La economía de los hogares españoles atraviesa una situación de contrastes. Por un lado, la riqueza financiera neta de las familias ha alcanzado un máximo histórico de 2,81 billones de euros, favorecida por la evolución de las inversiones. Por otro, el elevado coste de la vivienda deja a cerca de dos millones de personas en riesgo de pobreza después de hacer frente a los gastos de su hogar.
Esta desigualdad queda reflejada en los últimos datos del Banco de España, recogidos en el informe de ‘Cuentas Financieras de la Economía Española’, y en los análisis sobre vulnerabilidad residencial publicados por la fundación Fedea.
El patrimonio financiero neto de las familias se sitúa actualmente en 2,81 billones de euros, una cifra sin precedentes que se concentra, principalmente, en fondos de inversión, acciones y depósitos vinculados a los hogares con mayores ingresos. Al mismo tiempo, la deuda de las familias ha descendido hasta niveles que no se veían desde 1999.
Sin embargo, esta mejora de los indicadores financieros no se traduce en una situación favorable para toda la población. Según los datos mencionados, 1,95 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza después de pagar su vivienda. El problema es especialmente acusado entre quienes viven de alquiler a precio de mercado, donde la tasa de pobreza pasa del 32,8% al 49,9% una vez abonada la renta.
La distribución de la riqueza agranda las diferencias entre hogares
Uno de los principales factores que explican esta situación es la desigual distribución del ahorro. Una parte importante del patrimonio financiero se canaliza hacia productos como los fondos de inversión y la bolsa. En cambio, los hogares con menos recursos disponen de una capacidad financiera mucho más limitada y, en muchos casos, deben destinar buena parte de sus ingresos a cubrir los gastos de la vivienda.
Esta diferencia reduce su margen para ahorrar y acumular activos que puedan servirles de protección ante posibles dificultades económicas. Así, mientras algunos hogares aumentan su patrimonio mediante inversiones, otros apenas tienen capacidad para afrontar los gastos habituales.
Los propietarios concentran la riqueza mientras sube el precio de la vivienda
La brecha también está relacionada con la situación residencial y las diferencias generacionales. Los propietarios de viviendas concentran cerca del 93,5% de la riqueza neta del país, mientras que los inquilinos apenas reúnen el 6,5% restante. Esta distribución evidencia la distancia patrimonial entre quienes poseen una vivienda y quienes necesitan recurrir al mercado del alquiler.
A esta situación se suma el encarecimiento continuado de los inmuebles. El precio de la vivienda acumula su 45.º trimestre consecutivo de incrementos interanuales, mientras que el coste de la vivienda usada ha aumentado más de un 12% en el último año.
La combinación de unas rentas elevadas, el aumento del precio de compra y las diferencias en el acceso al patrimonio inmobiliario dificulta que una parte de la población pueda mejorar su situación económica. De este modo, el crecimiento de la riqueza financiera agregada convive con una creciente vulnerabilidad residencial entre los hogares que destinan una parte importante de sus ingresos a pagar un techo.
La economía de los hogares españoles atraviesa una situación de contrastes. Por un lado, la riqueza financiera neta de las familias ha alcanzado un máximo histórico de 2,81 billones de euros, favorecida por la evolución de las inversiones. Por otro, el elevado coste de la vivienda deja a cerca de dos millones de personas en riesgo de pobreza después de hacer frente a los gastos de su hogar.
Esta desigualdad queda reflejada en los últimos datos del Banco de España, recogidos en el informe de ‘Cuentas Financieras de la Economía Española’, y en los análisis sobre vulnerabilidad residencial publicados por la fundación Fedea.
El patrimonio financiero neto de las familias se sitúa actualmente en 2,81 billones de euros, una cifra sin precedentes que se concentra, principalmente, en fondos de inversión, acciones y depósitos vinculados a los hogares con mayores ingresos. Al mismo tiempo, la deuda de las familias ha descendido hasta niveles que no se veían desde 1999.
Sin embargo, esta mejora de los indicadores financieros no se traduce en una situación favorable para toda la población. Según los datos mencionados, 1,95 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza después de pagar su vivienda. El problema es especialmente acusado entre quienes viven de alquiler a precio de mercado, donde la tasa de pobreza pasa del 32,8% al 49,9% una vez abonada la renta.
La distribución de la riqueza agranda las diferencias entre hogares
Uno de los principales factores que explican esta situación es la desigual distribución del ahorro. Una parte importante del patrimonio financiero se canaliza hacia productos como los fondos de inversión y la bolsa. En cambio, los hogares con menos recursos disponen de una capacidad financiera mucho más limitada y, en muchos casos, deben destinar buena parte de sus ingresos a cubrir los gastos de la vivienda.
Esta diferencia reduce su margen para ahorrar y acumular activos que puedan servirles de protección ante posibles dificultades económicas. Así, mientras algunos hogares aumentan su patrimonio mediante inversiones, otros apenas tienen capacidad para afrontar los gastos habituales.
Los propietarios concentran la riqueza mientras sube el precio de la vivienda
La brecha también está relacionada con la situación residencial y las diferencias generacionales. Los propietarios de viviendas concentran cerca del 93,5% de la riqueza neta del país, mientras que los inquilinos apenas reúnen el 6,5% restante. Esta distribución evidencia la distancia patrimonial entre quienes poseen una vivienda y quienes necesitan recurrir al mercado del alquiler.
A esta situación se suma el encarecimiento continuado de los inmuebles. El precio de la vivienda acumula su 45.º trimestre consecutivo de incrementos interanuales, mientras que el coste de la vivienda usada ha aumentado más de un 12% en el último año.
La combinación de unas rentas elevadas, el aumento del precio de compra y las diferencias en el acceso al patrimonio inmobiliario dificulta que una parte de la población pueda mejorar su situación económica. De este modo, el crecimiento de la riqueza financiera agregada convive con una creciente vulnerabilidad residencial entre los hogares que destinan una parte importante de sus ingresos a pagar un techo.
