La defensa de Jordi Pujol ha puesto contra las cuerdas este jueves, en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, al inspector de Policía que lideró la investigación contra la familia. El interrogatorio del abogado Cristóbal Martell ha evidenciado la falta de pruebas, en los informes del caso Pujol, que acrediten que la corrupción política está en el origen de la fortuna oculta por la familia, durante más de tres décadas, en Andorra. El inspector 89.140 había sostenido, la víspera, su convicción de que esos fondos opacos a Hacienda proceden de “hechos relacionados con la corrupción”. Este jueves, sin embargo, no ha podido aportar elementos que lo sostengan, más allá de afirmaciones genéricas.. Seguir leyendo
La defensa de Jordi Pujol ha puesto contra las cuerdas este jueves, en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, al inspector de Policía que lideró la investigación contra la familia. El interrogatorio del abogado Cristóbal Martell ha evidenciado la falta de pruebas, en los informes del caso Pujol, que acrediten que la corrupción política está en el origen de la fortuna oculta por la familia, durante más de tres décadas, en Andorra. El inspector 89.140 había sostenido la víspera, su convicción de que esos fondos opacos a Hacienda proceden de “hechos relacionados con la corrupción”. Este jueves, sin embargo, no ha podido aportar elementos que lo sostengan, más allá de afirmaciones genéricas.
El inspector, que había confesado al tribunal su “animadversión personal” hacia los Pujol, ha declarado como testigo por segundo día consecutivo, esta vez para responder a las preguntas de las defensas. Al inicio de la sesión, el hombre ha recogido un bolígrafo que había caído de la mesa de Martell. Pero ese gesto de cortesía no le ha servido para evitar un interrogatorio durísimo, inmisericorde, que lo ha vapuleado y ha permitido ver las lagunas de una investigación que no ahondó, ha admitido el testigo, en la supuesta ascendencia política de los Pujol y en el influjo que podían ejercer sobre cargos públicos. El abogado ha acabado acusando al policía de “buscar el delito antecedente [del blanqueo de capitales] a brochazos”.
Preguntado por las operaciones de Jordi Pujol Ferrusola que están bajo sospecha, el inspector ha admitido que nunca examinó ninguna adjudicación pública ni tampoco comprobó qué partidos políticos controlaban las administraciones que tomaban las decisiones. Las afirmaciones que desliza en sus informes proceden de “cuestiones que salen a la vista pública”. “Es tan sencillo como poner algo en Google”, ha dicho el mando policial, que se ha presentado como experto en blanqueo (“siempre he dicho que soy el mejor”), pero ha admitido que su búsqueda de ese delito antecedente (la supuesta corrupción) fue mucho más limitada.
Uno de los negocios del primogénito que figuran en el escrito de la Fiscalía es la compra de unas fincas en Palamós (Girona) por 217.000 euros por parte de su mujer, que luego fueron vendidas por 4,8 millones a una empresa, Promopalamós, por el aumento de valor del suelo (que pasó de ser rústico a urbanizable). El abogado le ha preguntado si no le parecía relevante que tanto el Ayuntamiento como la Comisión de Urbanismo que aprobaron la modificación estuvieran en manos del Partit dels Socialistes (PSC). “No lo miré. Pero a los Pujol se les ha atribuido una transversalidad en cualquier instancia”, se ha defendido, al tiempo que ha mantenido la hipótesis de que ese cobro fue “una plusvalía irregular”.
La tesis de los investigadores (y de la Fiscalía Anticorrupción) es que los pagos millonarios de diversas empresas a Jordi Pujol Ferrusola por supuestos servicios en la búsqueda de oportunidades de negocio fueron una tapadera para camuflar el pago de comisiones ilegales a cambio de obra pública. Si esto es así, arguye la defensa, la influencia debió articularse en torno a la extinta Convergència, el partido que fundó Jordi Pujol y con el que gobernó la Generalitat durante 23 años. Pero muchas operaciones se dieron en fechas en que ese partido ya no estaba al mando.
Como en un proyecto que implicaba a los ayuntamientos de Barcelona y L’Hospitalet y a la Generalitat y que se fraguó en 2007. Martell ha preguntado al testigo “qué color político” gobernaba esas administraciones. “No sé si estaba Artur Mas, me bailan las fechas. Pero no he hecho un estudio, y los ayuntamientos lo desconozco”. Cuando el abogado le ha recordado que se trataba del PSC, el testigo le ha restado importancia. “No me pareció relevante, yo no investigué el delito porque carezco de esa especialidad”, ha admitido.
Pese a la presión incansable del defensor, el policía ha tratado de mantener de todos modos su tesis. No cree, como dice la familia, que una deixa (legado) de Florenci Pujol, padre del expresidente catalán, fuera el origen del dinero en Andorra. Y sostiene, por el contrario, que el dinero procede de la corrupción sin que eso implique tener que cuestionar adjudicaciones concretas. “La hipótesis policial mía es que hay una garantía de influencia a lo largo del tiempo, como en el caso Palau”, ha dicho en alusión a la sentencia que condenó a Convergència por el cobro de 6,6 millones en comisiones ilegales a través del Palau de la Música.
