminado. El reto para 2026 no es solo bajar la inflación, sino garantizar que comer sano no se convierta en un privilegio de clase en un futuro marcado por la volatilidad climática».
