El guion previsto de cara a la última reunión de la Cumbre Europea, que tuvo lugar el jueves y viernes de la semana pasada, se cumplió totalmente en lo que respecta a la negociación del Marco Presupuestario de la Unión Europea (UE) 2028-34, porque las importantes diferencias entre los dos grandes bloques en los que se han dividido los 27 Estados miembros impidieron el acuerdo y la delegación irlandesa deberá presentar otro documento de compromiso que sirva de base para los encuentros de noviembre y diciembre. El objetivo que se han fijado en Bruselas es cerrar el asunto antes de que acabe este año, para permitir que el nuevo presupuesto europeo pueda entrar en vigor a principios de 2028.
Las próximas elecciones condicionan el proceso negociador: primero está la cita con las urnas en España el 29 de noviembre; a continuación, ya en 2027, tocan en Francia, Italia y Polonia. Si no se consigue el acuerdo antes de que finalice este año será difícil lograrlo en el primer semestre del próximo, por esa coincidencia con las elecciones en esos tres países, con mucho peso en la UE. Especialmente delicada es la situación en Francia, con una previsible victoria del grupo de Marine Le Pen, que no es precisamente una gran amante del funcionamiento comunitario y de las cosas que se hacen en Bruselas.
Lo que decidan los jefes de Estado y de Gobierno respecto al Marco Financiero es de vital importancia para el campo europeo, incluido el español, que es el segundo que más se beneficia de los fondos de la PAC, por dos razones fundamentales. La primera es que son los máximos mandatarios los que deciden sobre el dinero que tendrá la PAC para ese periodo de siete años, de 2028 a 2034, y, mientras no se tengan las cuentas claras, los ministros de Agricultura no podrán hacer su parte y cerrar las normas de la PAC. La segunda razón, y se trata de una novedad, es que, de acuerdo con la propuesta inicial de la Comisión Europea, que ha mantenido la delegación de Irlanda en su documento de compromiso, los jefes de Estado y de Gobierno están llamados a decidir sobre determinados puntos complicados de esa nueva PAC. Así, por ejemplo, la Cumbre Europea tendrá que fijar la cantidad total de dinero de la que dispondrá esa política; también si esas cifras siguen siendo sagradas para todo el periodo, o, por el contrario, se meten en una caja común con otras partidas y puede haber transferencias entre ellas en cada uno de los ejercicios, por lo que la PAC perdería la autonomía e independencia de la que ha gozado hasta ahora.
En este contexto cabe recordar que las propuestas encima de la mesa plantean recortes del 20% sobre las cifras actuales en los fondos agrícolas. Los máximos mandatarios deben decidir también sobre la degresividad de las ayudas directas y los límites a la cantidad de dinero que se puede recibir en cada explotación, o si se aumentan los fondos destinados a la reserva de crisis, por ejemplo. Por si todo lo anterior no fuese suficiente, una vez que haya acuerdo en la Cumbre Europea, habrá que ver si coincide con el dictamen del Parlamento Europeo y pactar un compromiso entre ambas instituciones comunitarias.
En resumidas cuentas, las ayudas que llegarán a los agricultores y ganaderos españoles en 2028-34 dependen más que en otras ocasiones de lo que decidan los jefes de Estado y de Gobierno y mucho menos de lo que acuerden los ministros de Agricultura. Todo ello va a coincidir con el cambio de gobierno en España como consecuencia de las elecciones del 29 de noviembre. Y en este contexto ha llamado la atención el paso atrás que ha dado el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha renunciado a encabezar la candidatura socialista por Córdoba, tal y como estaba previsto. En un comunicado dice que lo hace para centrarse en la negociación de la próxima PAC, cuando lo más probable es que él no tenga que tomar las últimas decisiones.
A falta de motivos más claros que justifiquen su decisión, puede haber influido que su protegida en las primarias socialistas para elegir la candidatura a la alcaldía de Córdoba ha cosechado un rotundo fracaso, demostrando así que Planas no pinta mucho en esa agrupación. Por otro lado, también podría interpretarse como un intento de desmarcarse del sanchismo por si acaso el nuevo gobierno es del PP y Vox, para que apoyen su candidatura a la dirección general de la FAO. Quizás también haya motivos de carácter estrictamente personal, y no políticos. Pero ha llamado mucho la atención ese paso atrás del sanchista Planas.
The anticipated script for the final European Summit meeting, which took place last Thursday and Friday, was completely fulfilled in terms of negotiating the European Union (EU) Financial Framework 2028-34, because the significant differences between the two major blocs, in which the 27 member states have been divided, prevented an agreement and the Irish delegation must submit another compromise document to serve as a basis for the November and December meetings. The goal set in Brussels is to close the matter before the end of this year, allowing the new European budget to take effect at the beginning of 2028. Upcoming elections condition the negotiation process: first is the vote in Spain on November 29; then, in 2027, it’s France, Italy, and Poland’s turn. If an agreement is not reached before the end of this year, it will be difficult to achieve it in the first half of the next one, due to the coincidence with the elections in those three countries, which carry a lot of weight in the EU. The situation is especially delicate in France, with a foreseeable victory of Marine Le Pen’s group, who is not exactly a big fan of the community’s functioning and the things that are done in Brussels. What the heads of state and government decide regarding the Financial Framework is crucial for the European field, including Spain, which is the second one that benefits the most from the EAF funds, for two fundamental reasons. The first issue is that it is the highest authorities who decide on the funding that the CAP will receive for that seven-year period, from 2028 to 2034, and, as long as the accounts are not clear, the Agriculture ministers will not be able to do their part and finalize the CAP rules. The second reason, and it’s a novelty, is that, according to the initial proposal of the European Commission, which has kept the Irish delegation in its commitment document, heads of state and government are expected to make decisions on certain complex issues of that new CAP. Thus, for example, the European Summit will have to set the total amount of money available for that policy; it will also have to determine if those figures remain sacred throughout the period or if they are placed in a common pot with other items and can be transferred between them in each exercise, thereby losing the autonomy and independence that it has enjoyed so far. In this context, it is worth remembering that the proposals on the table suggest a 20% cut in current agricultural funding. High-ranking officials must also make decisions regarding the graduality of direct aid and limits on the amount of money that can be received per operation, or if funds allocated to the crisis reserve are increased, for instance. In case all of the above is not enough, once there is an agreement at the European Summit, it will be necessary to check if it aligns with the Parliament’s position and negotiate a compromise between both European institutions. In short, the aid that will reach Spanish farmers and ranchers in 2028-34 depends more than in other cases on the decisions made by heads of state and government, and less on what the Agriculture Ministers agree upon.
