La Fiscalía ha mostrado su oposición a las quejas que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor ministerial Koldo García han presentado contra la sentencia en la que se les condena a 24 años y tres meses de cárcel y 19 años y ocho meses, respectivamente. “Están abocadas al fracaso”, ha asegurado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Al igual que el ministerio público, el conseguidor de la trama, Víctor de Aldama ―que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, pero se libró de entrar en prisión―, también ha pedido al Tribunal Supremo que desestime la reclamación que presentaron Ábalos y García.. Seguir leyendo
Aldama también pide al alto tribunal que desestime los incidentes de nulidad presentados por el exministro y el exasesor de Transportes
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La Fiscalía ha mostrado su oposición a las quejas que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor ministerial Koldo García han presentado contra la sentencia en la que se les condena a 24 años y tres meses de cárcel y 19 años y ocho meses, respectivamente. “Están abocadas al fracaso”, ha asegurado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Al igual que el ministerio público, el conseguidor de la trama, Víctor de Aldama ―que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, pero se libró de entrar en prisión―, también ha pedido al Tribunal Supremo que desestime la reclamación que presentaron Ábalos y García.
En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el fiscal sostiene que ambos incidentes de nulidad ―una reclamación con remotas posibilidades de prosperar, pero que es un requisito imprescindible para poder recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional― “están abocados al fracaso y deben ser desestimados” porque “desbordan claramente el objeto de este remedio”. Luzón afea a Ábalos y García que pretendan que el Supremo “rectifique” su criterio “basándose para ello en argumentos coincidentes con los que ya han sido motivadamente desestimados por la Sala en su sentencia”.
La defensa de Ábalos aseguraba, entre otras cuestiones, que la resolución del pasado junio había vulnerado su derecho al juez predeterminado por ley, al entender que el Supremo debió enviar su caso a la Audiencia Nacional cuando renunció a su escaño en el Congreso y dejó de ser aforado. El que fuera titular de Transportes y secretario de Organización del PSOE dejó su acta de diputado el 28 de enero, pero para entonces el Supremo ya había abierto juicio oral en su contra, que es el límite que marca la doctrina del alto tribunal para poder cambiar el tribunal de enjuiciamiento de un aforado.
Ábalos, García y Aldama fueron juzgados en abril y mayo por la Sala de lo Penal del Supremo. Antes del juicio y durante el mismo, el exministro insistió en este argumento ―que su caso debía quedar en manos de la Audiencia Nacional―, pero el alto tribunal lo desestimó.
La Fiscalía considera que “sería procesalmente incorrecto” que los magistrados entrasen de nuevo “en dialéctica” con Ábalos y García “cuando ya ha dado cumplida y motivada respuesta”. Así, insiste en que el hecho de que la contestación del tribunal no sea de “satisfacción” para el exministro y su exasesor no es suficiente para que el Supremo vuelva a pronunciarse sobre cuestiones ya planteadas. Además, apunta que, dado que las quejas se limitan a “reproducir pretensiones ya examinadas”, se les debe imponer el pago de las costas.
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