La Iglesia Católica Española se opone una vez más a la terminación de su acuerdo con el Gobierno para compensar a las víctimas de pedofilia, supervisado por el Defensor del Pueblo. Las tres instituciones habían planeado firmar el protocolo el jueves, en el que se exponían los pasos para ejecutar los procedimientos para solicitar y pagar tales reparaciones. Fuentes cercanas al asunto informan a este periódico que el tema se centra en las cantidades, que serán administradas únicamente por el liderazgo de la iglesia. El Defensor del Pueblo también puede examinar las indemnizaciones ya pagadas internamente por la Iglesia, que según las asociaciones de víctimas han sido frecuentemente «ridículas y humillantes». La Conferencia Episcopal Española (CEE) publicó un tuit el miércoles afirmando que «sigue trabajando hacia el acuerdo» con el Defensor del Pueblo y el gobierno «para proporcionar a las víctimas un nuevo camino hacia el plan de reparación lo antes posible, uno que pueda curar el daño infligido».
La Iglesia católica española se resiste de nuevo a dar por cerrado el acuerdo con el Gobierno para pagar las indemnizaciones a las víctimas de pederastia bajo la supervisión del Defensor del Pueblo. Las tres instituciones tenían previsto firmar este jueves el protocolo que marcará los pasos de cómo ejecutar los procedimientos para solicitar y abonar dichas reparaciones. Fuentes conocedoras del proceso señalan a este periódico que el problema gira en torno a las cuantías, de las que se hará cargo en exclusiva la jerarquía eclesial. También sobre si el Defensor es competente para revisar las indemnizaciones que la Iglesia ya ha pagado internamente, las cuales, según las asociaciones de víctimas han sido, en muchas ocasiones, “ridículas y humillantes”. La Conferencia Episcopal Española (CEE) publicó un tuit este miércoles en el que afirmaba que “continúa el trabajo para el acuerdo” con el Defensor y el Ejecutivo “con el objetivo de ofrecer cuanto antes un nuevo camino de acceso a las víctimas al plan de reparación que pueda sanar el daño causado”.
La noticia de que la Iglesia asumiría el coste de las reparaciones de los casos de pederastia prescritos con el arbitraje ocurrió el 8 de enero. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, firmó un convenio con el presidente de la CEE, el arzobispo Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), en el que aceptaban que el Defensor del Pueblo fuera el organismo que revisase cada caso y estableciera las cuantías. La jerarquía eclesial podrá recurrir las resoluciones del Defensor, pero aceptó que el organismo dirigido por Ángel Gabilondo tenga la última palabra. “Queremos asumir nuestra propia responsabilidad”, declaró Argüello durante una rueda de prensa tras la firma del acuerdo.
Bolaños avanzó entonces que en un mes volvería a rubricar un protocolo con los líderes de los obispos y las órdenes religiosas, y también con el Defensor del Pueblo para que los procedimientos comenzasen cuanto antes. Pero dos meses después, aún no hay acuerdo. Los detalles de ese nuevo documento debían contener, entre otras cuestiones, los baremos de las indemnizaciones.
Fuentes episcopales señalan a este diario que “la pasta” es el conflicto que “más tensión genera” dentro de la Iglesia. La fricción también gira en torno al Priva (plan de reparación integral de víctimas de abusos), una comisión creada hace más de un año por la CEE y la Confer para gestionar internamente y sin garantías las reparaciones de los casos de abusos que les llegan a través de sus oficinas. Las cuantías van de los 1.000 hasta los 91.000 euros, en ocasiones difieren entre unos casos y otros, a pesar de ser similares. Un ejemplo: dos víctimas que sufrieron abusos parecidos (tocamientos), una en un colegio salesiano y otra en los jesuitas, recibieron dos cuantías diferentes. Una recibió 3.000 euros y otra 30.000, respectivamente. Diez veces más.
Las asociaciones de víctimas reclamaron antes de la firma del acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno en enero que se contemplara la posibilidad de que las personas disconformes con estas reparaciones que ya han pagado los obispos y las órdenes religiosas tuvieran la posibilidad de acudir al Defensor del Pueblo. En el documento rubricado, finalmente, aparece que la comisión Priva será la que reciba los informes del Defensor de cada caso con el fin de que esta “manifieste su conformidad, o su oposición motivada a la propuesta”.
En este punto, la Iglesia puede remitir información de dicho caso si ya lo ha investigado internamente o, dado el caso, para informar si ya ha reparado a la víctima “con el fin de evitar duplicidades”. Aunque no matiza si una víctima puede volver a ser reparada a través de este nuevo procedimiento, tanto fuentes de la CEE como del ministerio afirmaron entonces que sería posible, tras estudiar cada solicitud. No obstante, fuentes conocedoras del proceso avanzaron anoche a Vida Nueva que esta situación puede cuestionar ahora “la labor de los profesionales designados por la Iglesia” y convertir la oficina del Defensor en “un tribunal de apelación”.
Otras fuentes episcopales han señalado al medio Religión Digital que, junto a este asunto, los obispos ven con malos ojos que Bolaños acuda este viernes al Vaticano junto a Felipe VI para visitar a León XIV, y que utilice la firma del protocolo como un triunfo del Gobierno ante el secretario de Estado, Pietro Parolin. No obstante, no está programada una visita oficial de Bolaños con este alto cargo.
La próxima implantación de este modelo de reparación llega tras la constante negativa de la CEE de hacer frente al escándalo y siete años después de que EL PAÍS pusiera en marcha una investigación sobre los casos de pederastia en el clero. El trabajo de este diario provocó, entre otras medidas, que el Congreso encomendase en 2022 por mayoría absoluta al Defensor un informe sobre la magnitud de los delitos y una batería de recomendaciones, entre las que se incluía la reparación de los afectados. Fuentes episcopales han revelado a este periódico que el papa León XIV exhortó en noviembre a la CEE durante una reunión con la comisión ejecutiva en el Vaticano a que resolvieran cuanto antes el conflicto con el Gobierno español para indemnizar a las víctimas de pederastia. El asunto llevaba atascado año y medio por parte de los obispos, que definían la propuesta del Gobierno de “un juicio condenatorio” a la Iglesia.
