La exedil de Móstoles que pidió durante meses a los órganos internos del Partido Popular que actuaran ante la situación de acoso de la que aseguraba ser víctima por parte del alcalde, Manuel Bautista —cuyo caso desveló EL PAÍS—, ha decidido finalmente acudir a los tribunales. Su letrado, Antonio Suárez-Valdés, presentó este lunes en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles (Madrid) una querella de 93 folios por presuntos delitos de acoso sexual y laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. Los hechos se atribuyen tanto a Bautista como al propio Partido Popular como persona jurídica, en aplicación del artículo 184.5 y 31 bis del Código Penal.. Seguir leyendo
La exedil de Móstoles que pidió durante meses a los órganos internos del Partido Popular que actuaran ante la situación de acoso de la que aseguraba ser víctima por parte del alcalde, Manuel Bautista —cuyo caso desveló EL PAÍS—, ha decidido finalmente acudir a los tribunales. Su letrado, Antonio Suárez-Valdés, presentó este lunes en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles (Madrid) una querella de 93 folios por presuntos delitos de acoso sexual y laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. Los hechos se atribuyen tanto a Bautista como al propio Partido Popular como persona jurídica, en aplicación del artículo 184.5 y 31 bis del Código Penal.
El caso, según el relato que ofreció la mujer ante el PP, comenzó con proposiciones sexuales explícitas y no deseadas por parte del alcalde y continuó con la difusión de rumores falsos sobre una supuesta relación afectivo-sexual entre ambos. Ese escenario habría derivado en un clima de hostigamiento laboral que le impidió desempeñar con normalidad sus funciones como concejala. La presión le afectó tanto que acabó entregando el acta y solicitando la baja como afiliada del partido, en el que militaba desde 2010. En este contexto, el escrito argumenta que concurrirían no solo conductas encuadrables en el delito de acoso sexual, sino también en el ámbito del acoso laboral y en el delito contra la integridad moral.
El escrito pide que declaren como testigos once personas, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano; y la dirigente popular Ana Millán. La inclusión de estos nombres responde, según la defensa, al papel que desempeñaron en la gestión interna del caso una vez que la concejala puso en conocimiento del partido lo que estaba ocurriendo.
Durante meses, la entonces edil pidió al PP de Madrid que investigara los hechos y que se activaran los protocolos internos previstos para situaciones de acoso. Tras dirigirse al gabinete de la presidenta Díaz Ayuso, fue remitida a su número dos, Alfonso Serrano, quien a su vez designó a Ana Millán como interlocutora con la concejala. En una reunión celebrada el 11 de marzo de 2024, a la que se incorporó más tarde Serrano, Millán trató de forma insistente de disuadir a la edil de acudir a los tribunales empleando expresiones como “protegerte es no hacer nada”, “una denuncia pública no te beneficiaría”, “ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir”, “llegados a este punto en el que no puedes más y vas a denunciar, ¿de verdad que te merece la pena por tus hijos, por ti, por tu padre?“, o “en seis meses te han destruido psicológicamente”.
La mujer no hizo pública su denuncia en ese momento y continuó solicitando al partido que actuara por la vía interna. Pero el PP madrileño no adoptó ninguna medida efectiva, según su relato. Finalmente acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías, órgano encargado de velar por el cumplimiento de los estatutos del partido. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el expediente fue archivado sin escucharla, sin citar a los testigos propuestos y sin que se le notificara el cierre del procedimiento. El asunto quedó así zanjado en el ámbito interno.
Cuando el caso trascendió públicamente hace dos semanas, el PP de Madrid emprendió una estrategia de descrédito contra la exedil. En concreto, desde la Comunidad de Madrid se difundió información tergiversada y fueron enviados a los medios los correos electrónicos que se había intercambiado con la Comunidad de Madrid. En uno de ellos aparecía su identidad. Desde el gabinete de presidencia se dijo que había sido un “error”. Estas actuaciones, según el letrado Suárez Valdés, podrían encuadrarse en un delito de revelación de secretos.
“La querella se sustenta en un nutrido soporte probatorio con el que se pretenderá acreditar la existencia, primero, de la presunta solicitud de favores de tipo sexual a la víctima por parte del querellado”, señala el abogado en un comunicado, “y, segundo, ante el rechazo de esta, del desarrollo de un presunto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica con el presunto objetivo de aislar e invisibilizar profesionalmente a nuestra defendida”.
El letrado denuncia también el “silencio institucional. ”La omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del PP han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal», señala en su comunicado. “El silencio ante el abuso de poder constituye, en sí mismo, una forma de revictimización y la ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de las personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa por los hechos acaecidos en el seno de sus organizaciones”.
Suárez-Valdés está especializado en casos de acoso en entornos institucionales y jerárquicos de la función pública. Llevó el caso de la exmilitar Zaida Cantera, que denunció por acoso sexual a un coronel, superior jerárquico, cuando ambos estaban destinados en el Ejército de Tierra, un procedimiento que concluyó con condena en la jurisdicción militar en 2012. El abogado asegura que su despacho recibe con frecuencia denuncias de este tipo, pero que solo asume los casos en los que aprecia una credibilidad plena del relato, circunstancia que, afirma, concurre en este asunto.
Hasta ahora, las denuncias de la exconcejal se habían limitado a los cauces internos del partido, tal como adelantó este periódico. Solo había denunciado el borrado de los mensajes almacenados en su correo electrónico oficial —con dominio @madrid.org— en noviembre de 2024. El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles archivó esa causa en febrero de 2025. La exedil recurrió ante la Audiencia Provincial, que aún no se ha pronunciado.
