La jueza del caso Adamuz reprende a Adif por extraer “materiales de interés para la causa” antes de tener permiso para reconstruir el punto del siniestro

La cadena de custodia de rastros del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha levantado una densa polvareda en torno al caso que lleva la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, también n la provincia cordobesa. Y ha sido, según una providencia del 10 de febrero firmada por la jueza Cristina Pastor, por la recogida de posibles pruebas realizada por el gestor de la infraestructura Adif y su traslado a un almacén propio en la localidad cordobesa de Hornachuelos. “Se requiere a Adif para que se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción o traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa y práctica de cualquier prueba sobre el material extraído, si no es previa autorización judicial, así como la restitución inmediata del material que obre en su poder, todo ello bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal que resultara procedente”, se puede leer en la providencia.

Unos días antes, el 26 de enero, la compañía pública requirió a la jueza sustituta, María Jesús Salamanca Serrano, permiso de entrada con maquinaria pesada en el lugar donde descarriló, el 18 de enero, el tren de alta velocidad de Iryo que provocó la inmediata colisión de un convoy Alvia de Renfe que viajaba en sentido contrario. El balance fue de 46 víctimas mortales.

La jueza Salamanca reaccionó a la reclamación de Adif el 27 de enero, con un procedimiento de diligencias previas en el que autorizó a la empresa dependiente del Ministerio de Transportes a acceder al lugar del accidente ferroviario “siempre que todos vestigios y pruebas materiales que se recojan por parte de Adif deberán estar perfectamente detalladas, de modo que en todo momento se informe a este Juzgado el lugar de su depósito, el estado en que se hallen y la descripción todas las actuaciones que se realicen en ellos mediante la remisión del correspondiente informe de actuación, quedando a disposición de la Autoridad Judicial”.

Adif quería entrar en la zona afectada “con medios técnicos y personal especializado al objeto de ejecutar las labores de reconstrucción y reparación necesarias en la infraestructura para restablecer el servicio ferroviario, por tratarse de actuaciones urgente y de interés general”, argumentó ante la jueza sustituta, que estaba a punto de dar el relevo a la titular Cristina Pastor. Con el permiso judicial en la mano, la gestora de la infraestructura procedió a retirar rastros del siniestro, que no habían sido recopilados por la Guardia Civil ni por efectivos de la investigación técnica de la CIAF para almacenarlos en dependencias de la compañía situadas en Hornachuelos (Córdoba).