Las comunidades autónomas gobernadas por el PP enviaron ayer una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, para que posponga «hasta por lo menos el mes de septiembre» el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), previsto para este miércoles, en el que se iba a debatir el nuevo modelo de financiación autonómica. En la misiva, las 11 comunidades del PP, además de Ceuta y Melilla, han vuelto a denunciar que este sistema es «fruto de un pacto bilateral con ERC», en alusión al acuerdo del PSOE con el partido catalán, y recordaron que el pasado enero, cuando la exministra María Jesús Montero lo presentó en un CPFF fue rechazado por todas las comunidades, salvo Cataluña.. Los populares insisten en que no apoyarán un pacto «con una sola parte y a espaldas de todas las demás» y avisaron a Hacienda de que no puede aprobarse ahora «de forma apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen». Además, advirtieron de que esta forma de proceder «quiebra el derecho a un trato igual» que recogen las leyes y es prácticamente la misma que presentó en enero y que fue rechazada por 16 de los 17 territorios integrados en el modelo porque «quiebra el derecho a un trato igual» a todas las comunidades, como establece la ley y la Constitución.. Los consejeros reconocen que se necesita reformular el sistema y que tras 16 años en funcionamiento es «imprescindible» una revisión para adecuar la financiación de las comunidades a sus necesidades reales de gasto y a la evolución de los factores que condicionan la prestación de los servicios públicos fundamentales, pero reclaman una negociación multilateral. Por eso, creen que la convocatoria es «extemporánea y sin la documentación necesaria» del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) el pasado día 14 no subsana los fallos seguidos en el procedimiento.. El PP mantiene que la propuesta no se ha atenido a «un verdadero mecanismo de negociación multilateral» y denuncia que no se sometió a la evaluación técnica del CTPE y rechazan los intentos del Ejecutivo de «abrir una vía de negociación bilateral con las comunidades autónomas», que rechazaron celebrar por falta de tiempo y de información completa para analizarlo. «Este proceder ha viciado por completo el proceso de propuesta de este nuevo modelo, sin que la convocatoria extemporánea y sin la documentación necesaria del CTPE el pasado día 14, convalide todo lo mal hecho».. Aunque han recibido nueva documentación en los últimos días, las comunidades del PP denuncian que siguen sin disponer de información «imprescindible» para analizar en profundidad la propuesta, como las simulaciones completas y homogéneas que permitan verificar el impacto del modelo en todos los territorios, así como la memoria de cálculo del reparto. Según recuerdan, en la reunión del Comité Técnico las comunidades formularon además numerosas observaciones «de calado», pero la documentación completa de la reunión no ha llegado hasta el pasado día 24 y no ha habido tiempo para un estudio detallado.. También inciden en que todavía no han recibido la memoria de cálculo del reparto y, en concreto, del desglose del mecanismo de nivelación vertical, a pesar de habérselo pedido a Hacienda de manera reiterada. «Sin esa información, difícilmente podemos formarnos un juicio fundado sobre una reforma llamada a condicionar los recursos de las Comunidades durante años; insuficiencia, además, puesta de manifiesto por la práctica totalidad de las Comunidades que han presentado observaciones». Inciden en que, sin esa información, acometer una reforma estructural del sistema cuando los presupuestos del Estado vigentes son los del ejercicio 2023 y cuando el Congreso no ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria «priva al proceso de la seguridad y el rigor que un acuerdo de esta naturaleza exige».. El Congreso tampoco ha conseguido aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria que servirán de marco para los PGE de 2027, por lo que la reforma del sistema carecerá de «la seguridad y el rigor que un acuerdo de esta naturaleza exige». Además, las comunidades del PP creen que el momento no es el adecuado por la declaración de emergencia nacional por los incendios.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP enviaron ayer una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, para que posponga «hasta por lo menos el mes de septiembre» el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), previsto para este miércoles, en el que se iba a debatir el nuevo modelo de financiación autonómica. En la misiva, las 11 comunidades del PP, además de Ceuta y Melilla, han vuelto a denunciar que este sistema es «fruto de un pacto bilateral con ERC», en alusión al acuerdo del PSOE con el partido catalán, y recordaron que el pasado enero, cuando la exministra María Jesús Montero lo presentó en un CPFF fue rechazado por todas las comunidades, salvo Cataluña.. Los populares insisten en que no apoyarán un pacto «con una sola parte y a espaldas de todas las demás» y avisaron a Hacienda de que no puede aprobarse ahora «de forma apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen». Además, advirtieron de que esta forma de proceder «quiebra el derecho a un trato igual» que recogen las leyes y es prácticamente la misma que presentó en enero y que fue rechazada por 16 de los 17 territorios integrados en el modelo porque «quiebra el derecho a un trato igual» a todas las comunidades, como establece la ley y la Constitución.. Los consejeros reconocen que se necesita reformular el sistema y que tras 16 años en funcionamiento es «imprescindible» una revisión para adecuar la financiación de las comunidades a sus necesidades reales de gasto y a la evolución de los factores que condicionan la prestación de los servicios públicos fundamentales, pero reclaman una negociación multilateral. Por eso, creen que la convocatoria es «extemporánea y sin la documentación necesaria» del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) el pasado día 14 no subsana los fallos seguidos en el procedimiento.. El PP mantiene que la propuesta no se ha atenido a «un verdadero mecanismo de negociación multilateral» y denuncia que no se sometió a la evaluación técnica del CTPE y rechazan los intentos del Ejecutivo de «abrir una vía de negociación bilateral con las comunidades autónomas», que rechazaron celebrar por falta de tiempo y de información completa para analizarlo. «Este proceder ha viciado por completo el proceso de propuesta de este nuevo modelo, sin que la convocatoria extemporánea y sin la documentación necesaria del CTPE el pasado día 14, convalide todo lo mal hecho».. Aunque han recibido nueva documentación en los últimos días, las comunidades del PP denuncian que siguen sin disponer de información «imprescindible» para analizar en profundidad la propuesta, como las simulaciones completas y homogéneas que permitan verificar el impacto del modelo en todos los territorios, así como la memoria de cálculo del reparto. Según recuerdan, en la reunión del Comité Técnico las comunidades formularon además numerosas observaciones «de calado», pero la documentación completa de la reunión no ha llegado hasta el pasado día 24 y no ha habido tiempo para un estudio detallado.. También inciden en que todavía no han recibido la memoria de cálculo del reparto y, en concreto, del desglose del mecanismo de nivelación vertical, a pesar de habérselo pedido a Hacienda de manera reiterada. «Sin esa información, difícilmente podemos formarnos un juicio fundado sobre una reforma llamada a condicionar los recursos de las Comunidades durante años; insuficiencia, además, puesta de manifiesto por la práctica totalidad de las Comunidades que han presentado observaciones». Inciden en que, sin esa información, acometer una reforma estructural del sistema cuando los presupuestos del Estado vigentes son los del ejercicio 2023 y cuando el Congreso no ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria «priva al proceso de la seguridad y el rigor que un acuerdo de esta naturaleza exige».. El Congreso tampoco ha conseguido aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria que servirán de marco para los PGE de 2027, por lo que la reforma del sistema carecerá de «la seguridad y el rigor que un acuerdo de esta naturaleza exige». Además, las comunidades del PP creen que el momento no es el adecuado por la declaración de emergencia nacional por los incendios.
