Este martes ha terminado en la Audiencia Provincial de León el juicio a varios empresarios mineros leoneses acusados de delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran probado que defraudaron 2,1 millones de euros entre 2011 y 2013 al hacer pasar carbón de exterior como si fuese material extraído de las minas, subvencionado con fondos públicos. La Fiscalía pide penas de hasta 12 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública. La información llegó a la Agencia Tributaria por parte de una persona conocedora del entramado ilícito en la mina leonesa de Santa Lucía, que alertó de un desfalco de hasta 14 millones entre 2011 y 2015, a razón de unos 3,5 millones anuales, pero que ya en 2001 detectó procedimientos similares. La red ilícita operaba de forma “deliberada y pactada” mediante una relación triangular entre varias empresas relacionadas.. Seguir leyendo
Este martes ha terminado en la Audiencia Provincial de León el juicio a varios empresarios mineros leoneses acusados de delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran probado que defraudaron 2,1 millones de euros entre 2011 y 2013 al hacer pasar carbón de exterior como si fuese material extraído de las minas, subvencionado con fondos públicos. La Fiscalía pide penas de hasta 12 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública. La información llegó a la Agencia Tributaria por parte de una persona conocedora del entramado ilícito en la mina leonesa de Santa Lucía, que alertó de un desfalco de hasta 14 millones entre 2011 y 2015, a razón de unos 3,5 millones anuales, pero que ya en 2001 detectó procedimientos similares. La red ilícita operaba de forma “deliberada y pactada” mediante una relación triangular entre varias empresas relacionadas.
Los implicados, que han declarado en la Audiencia durante varias sesiones esta semana y la pasada, actuaban en una mina que llevaba 40 años abierta. La información remitida a las autoridades conllevó una querella de la Fiscalía de León contra la empresa Hullera Vasco Leonesa, una de las compañías más importantes en la minería de esta comunidad y salpicada históricamente por diversos escándalos; y Transportes Peal y Remisa, subcontratadas por esta.
Los citados son los magnates mineros Antonio y Arturo del Valle y Mario Calvo, José Manuel Alonso y Francisco Luengo, de cuyas intervenciones en esta trama juzgada en León da cuenta el informe dirigido a los investigadores. La Fiscalía les atribuye directamente tres delitos contra la Hacienda Pública a cada uno, uno por cada año evaluado. A los Del Valle les reclama 12 en total y a Alonso y Luengo siete años y medio como cooperadores necesarios. La fiscal, que en contra de lo habitual no ha facilitado a la prensa los escritos de acusación durante el proceso ni ha comunicado la multa solicitada, se ha expresado así este martes durante la última jornada: “Todos conocían los hechos y tomaban decisiones en común, tal y como se ve en los correos electrónicos aportados a la causa y que demuestran este concierto”. El abogado del Estado ha corroborado la tesis de la investigación: “Se cogía carbón de fuera, se hacía pasar por carbón de interior y se cobraba cinco veces más de subvención”.
La agencia Efe ha informado de que Antonio del Valle, presidente entonces de la Hullera Vasco-Leonesa, negó durante su declaración su implicación en la preparación de las facturas y en las finanzas de la entidad, alegó que no se les pidió documentación. “Nunca se pusieron en duda las cuentas”, afirmó, destacando que existiría una auditoría constante. Arturo del Valle, vicepresidente y consejero delegado de la entidad, sostuvo que nunca hubo informes desfavorables, expedientes ni sanciones. Los Del Valle salieron recientemente impunes de un juicio por la muerte de seis mineros en una de sus minas en 2013.
Alonso, administrador del Grupo Peal y Remisa, simplemente ha comentado que la gran empresa que contrataba sus servicios lo hacía para extraer a cielo abierto y trasladar en camiones el material y que no le constaban, ni hubiera permitido, una facturación irreal como la que revelan los documentos aportados a la causa por el denunciante. Estos archivos revelaban que se inflaba la producción en torno al 20% para obtener esas subvenciones estatales haciendo pasar carbón del exterior por mineral obtenido en los tajos.
Luengo, a cargo de las extracciones exteriores de Santa Lucía, ha añadido que la inspección nunca pidió los análisis topográficos donde se estima que había trampa: se manipularían las ponderaciones para hacer creer que había más carbón de interior que el real, que se suplía con lo de fuera. Calvo, que fue director general de Hullera Vasco-Leonesa, ha negado tener idea sobre facturas elevadas porque no le correspondían. Las defensas han pedido la absolución.
EL PAÍS ha accedido a los más de 3.000 archivos remitidos a la Agencia Tributaria. Según estos datos, la minería de interior en 2014 rondaba una producción de entre 500 y 900 toneladas diarias. La producción declarada en diciembre de 2014 apuntaba a entre 3.500 y 4.000 toneladas diarias, lo que los investigadores entienden que supondría multiplicar la producción de interior y muestra de que se aportaba carbón de cielo abierto a la minería de interior.
Un perito de la Agencia Tributaria responsable de Inspecciones aseguró ante el juez que de las pesquisas recabó viajes “inventados” para recoger carbón, que se apuntaban a mano y no tenían señalados sus conductores o kilómetros frente a los reglados, más detallados, y que también había facturas “poco habituales”. El perito apreció diferencias entre el volumen real y el facturado de entre el 17% y el 28% entre 2011 y 2013, sumando los 2,1 millones de estafa.
El informe clave para la denuncia recoge que los empresarios realizaban informes de producción día a día y cada mes con el volumen falso almacenado, “consiguiendo a fin de mes un incremento en la producción total de un 20-25%, con lo que se incrementa fraudulentamente la facturación”. Los gerentes se compincharon con el área de Topografía para adecuar los niveles a lo conveniente. Las tablas de Excel que propiciaron la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en primavera de 2016 plasmaban la minuciosidad de su operativo ilegal, con columnas incriminatorias: “Viajes reales”, “producción real”, “viajes incrementados”, “producción incrementada”, “incrementos”, cada cual con sus números asociados.
El confesor incorporó fotos aéreas de camiones vertiendo material a las minas, haciendo pasar el material exterior por carbón de interior, imágenes de vehículos pesados transportándolo a los yacimientos, montículos de carbón de cielo abierto que serían posteriormente introducidos y camiones llenos esperando turno para descargar en los tajos.
