El juez Juan Carlos Peinado ha seguido su costumbre y ha dedicado otro miércoles de Semana Santa a escuchar a las defensas y acusaciones del caso Begoña Gómez. El trámite tampoco era nuevo. Una mera formalidad para comunicarles que, si llega a juicio, será ante un jurado popular. Las partes no se han salido del guion. Los investigados ―la mujer del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés― no han acudido y han dejado su defensa en manos de sus abogados, que han exigido el archivo definitivo del caso, al igual que la Fiscalía. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha manifestado el letrado de Gómez ante el juez, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS.. Seguir leyendo
El juez Juan Carlos Peinado ha seguido su costumbre y ha dedicado otro miércoles de Semana Santa a escuchar a las defensas y acusaciones del caso Begoña Gómez. El trámite tampoco era nuevo. Una mera formalidad para comunicarles que, si llega a juicio, será ante un jurado popular. Las partes no se han salido del guion. Los investigados ―la mujer del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés― no han acudido y han dejado su defensa en manos de sus abogados, que han exigido el archivo definitivo del caso, al igual que la Fiscalía. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha manifestado el letrado de Gómez ante el juez, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS. Las acusaciones, en cambio, han reclamado al instructor que ahonde en la investigación y encargue nuevas diligencias.
Anticipando un nuevo rechazo de sus pretensiones, las defensas de Gómez y Álvarez han solicitado a Peinado que, si decide seguir adelante con la causa, acepte varias diligencias. El abogado de la mujer de Sánchez, el exministro Antonio Camacho, ha reclamado la declaración como testigo de José Manuel Ruano, codirector junto a Gómez de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que centra parte de la causa, y que se le permita aportar tres informes periciales. Uno de ellos, para analizar la figura del cónyuge del presidente del Gobierno con el objetivo de acreditar que tradicionalmente todas las parejas han contado con un asistente personal que les ayudaba en sus asuntos; otro, sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias de la UCM; y un tercero, sobre el supuesto perjuicio económico al centro universitario.
Camacho ha aprovechado su intervención para reiterar que no hay fundamento para investigar ninguno de los cinco delitos que Peinado atribuye a Gómez: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. El letrado ha denunciado este «déjà vu», describiéndolo como una auténtica “pesadilla” debido a la falta de garantías que entiende que domina la causa. En este sentido, ha alertado de que se persigue “otra cosa” que no es Justicia, reprochando directamente lo que percibe como una ausencia de imparcialidad del instructor. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha lamentado, según fuentes presentes en la vista.
El que fuera responsable de Interior ha atacado uno por uno los delitos que se imputan a su cliente para armar su tesis de que Peinado está aplicando un “derecho penal de autor” basado en la condición de Gómez de mujer de Sánchez y guiado por el “ardor” de las acusaciones. Así, en lo tocante al delito de malversación, ha incidido en que la función de Álvarez era asistir a Gómez en todo momento y que, por razones de amistad, la ayudó con algunas gestiones relacionadas con la UCM, si bien ha recalcado que nunca lo hizo con dedicación exclusiva a las mismas. Ha desechado igualmente el delito de tráfico de influencias al argumentar que, lejos de experimentar un pico en su carrera profesional, Gómez la redujo al llegar Sánchez a La Moncloa. Además, ha recalcado que su relación con la UCM comenzó mucho antes, en 2012. Sobre la corrupción en los negocios, ha mostrado su perplejidad porque se pueda achacar a la captación de financiación para una universidad pública. Respecto al intrusismo profesional, se ha remitido a los informes y declaraciones testificales que acreditan que Gómez podía firmar los pliegos técnicos, porque así se lo indicaron desde la propia UCM y porque no se requería formación específica. Por último, ha descartado la apropiación indebida de marca, aduciendo que este delito solo cabe sobre bienes materiales, no intelectuales. En todo caso, ha remachado, la marca debería estar registrada y solo se hizo con los símbolos distintivos y el dominio del software que se desarrolló.
Por su parte, el abogado que defiende a Álvarez, José María de Pablos, ha solicitado a Peinado que reclame a La Moncloa un certificado sobre su cliente que acredite el cumplimiento de sus funciones. En su turno, el fiscal José Manuel San Baldomero ha abogado otra vez por archivar la causa. En un escrito aportado este mismo miércoles, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha lanzado que “tras casi dos años de investigación”, “quizás” puedan analizarse ―“siquiera sea para desecharse”― las alegaciones de descargo que se han presentado en este tiempo. “No es ocioso recordar el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la necesidad de que autoridades y funcionarios intervinientes en el procedimiento penal consignen y aprecien tanto las circunstancias adversas como favorables al presunto reo”, ha subrayado.
En el otro extremo, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han propuesto a Peinado que requiera la vida laboral completa de Gómez hasta la fecha; una actualización del salario que cobra Álvarez; y que solicite a la plataforma Lefevbre información sobre una reunión relacionada con el software desarrollado en el marco de la cátedra, de la que ya informó Making Science ―otra empresa que participó en el proyecto― indicando que la asesora de Gómez era una de las intervinientes.
Es la segunda vez que el juez hace este trámite. Ya en septiembre, cuando el procedimiento se dividía en dos piezas, informó a la esposa del presidente del Ejecutivo de que, si el caso por malversación iba a juicio, la juzgaría un jurado popular y no un tribunal conformado por jueces. Luego, unificó la investigación y avisó de que toda la causa seguiría el mismo rumbo. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid le corrigió y le avisó de que, si quería mantener esa línea, debía justificarlo con argumentos suficientes.
Peinado respondió con una resolución de 47 páginas en la que insistió en que existe una “verosimilitud delictiva” suficiente para encausar a los sospechosos. Reiteró que Gómez se ha aprovechado de su condición de esposa del presidente del Gobierno para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Para Peinado, “la captación de fondos para la cátedra no aparece, indiciariamente, como una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino como una manifestación más del circuito de relaciones de apoyo, colaboración y financiación que se fue tejiendo en torno al proyecto impulsado” por Gómez. De la misma forma, incidió en que Álvarez “no actuaba como mera acompañante ocasional” de la mujer de Sánchez “para actos protocolarios” derivados de su agenda de esposa del jefe del Ejecutivo, “sino como asistente y apoyo logístico permanente” de su “actividad profesional y académica”. “Pese a tratarse de actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”, enfatizó.
Se espera que en los próximos días Peinado dé a conocer su decisión sobre las peticiones formuladas este miércoles. Desde Hazte Oír, el letrado Javier María Pérez-Roldán se ha mostrado seguro de que, pese a que Gómez “está pasando de la Justicia”, porque se ha ausentado, “la Justicia no pasará de ella”. En el mismo tono, la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha celebrado que “la causa avanza”. “Hay pruebas suficientes para pasar a la siguiente fase”, ha aseverado, en declaraciones a la prensa a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla.
La causa estalló en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, pero desde entonces se ha ido ampliando con querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox. Por un lado, Peinado investiga la actividad profesional de Gómez con empresarios y la UCM. Y, por otro, intenta determinar si se produjo un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como su asesora en La Moncloa para que colaborase con su actividad institucional y con su “actividad privada”.
