El parque de vivienda en España afronta uno de sus mayores retos en las próximas décadas. Buena parte de los edificios que forman el mercado residencial actual fueron construidos hace varias décadas y necesitan adaptarse a nuevos estándares de eficiencia energética. Según el informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, la vivienda usada en España tiene una edad media de 43,5 años, una cifra que refleja la antigüedad de miles de inmuebles que todavía presentan carencias en aislamiento, climatización o consumo energético.. Esta realidad afecta especialmente a los hogares con menos recursos, que en muchos casos habitan viviendas más antiguas y con mayores necesidades de rehabilitación. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, en 2025 un 34,4 % de los hogares españoles consideraba necesarias reformas para mejorar la eficiencia energética de su vivienda o edificio. La diferencia económica también resulta evidente, ya que el 51,2 % de los hogares con ingresos bajos que vivían en viviendas construidas antes de 1960, es decir, con más de 46 años de antigüedad, necesitaban mejoras, frente al 27,5 % de los hogares con ingresos más altos.. Ante esta situación, la Unión Europea ha puesto en marcha una nueva hoja de ruta que obligará a los Estados miembros a acelerar la rehabilitación energética del parque inmobiliario. La medida se recoge en la Directiva (UE) 2024/1275 de Eficiencia Energética de los Edificios. Su objetivo es reducir el consumo energético, disminuir las emisiones contaminantes y avanzar hacia un parque inmobiliario europeo descarbonizado en 2050. Aunque la norma no establece una prohibición automática general de vender o alquilar viviendas con baja calificación energética, sí fija obligaciones de reducción del consumo y obliga a España a desarrollar nuevas medidas para mejorar la eficiencia de sus edificios.. La directrices que debe seguir España a partir de 2030. El primer gran horizonte marcado por la normativa europea se sitúa en 2030. Para esa fecha, los Estados miembros deberán impulsar una reducción significativa del consumo energético medio de los edificios residenciales y avanzar en la transformación del parque inmobiliario. Las viviendas con peores calificaciones, especialmente las clasificadas como F y G, serán las que previsiblemente necesitarán más actuaciones para adaptarse a los nuevos objetivos. Posteriormente, en 2033, la exigencia aumentará con la intención de que los edificios residenciales alcancen niveles de eficiencia superiores, mientras que el objetivo final será que en 2050 todo el parque inmobiliario europeo alcance la neutralidad energética.. Un cambio que afectará a miles de viviendas españolas. El impacto en España será especialmente relevante por la antigüedad de muchas construcciones y el ritmo actual de rehabilitación. Solo alrededor del 20% de los hogares españoles dispone actualmente de una calificación energética superior a la clase E. El Gobierno prevé renovar aproximadamente 1,2 millones de viviendas antes de 2030, aunque entre 2021 y 2023 únicamente se rehabilitaron 102.734 viviendas, según datos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.. Para mejorar la eficiencia, los propietarios podrán recurrir a medidas como el aislamiento térmico exterior, que puede mejorar hasta un 30% el rendimiento energético, la instalación de ventanas eficientes con mejoras similares o la sustitución de sistemas antiguos por tecnologías como la aerotermia y las bombas de calor.. Las medidas serán aplicadas por cada país. La aplicación de esta transformación dependerá del desarrollo normativo que realice España, con la participación de instituciones como el Gobierno, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. La normativa europea se suma al marco español existente, como el Real Decreto 390/2021, que regula la certificación energética de los edificios, y el Código Técnico de la Edificación, que establece requisitos de ahorro energético. La Unión Europea establece objetivos para reducir el consumo energético y avanzar hacia un parque inmobiliario más eficiente, mientras que serán los Estados miembros quienes definan las medidas concretas.
El parque de vivienda en España afronta uno de sus mayores retos en las próximas décadas. Buena parte de los edificios que forman el mercado residencial actual fueron construidos hace varias décadas y necesitan adaptarse a nuevos estándares de eficiencia energética. Según el informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, la vivienda usada en España tiene una edad media de 43,5 años, una cifra que refleja la antigüedad de miles de inmuebles que todavía presentan carencias en aislamiento, climatización o consumo energético.. Esta realidad afecta especialmente a los hogares con menos recursos, que en muchos casos habitan viviendas más antiguas y con mayores necesidades de rehabilitación. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, en 2025 un 34,4 % de los hogares españoles consideraba necesarias reformas para mejorar la eficiencia energética de su vivienda o edificio. La diferencia económica también resulta evidente, ya que el 51,2 % de los hogares con ingresos bajos que vivían en viviendas construidas antes de 1960, es decir, con más de 46 años de antigüedad, necesitaban mejoras, frente al 27,5 % de los hogares con ingresos más altos.. Ante esta situación, la Unión Europea ha puesto en marcha una nueva hoja de ruta que obligará a los Estados miembros a acelerar la rehabilitación energética del parque inmobiliario. La medida se recoge en la Directiva (UE) 2024/1275 de Eficiencia Energética de los Edificios. Su objetivo es reducir el consumo energético, disminuir las emisiones contaminantes y avanzar hacia un parque inmobiliario europeo descarbonizado en 2050. Aunque la norma no establece una prohibición automática general de vender o alquilar viviendas con baja calificación energética, sí fija obligaciones de reducción del consumo y obliga a España a desarrollar nuevas medidas para mejorar la eficiencia de sus edificios.. La directrices que debe seguir España a partir de 2030. El primer gran horizonte marcado por la normativa europea se sitúa en 2030. Para esa fecha, los Estados miembros deberán impulsar una reducción significativa del consumo energético medio de los edificios residenciales y avanzar en la transformación del parque inmobiliario. Las viviendas con peores calificaciones, especialmente las clasificadas como F y G, serán las que previsiblemente necesitarán más actuaciones para adaptarse a los nuevos objetivos. Posteriormente, en 2033, la exigencia aumentará con la intención de que los edificios residenciales alcancen niveles de eficiencia superiores, mientras que el objetivo final será que en 2050 todo el parque inmobiliario europeo alcance la neutralidad energética.. Un cambio que afectará a miles de viviendas españolas. El impacto en España será especialmente relevante por la antigüedad de muchas construcciones y el ritmo actual de rehabilitación. Solo alrededor del 20% de los hogares españoles dispone actualmente de una calificación energética superior a la clase E. El Gobierno prevé renovar aproximadamente 1,2 millones de viviendas antes de 2030, aunque entre 2021 y 2023 únicamente se rehabilitaron 102.734 viviendas, según datos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.. Para mejorar la eficiencia, los propietarios podrán recurrir a medidas como el aislamiento térmico exterior, que puede mejorar hasta un 30% el rendimiento energético, la instalación de ventanas eficientes con mejoras similares o la sustitución de sistemas antiguos por tecnologías como la aerotermia y las bombas de calor.. Las medidas serán aplicadas por cada país. La aplicación de esta transformación dependerá del desarrollo normativo que realice España, con la participación de instituciones como el Gobierno, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. La normativa europea se suma al marco español existente, como el Real Decreto 390/2021, que regula la certificación energética de los edificios, y el Código Técnico de la Edificación, que establece requisitos de ahorro energético. La Unión Europea establece objetivos para reducir el consumo energético y avanzar hacia un parque inmobiliario más eficiente, mientras que serán los Estados miembros quienes definan las medidas concretas.
