El Gobierno ha dado luz verde a una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible, elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este documento fija 100 metas con el objetivo de «reforzar el estado del bienestar» y situar a España como referente a nivel mundial en desarrollo sostenible. Entre las medidas más destacadas figura la implantación de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad, una iniciativa que, si se confirma en esos términos, tendría un impacto presupuestario significativo.. Según el Ejecutivo, 75 de las 100 medidas amplían los objetivos internacionales con políticas adaptadas a las administraciones españolas. El plan incluye propuestas como triplicar la inversión en vivienda y extender la protección social contra la pobreza infantil con voluntad de universalidad.. La prestación por crianza tiene como meta llegar al 100% de las familias con hijos a cargo para erradicar la pobreza infantil más severa antes de 2030, según confirmaron fuentes del Ministerio de Consumo a Ep. Sin embargo, la referencia oficial aprobada por el Consejo de Ministros no detalla ni la cuantía concreta ni el calendario de aplicación.. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, aseguró que esta estrategia es la respuesta de España a un contexto internacional complicado, marcado por crisis y retrocesos en derechos. Explicó que el plan se basa en estos grandes ejes: reforzar el estado del bienestar, impulsar una economía circular y avanzar en la justicia social, laboral y ambiental. No obstante, la estrategia fija su horizonte en 2030, aunque en 2027 habrá elecciones generales, lo que introduce incertidumbre sobre su continuidad.. Reducir la pobreza infantil cuesta casi 20.000 millones. Desde el punto de vista económico, el debate se centra en el coste de la medida. El estudio «El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil», presentado por Unicef en noviembre de 2025, estima que una prestación universal de 200 euros mensuales por hijo podría reducir la pobreza infantil en 7,1 puntos porcentuales y sacar de esa situación a unos 530.000 menores. Según sus cálculos, el coste bruto anual de una ayuda de 100 euros por menor ascendería a 9.052 millones de euros, mientras que elevarla a 200 euros duplicaría prácticamente la factura hasta 18.103 millones anuales.. Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la medida y asegura que existen recursos para implantar «de manera gradual» la prestación universal de 200 euros al mes por hijo a cargo con el objetivo de reducir la pobreza infantil en España. Según la ministra, «la pobreza infantil tiene un coste de casi 65.000 millones de euros y erradicarla supondría entre 11.000 y 15.000 millones».. Otras estimaciones elevan aún más la factura. Un estudio de la Fundación Iseak calculó en 2024 que una prestación de 200 euros por hijo supondría un coste de 19.276 millones de euros al año, lo que equivaldría a 1.606 millones mensuales.
El Gobierno ha dado luz verde a una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible, elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este documento fija 100 metas con el objetivo de «reforzar el estado del bienestar» y situar a España como referente a nivel mundial en desarrollo sostenible. Entre las medidas más destacadas figura la implantación de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad, una iniciativa que, si se confirma en esos términos, tendría un impacto presupuestario significativo.. Según el Ejecutivo, 75 de las 100 medidas amplían los objetivos internacionales con políticas adaptadas a las administraciones españolas. El plan incluye propuestas como triplicar la inversión en vivienda y extender la protección social contra la pobreza infantil con voluntad de universalidad.. La prestación por crianza tiene como meta llegar al 100% de las familias con hijos a cargo para erradicar la pobreza infantil más severa antes de 2030, según confirmaron fuentes del Ministerio de Consumo a Ep. Sin embargo, la referencia oficial aprobada por el Consejo de Ministros no detalla ni la cuantía concreta ni el calendario de aplicación.. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, aseguró que esta estrategia es la respuesta de España a un contexto internacional complicado, marcado por crisis y retrocesos en derechos. Explicó que el plan se basa en estos grandes ejes: reforzar el estado del bienestar, impulsar una economía circular y avanzar en la justicia social, laboral y ambiental. No obstante, la estrategia fija su horizonte en 2030, aunque en 2027 habrá elecciones generales, lo que introduce incertidumbre sobre su continuidad.. Desde el punto de vista económico, el debate se centra en el coste de la medida. El estudio «El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil», presentado por Unicef en noviembre de 2025, estima que una prestación universal de 200 euros mensuales por hijo podría reducir la pobreza infantil en 7,1 puntos porcentuales y sacar de esa situación a unos 530.000 menores. Según sus cálculos, el coste bruto anual de una ayuda de 100 euros por menor ascendería a 9.052 millones de euros, mientras que elevarla a 200 euros duplicaría prácticamente la factura hasta 18.103 millones anuales.. Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la medida y asegura que existen recursos para implantar «de manera gradual» la prestación universal de 200 euros al mes por hijo a cargo con el objetivo de reducir la pobreza infantil en España. Según la ministra, «la pobreza infantil tiene un coste de casi 65.000 millones de euros y erradicarla supondría entre 11.000 y 15.000 millones».. Otras estimaciones elevan aún más la factura. Un estudio de la Fundación Iseak calculó en 2024 que una prestación de 200 euros por hijo supondría un coste de 19.276 millones de euros al año, lo que equivaldría a 1.606 millones mensuales.
