La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la creación del registro de personas objetoras de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), en cumplimiento de la medida cautelar acordada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).. Seguir leyendo
La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la creación del registro de personas objetoras de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), en cumplimiento de la medida cautelar acordada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En concreto, el Gobierno regional ha publicado este miércoles en el Portal de Transparencia de la Comunidad, para consulta pública, el proyecto de orden de la Consejería de Sanidad por el que se crea el registro de personas objetoras de conciencia. La consejería ha asegurado a este periódico que se han iniciado los trámites y que no tiene una valoración al respecto.
Las reacciones políticas no tardaron en llegar tras conocerse la resolución. El líder del PSOE en Madrid, Óscar López Águeda, ha celebrado en la red social X que “cada derrota de Ayuso es una victoria de las madrileñas” y ha calificado la decisión como “una excelente noticia”, aunque el Gobierno regional trató de “ocultarla en la tarde de un miércoles previo al Jueves Santo”. En la misma línea, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reivindicado el avance como un cambio de rumbo tras meses de bloqueo: “Ganamos. Del ‘váyanse a otro lado a abortar’ a iniciar los trámites para cumplir la ley”, ha escrito, y ha subrayado que ha sido necesario “un recurso judicial y un auto del TSJM” para que Madrid deje de ser “la excepción” y empiece a garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.
Con este trámite, se abre el periodo de 30 días hábiles contados a partir de este jueves para presentar alegaciones al proyecto, según la documentación consultada por Europa Press.
Lo hace en respuesta a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordenaba al Gobierno regional iniciar los trámites para la creación del registro de objetores. En su resolución, el TSJM atendía la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Sanidad, en aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, ante la inactividad administrativa del Ejecutivo autonómico.
En concreto, el artículo 19.ter de dicha norma establece que en cada Comunidad Autónoma creará un registro de profesionales sanitarios que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia respecto a la intervención directa en la práctica de la IVE.
Aunque la resolución judicial no suponía la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí imponía la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios y la implantación del mismo conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El citado órgano aprobó el 16 de diciembre de 2024 un protocolo de coordinación para la implantación del registro en todas las administraciones sanitarias, un acuerdo que fue adoptado por unanimidad, con la participación de todas las comunidades autónomas, y que es vinculante como instrumento de coordinación administrativa.
En este marco, el 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid dando un plazo de un mes para su respuesta al registro. Transcurrido el plazo, el pasado 15 de noviembre la ministra del ramo anunció que el Gobierno iniciaría este contencioso. Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta decisión señalando que el aborto es “un derecho esencial, convertido en negocio” para la Comunidad de Madrid; algo que el Ejecutivo no iba a “permitir”.
De esta forma, el departamento que dirige Mónica García anunció el pasado 16 de enero la presentación de un recurso contencioso-administrativo. Ya entonces la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirmaba que el Gobierno regional defendería, “con la Constitución en la mano”, la libertad de objeción frente al aborto.
Entre otras cuestiones, desde la Comunidad de Madrid se ha defendido que la creación del registro constituye una medida organizativa que requiere desarrollo reglamentario y que su imposición cautelar podría suponer una anticipación del resultado del proceso principal.
La Administración autonómica sostuvo además que la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo se encuentra plenamente garantizada en su sistema sanitario mediante mecanismos organizativos propios. En este sentido, explicó que, cuando todos los profesionales de un determinado servicio ejercen la objeción de conciencia, las pacientes son derivadas a centros autorizados que pueden prestar el servicio.
También se plantearon objeciones relativas a la legitimación del Ministerio de Sanidad para promover el recurso, así como dudas acerca de la interpretación de la obligación legal de implantar el registro.
Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se ha defendido que la Comunidad “está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo”.
“Tenemos capacidad de autoorganización que nos reconoce la propia ley, el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y, en ese ejercicio de autoorganización, tenemos perfectamente organizado el servicio para poder hacer compatible un derecho, como puede ser de los médicos, con la prestación de ese servicio con los supuestos que están completados”, alegó recientemente el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García.
En este contexto, Ayuso ha insistido reiteradamente en que ella no va a “señalar” a “aquellos médicos que no quieran” hacer interrupciones voluntarias del embarazo. “Yo no voy a señalar a nadie ni por abortar ni por dejar de hacerlo, pero tampoco a aquellos médicos que no quieran hacerlo”, ha indicado en varias ocasiones.
Por su lado, la ministra ha advertido a la presidenta madrileña de su negativa a crear el registro de objetores podría acarrear su inhabilitación para ejercer un cargo público, en base al artículo 410 del Código Penal.
“Establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público”, señaló la titular de Sanidad.
La titular de Sanidad también aludió que “hay parte del PP que ha despertado” para decirle a Ayuso que “la ley se cumple” con el aborto. Lo hacía después de que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, se mostrara “convencida” de que la Comunidad de Madrid “acatará” la decisión del TSJM.
“Ayuso ha dicho que se va a empeñar en intentar cerrar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. Y yo le vuelvo a decir a la señora Ayuso que yo me voy a empeñar en que la señora Ayuso cumpla la ley”, apostilló García, quien insistió en que ese derecho lo conquistaron “las mujeres en este país hace muchísimos años”.
