El Consejo de Ministros se ha visto obligado a autorizar una transferencia de crédito de 2.090 millones de euros al Ministerio de Seguridad Social para poder hacer frente al pago de las nóminas de las pensiones de naturaleza no contributiva. Según ha justificado Hacienda, esta transferencia tiene como objetivo aumentar la dotación de crédito para el ejercicio 2026 y «hacer frente a las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, de acuerdo con la primera recomendación del Pacto de Toledo de 2020, relativa a la separación y clarificación de las fuentes de financiación».. Esta recomendación establece que las prestaciones contributivas deben financiarse básicamente mediante las cotizaciones sociales, mientras que las prestaciones no contributivas y universales deben sufragarse exclusivamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.. El ministerio que dirige Arcadi España considera que se trata de necesidades «ineludibles e inaplazables» para dar cumplimiento al compromiso del Estado «de asumir de forma progresiva la financiación de los gastos de naturaleza no contributiva». La operación se ampara en el artículo 12.4 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogados para 2026, y en la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.. La necesidad de financiación para este ejercicio en la pensiones no contributivas se ha cuantificado en los 2.090 millones de euros. En cuanto a las contributivas, la Seguridad Social destinó en el presente mes de octubre la cifra récord de 14.539,9 millones de euros, un 6,3% más que en igual mes de 2025. Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.. En su caso, el Consejo de Ministros del pasado martes 20 de octubre aprobó un préstamo de 10.003,8 millones de euros. Su marco jurídico es la disposición adicional tercera de la Ley 31/202 de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que sigue prorrogada. Dicha normativa permite al Estado prestar cada año a la Tesorería General de la Seguridad Social ese tope. Se trata de un préstamo entre Administraciones públicas donde el Estado presenta liquidez a la Tesorería General de la Seguridad Social para que pueda cubrir sus gastos cuando las cotizaciones y otros ingresos no bastan para financiar todas las prestaciones reconocidas.
El Consejo de Ministros se ha visto obligado a autorizar una transferencia de crédito de 2.090 millones de euros al Ministerio de Seguridad Social para poder hacer frente al pago de las nóminas de las pensiones de naturaleza no contributiva. Según ha justificado Hacienda, esta transferencia tiene como objetivo aumentar la dotación de crédito para el ejercicio 2026 y «hacer frente a las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, de acuerdo con la primera recomendación del Pacto de Toledo de 2020, relativa a la separación y clarificación de las fuentes de financiación».. Esta recomendación establece que las prestaciones contributivas deben financiarse básicamente mediante las cotizaciones sociales, mientras que las prestaciones no contributivas y universales deben sufragarse exclusivamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.. El ministerio que dirige Arcadi España considera que se trata de necesidades «ineludibles e inaplazables» para dar cumplimiento al compromiso del Estado «de asumir de forma progresiva la financiación de los gastos de naturaleza no contributiva». La operación se ampara en el artículo 12.4 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogados para 2026, y en la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.. La necesidad de financiación para este ejercicio en la pensiones no contributivas se ha cuantificado en los 2.090 millones de euros. En cuanto a las contributivas, la Seguridad Social destinó en el presente mes de octubre la cifra récord de 14.539,9 millones de euros, un 6,3% más que en igual mes de 2025. Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.. En su caso, el Consejo de Ministros del pasado martes 20 de octubre aprobó un préstamo de 10.003,8 millones de euros. Su marco jurídico es la disposición adicional tercera de la Ley 31/202 de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que sigue prorrogada. Dicha normativa permite al Estado prestar cada año a la Tesorería General de la Seguridad Social ese tope. Se trata de un préstamo entre Administraciones públicas donde el Estado presenta liquidez a la Tesorería General de la Seguridad Social para que pueda cubrir sus gastos cuando las cotizaciones y otros ingresos no bastan para financiar todas las prestaciones reconocidas.
