La justicia británica ha dado la razón a todos aquellos que desde hace casi un año consideraban que el Gobierno laborista de Keir Starmer había cruzado una barrera muy peligrosa para los derechos y las libertades de los británicos, al declarar organización terrorista al grupo Acción Palestina. Tres magistrados del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales han declarado ilegal aquella decisión, que entró en vigor el pasado mes de junio y provocó desde entonces las detenciones de más de 2.700 personas que salieron a la calle a dar su respaldo a la organización proscrita.. Seguir leyendo
La prohibición de esta organización la equipara a organizaciones como Estado Islámico o Al Qaeda
La prohibición del Gobierno británico del grupo Acción Palestina como organización terrorista es ilegal, ha dictaminado este viernes el Tribunal Superior de Londres tras una impugnación legal presentada por el cofundador de esta organización propalestina, informa Reuters. Acción Palestina fue proscrita el pasado mes de julio, en medio de crecientes ataques a empresas de defensa vinculadas a Israel, en particular Elbit Systems, en el Reino Unido, a menudo bloqueando entradas o rociando pintura roja. Todo, en medio de la más sangrienta operación del Estado judío sobre la franja de Gaza donde desde octubre de 2023 ataques israelíes han matado a más de 70.000 personas.
La prohibición equiparó a Acción Palestina con el Estado Islámico o Al Qaeda y tipificó como delito ser miembro, lo que conlleva una pena máxima de 14 años de prisión. Los abogados que representan a Huda Ammori, cofundadora de Acción Palestina en el año 2020, argumentaron durante una audiencia el año pasado que la medida constituía una restricción autoritaria del derecho a la protesta. El Tribunal Superior admitió dos motivos de impugnación, incluyendo que la prohibición constituía una interferencia desproporcionada en el derecho a la libertad de expresión y la libertad de reunión.
La jueza Victoria Sharp ha declarado, sin embargo, que la prohibición se mantendría en vigor para dar tiempo a los abogados de Ammori y del Ministerio del Interior para que se dirigieran al tribunal sobre si debía levantarse en espera de cualquier apelación.
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