Mientras unos aplauden con vehemencia la imputación del expresidente Rodríguez Zapatero, otros tuercen el gesto y reaccionan con desconfianza a algo que les parece intuitivamente extraño. No en vano han oído hablar del Sr. X, sin consecuencias, o de M. Rajoy, también sin consecuencias, y están escamados. O incluso han conocido rumores de las muchas actividades de algún otro expresidente y su entorno y no acaban de ver que Rodríguez Zapatero, precisamente él, fuera el principal candidato a estar implicado en una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, de cuya investigación judicial, por cierto, sabemos poquísimo. Pero ese poco ha bastado para que su imputación haya sido, lógicamente, una bomba informativa.. Seguir leyendo
Mientras unos aplauden con vehemencia la imputación del expresidente Rodríguez Zapatero, otros tuercen el gesto y reaccionan con desconfianza a algo que les parece intuitivamente extraño. No en vano han oído hablar del Sr. X, sin consecuencias, o de M. Rajoy, también sin consecuencias, y están escamados. O incluso han conocido rumores de las muchas actividades de algún otro expresidente y su entorno y no acaban de ver que Rodríguez Zapatero, precisamente él, fuera el principal candidato a estar implicado en una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, de cuya investigación judicial, por cierto, sabemos poquísimo. Pero ese poco ha bastado para que su imputación haya sido, lógicamente, una bomba informativa.
Es inútil recordar, por enésima vez, que las investigaciones judiciales de políticos no son para tomárselas como un partido de fútbol de eternos rivales y que, por mucha gracia que hagan a los que odian al imputado por razones que nada tienen que ver con este caso, es preciso respetar la presunción de inocencia. También hay que recordarlo por enésima vez. Es un derecho fundamental del que goza todo ciudadano, incluso un expresidente del Gobierno, este o cualquier otro.
Por otra parte, la realidad es bastante más pobre que las noticias periodísticas. Lo sabido hasta ahora es entre poco y nada, incluso tras la lectura del extensísimo auto de imputación. Existen una serie de datos que vinculan al expresidente con unos pagos, que él mismo parece haber reconocido, al menos en parte, y que se refieren a labores de asesoramiento que estaba realizando de manera pública y casi notoria. Convendría no olvidar que Rodríguez Zapatero ya fue sometido a un interrogatorio sobre este tema por un actor bastante más inclemente que cualquier juez: una comisión del Senado en la que se le hicieron toda una batería de preguntas que, como es tristemente habitual, sólo estaban enfocadas a despellejar políticamente al declarante, y no a averiguar la verdad, como debería haber ocurrido. Tal vez algún día habría que recordar a diputados y senadores que su misión es hacer leyes, y no montar shows, se trate de Rodríguez Zapatero, Mazón, Aznar, Pujol, o cualquiera que ha tenido que someterse a esas impropias inquisiciones que, por cierto, tal y como se celebran, no sirven absolutamente para nada. Y lo lamento si la concatenación de citados de diferente color político ofende a algún lector. Hay que saber ver los excesos, afecten a quien afecten.
La Justicia es, o debiera ser, algo diferente de esos aquelarres. No está para satisfacer a una parte del respetable con actuaciones espectaculares, sino para averiguar la realidad de los hechos y aplicar las leyes a los mismos. Esa es la base del prestigio que no es debido a los jueces por defecto, ni mucho menos, sino que deben ganarse día a día precisamente desarrollando con excelencia la labor descrita: averiguar los hechos y aplicar las leyes.
En este momento, todo lo que se sabe son conjeturas, no hechos probados. El auto hace, además, una afirmación muy impropia en este momento procesal, absolutamente embrionario: sitúa al expresidente como el líder de una trama de tráfico de influencias, y además lo afirma de manera innecesariamente reiterada. Bien al contrario, aunque una defectuosa práctica judicial de muchas décadas lo haya desvirtuado, en el momento de la imputación solamente se exponen indicios racionales de criminalidad, que para cualquiera familiarizado con el antiguo Derecho romano canónico —del que proviene en gran medida nuestro actual Derecho—, significan simplemente datos que relacionan, de algún modo, a una persona con una serie de hechos con apariencia delictiva. Por tanto, no es el instante, ni mucho menos, todo lo contrario, de expresarse como si el juez estuviera dictando una sentencia condenatoria, como parece en muchísimos pasajes del redactado, en detrimento, ya se ha dicho, de la presunción de inocencia.
Sea como fuere, diga lo que diga el auto, el imputado podrá defenderse y explicar si las operaciones descritas en la resolución son, efectivamente, propias de un delito de tráfico de influencias y obtención ilegítima de fondos que luego intentaban desviarse a paraísos fiscales, o bien se trata de operaciones que poseen una explicación razonable dentro de lo que son las labores de asesoramiento de personas que atesoran la experiencia propia de un expresidente del gobierno. En el auto se opta innecesariamente, de nuevo, por la tesis incriminatoria de que Rodríguez Zapatero sólo participaba en esta sucesión de hechos por tener contactos de alto nivel. Y será muy importante que la jurisprudencia, en el futuro, marque los límites precisos del uso de esos contactos, pues no pocas personas que antes trabajaron en el sector público en diferentes responsabilidades, son después contratadas simplemente por ese motivo de poder hacer eventualmente llamadas estratégicas y que les respondan al teléfono, aunque jamás se indique así en sus contratos, naturalmente.
Se inicia un proceso que puede ser extenso, aunque vista la batería de medidas de investigación ordenadas por el juez, que incluyen diversos registros y volcados informáticos de comunicaciones y de operaciones financieras incluso con criptomonedas, podría ocurrir que en función de lo que se localice —o de lo que no se localice— esta imputación dure algo menos de lo solemos observar. Convendría acelerar los tiempos, y no sólo en este caso. Multitud de procesos, especialmente en la Audiencia Nacional —que está colapsada— se pasan años y años durmiendo en los archivos sin que se haga ninguna actuación, simplemente porque están esperando su turno. Ello alarga la zozobra de los investigados pese a que, finalmente, todo acabe con un sobreseimiento o una sentencia absolutoria, es decir, en nada. Algún día habrá que pensar seriamente en cómo evitar estas torturas psicológicas, de las que casi nadie se ocupa, ni siquiera en la literatura jurídica, y que incluso han mantenido a no pocas personas innecesariamente en prisión provisional.
