En 2025, Naciones Unidas corroboró cuatro denuncias de “explotación y abusos sexuales” que involucran a personal de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, según ha revelado el informe Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales del secretario general de la organización, António Guterres, fechado el pasado febrero. “Todas ellas eran fundadas”, dice el documento. Esta nueva revelación confirma, una vez más, que los abusos sexuales son un fenómeno global dentro de la ONU y que estos se suman a una larga lista de casos registrados durante la última década, tanto en Haití como en otros países. De hecho, en todo el año se registraron en total 568 denuncias por el mismo delito en todo el mundo.. Seguir leyendo
En 2025, Naciones Unidas corroboró cuatro denuncias de “explotación y abusos sexuales” que involucran a personal de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, según ha revelado el informe Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales del secretario general de la organización, António Guterres, fechado el pasado febrero. “Todas ellas eran fundadas”, dice el documento. Esta nueva revelación confirma, una vez más, que los abusos sexuales son un fenómeno global dentro de la ONU y que estos se suman a una larga lista de casos registrados durante la última década, tanto en Haití como en otros países. De hecho, en todo el año se registraron en total 568 denuncias por el mismo delito en todo el mundo.
Las denuncias de Haití se dirigen contra personal de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en el país (MSS, según sus siglas en inglés). Esta fuerza fue autorizada por el Consejo General de la ONU en 2023 a petición del Gobierno haitiano a causa de los elevados índices de violencia en el país, uno de los más peligrosos del mundo. Actualmente, sigue sumido en una crisis humanitaria ya cronificada y su capital, Puerto Príncipe, está gobernada en la práctica por bandas criminales.
Las cuatro acusaciones se remitieron al comandante de la MSS para una investigación adecuada y la adopción de medidas correctivas, pero el informe no aporta más información sobre qué ocurrió finalmente con ellas y si se ha realizado ya alguna indagación o rendición de cuentas.
La puesta en marcha de la MSS no estuvo exenta de polémica debido al historial previo de abusos por parte de distintas misiones de la ONU o relacionadas con la organización. La MSS estaba formada por alrededor de 1.000 efectivos procedentes principalmente de Kenia, pero también de Barbados, Jamaica y Antigua y Barbuda. Fue desmantelada a finales del año pasado porque ya cumplió el plazo de su mandato y en su lugar arrancó otra similar, esta vez bajo el nombre de Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), también aprobada por la ONU y financiada por EE UU y Canadá. A principios de este mes se prevé que llegue un refuerzo militar con efectivos de Guatemala, Bangladés y Chad.
Historial de abusos en Haití
Las misiones de la ONU en Haití presentan un largo historial de controversias. El primer gran escándalo fue el de los abusos sexuales a menores de edad entre 2004 y 2007 por parte de 134 cascos azules de Sri Lanka. Hubo una investigación interna de la ONU que demostró la veracidad de lo que calificó como “abusos frecuentes” y extendidos en múltiples bases, y también que entre las víctimas había niños de solo 12 años. Otra investigación de la agencia de noticias AP reveló que algunos de los menores eran obligados a mantener relaciones sexuales con decenas de soldados, a los que también se acusó de haber propagado el cólera. Pese a la gravedad de los hechos, ningún soldado fue procesado penalmente, y la única medida fue la repatriación de los acusados a su país de origen.
Otro de los casos más sonados fue el de los abusos sistemáticos por parte de miembros de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH). Una investigación de las universidades de Birmingham y Queens reveló que más de 2.000 mujeres y niñas habían sufrido abusos sexuales y que prácticas como cambiar sexo por comida o dinero, aprovechándose de la situación de pobreza de las víctimas, eran recurrentes. Una consecuencia de estas agresiones fue el nacimiento de cientos de niños que fueron abandonados por sus padres, soldados violadores, repatriados en cuanto se iban conociendo los casos de embarazo.
Gracias a las pesquisas, se pudieron documentar 265 casos de paternidad no reconocida. La ONU también investiga esas filiaciones, pero las trabas administrativas, la lentitud de la burocracia y la falta de financiación han impedido que hasta ahora se esclarezcan todos los casos.
A diciembre de 2025, se había registrado un total de 1.174 demandas de paternidad vinculadas con casos de explotación y abusos sexuales, de las que en 779 está implicado personal de las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Hasta la fecha solo se ha determinado la paternidad en 24 casos. El resto de demandas implican a personal que no forma parte de las operaciones de paz o a personal de servicios asociados y en 42 de ellas se ha podido establecer la paternidad.
La MINUSTAH fue la operación más extensa desarrollada por la ONU en el país caribeño y su propósito era colaborar con las instituciones locales para luchar contra el crimen organizado, pero su mandato se acabó extendiendo debido al terremoto de 2010 y al huracán Matthew de 2016. En total, la misión permaneció en Haití entre los años 2004 y 2017.
Si bien las cuatro denuncias de Haití son las únicas definidas como “fundadas” por la ONU, no fueron las únicas presentadas. En 2025 se registraron denuncias de explotación y abusos sexuales referidas a 568 víctimas, de las que 158 eran niños. De ellas, 298 fueron contra personal asociado, es decir, ONG y contratistas; 167 contra personal de la ONU; 51 contra personal de misiones de paz y solo cuatro, las de Haití, contra fuerzas externas. De hecho, la mayoría fueron puestas en África: 24 en República Democrática del Congo y 20 en República Centroafricana. Asimismo, hubo casos en Sudán del Sur e Irak y Abyei (zona disputada entre Sudán y Sudán del Sur). El informe se refiere a casos “confirmados” a nivel global, pero solo en el caso de Haití especifica de forma explícita que todas las denuncias registradas fueron corroboradas.
En su análisis, Guterres recuerda que existen mecanismos de asistencia para ellas y que se sigue capacitando a defensores de derechos humanos (390 en el último año) para asistir a los afectados y a los testigos, pero la aplicación de medidas eficientes sigue siendo fragmentaria y se ve muy obstaculizada por la falta de recursos. “Las promesas que han hecho a las víctimas las Naciones Unidas, los Estados Miembros y sus asociados siguen, en su mayoría, sin cumplirse”, lamenta el secretario general. Los datos de Naciones Unidas indican que, en 2025, el 27% de las víctimas conocidas recibieron asistencia, el 33% no recibieron ningún tipo de asistencia y en el 40% de los casos se desconoce el resultado.
El informe se refiere también a una reducción de denuncias con respecto a años anteriores, lo que puede obedecer a dos razones: por una parte, a que las iniciativas de prevención están dando resultado, pero también a la disminución en el número de miembros del personal de mantenimiento de la paz desplegados y el cierre o la reducción de algunas misiones.
