La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. En el marco del operativo, iniciado hace seis meses, han sido liberadas tres de las víctimas y se ha detenido a 11 integrantes de la red en Castellón, Madrid, Sevilla y Alicante. Cuatro de los principales responsables han ingresado en prisión provisional.. Seguir leyendo
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. En el marco del operativo, iniciado hace seis meses, han sido liberadas tres de las víctimas y se ha detenido a 11 integrantes de la red en Castellón, Madrid, Sevilla y Alicante. Cuatro de los principales responsables han ingresado en prisión provisional.
Las víctimas, todas ellas mujeres de origen sudamericano y en situación de vulnerabilidad personal, económica y social, eran captadas en sus países mediante aplicaciones de mensajería instantánea donde, a través de engaños y técnicas de manipulación, los responsables de la red conseguían ganarse su confianza y persuadirlas para viajar a España.
Para facilitar su traslado, la red criminal les proporcionaba los billetes de ida y vuelta, la reserva del hotel y un seguro médico de viaje, todo ello con el objetivo de simular un viaje meramente turístico y evitar sospechas en los controles fronterizos.
Una vez en España, las víctimas contraían una deuda que ascendía a 7.000 euros y que debían saldar ejerciendo la prostitución para el entramado criminal. La investigación ha permitido determinar que las mujeres eran explotadas sexualmente en diferentes clubes y en pisos prostíbulo situados en Castellón, Madrid y Sevilla. En muchos casos permanecían durante varios días o semanas en una vivienda antes de ser trasladadas a otros pisos gestionados por miembros de la organización.
Las mujeres tenían su libertad limitada a dos horas diarias de descanso y debían trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana y sin poder negarse a realizar ningún tipo de servicio sexual. Además, los gastos de manutención y el material profiláctico corrían a cargo de las propias víctimas. El reparto de los beneficios de los servicios sexuales era, teóricamente, del 50 por ciento para las mujeres y del 50 por ciento para la responsable del piso, “aunque esta condición rara vez se cumplía”, destacan fuentes de la investigación en un comunicado.
Las víctimas también eran obligadas a ceder su imagen para publicar anuncios en páginas web de contactos y estaban permanentemente vigiladas por la persona responsable del inmueble. Debían aceptar cualquier tipo de servicio sexual, incluso sin material de protección o estando enfermas o durante la menstruación y estaban obligadas a consumir, transportar y ofrecer sustancias estupefacientes, siendo sancionadas en caso de negarse.
En algunos casos llegaron a ser amenazadas y coaccionadas para que continuaran ejerciendo la prostitución. La red utilizaba el envío de fotografías de los familiares de las víctimas en sus países de origen como forma de intimidación y para garantizar que continuaran ejerciendo la prostitución sin denunciar los hechos. Además, los investigados exigían el pago periódico de la deuda mediante llamadas telefónicas y realizaban traslados continuos de las mujeres entre distintos prostíbulos del territorio nacional.
La investigación policial se inició en septiembre de 2025 tras la declaración de varias víctimas poniendo de manifiesto la existencia de un entramado criminal de carácter internacional dedicado a la captación de mujeres de origen sudamericano para su explotación sexual en España.
Como resultado de las gestiones policiales se han practicado cuatro diligencias de entrada y registro en la provincia de Castellón, donde han sido liberadas tres víctimas. Finalmente, se ha detenido a 11 personas, seis de ellas en esta provincia, otras dos en Madrid, dos en Sevilla y una en Alicante. Cuatro de los responsables se encuentran en prisión provisional como presuntos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos contra la salud pública.
En el operativo policial se intervinieron dos teléfonos móviles, un datáfono utilizado para el cobro de los servicios sexuales y documentación relacionada con la actividad criminal. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos. La llamada no queda registrada en la factura telefónica.
