El Ministerio de Hacienda se muestra en estos momentos más receptivo de lo que estaba meses atrás a la posibilidad de que los contratos de obra pública incluyan de forma generalizada cláusulas de revisión de precios para neutralizar los efectos del encarecimiento de la energía y los materiales provocados por el conflicto en Oriente Medio. Así lo aseguran a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, que añaden que la preocupación del Gobierno por esta cuestión ha ido en aumento.. Desde que Estados Unidos e Irán comenzaron su campaña bélica en la zona, la construcción ha venido reclamando medidas urgentes y extraordinarias para compensar un incremento de costes que se suma al que ya sufrieron en 2022 tras el final de la pandemia y el comienzo de la guerra de Ucrania. Sin embargo, hasta ahora, el Ejecutivo había sido reacio a tomar cualquier medida. Aunque como explican estas fuentes muchos de los contratos de la Administración General del Estado sí que incluyen algún tipo de revisión de precios, los de las administraciones locales y autonómicas carecen de cualquier cláusula compensatoria. Y muchos de estos proyectos, añaden, son imposibles de abordar para las constructoras sin actualizaciones de precios dado que sus dilatados periodos de ejecución hacen que esas oscilaciones impidan en muchas ocasiones rentabilizarlos si se ejecutan con el precio inicial al que son adjudicados.. Para garantizar su rentabilidad, el sector lleva tiempo reclamando que se modifique la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para excluir de su aplicación a los contratos públicos y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios, como el que existía hasta 2015.. El crecimiento de los precios de la energía y las materias es una de las principales preocupaciones del sector de la construcción en este momento. Según datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), desde 2016, el crecimiento medio de los costes de los insumos del sector ha oscilado entre el 30% y el 40%, según la tipología de las obras y los materiales. A ello hay que sumar el incremento del 28,5% del IPC.. Estos aumentos están teniendo ya efectos visibles. En lo que va de año han quedado desiertas, como mínimo, 1.130 licitaciones de obras civiles, según los datos recopilados por la CNC entre sus asociados. Para poner en contexto la dimensión del problema, la patronal destaca que el ritmo mensual al que las licitaciones están quedando desiertas es un 16% superior al que se registró tras la guerra en Ucrania, de forma que ahora se ha alcanzado una media de 188 licitaciones desiertas cada mes, cuando entonces la cifra era de 162.. La patronal también asegura que 747 licitaciones tuvieron un único licitador, una circunstancia que atribuye o bien a que el proyecto no tiene atractivo económico para las compañías o a que ha sido hecho a medida del ganador de la licitación, una circunstancia que preocupa en la Comisión Europea.. La magnitud de las dificultades que están afrontando las constructoras por el incremento de precios es tal que, según ha advertido recientemente el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, y como ya adelantó LA RAZÓN, muchas compañías están procediendo a la ralentización o paralización de obras a la espera de que los precios se atenúen. «Ninguna administración lo reconocerá, pero eso se está haciendo», ha asegurado Fernández Alén.. 1.200 millones irrecuperables. Seopan, patronal de las grandes constructoras, también ha puesto cifras concretas a lo que están suponiendo estas subidas de precios. Sus cálculos apuntan a que ya han provocado sobrecostes irrecuperables que rozan los 1.200 millones de euros.. La patronal asegura que las 6.425 obras licitadas en España entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, que contaban con un presupuesto de 6.898 millones de euros según las ofertas presentadas antes del inicio del conflicto, afrontan un incremento de costes irrecuperable de 327 millones de euros antes de su puesta en marcha.. Asimismo, Seopan destaca que el coste de ejecución de 33.103 contratos de obras licitados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, de 24.519 millones de euros de presupuesto base de licitación, se incrementará de media un 3,5% con un sobrecoste agregado de 868 millones de euros.. La tercera patronal del sector, ANCI, que agrupa a compañías no cotizadas, asegura que los sobrecostes medios en las obras de carreteras alcanzan el 15%, con una horquilla de entre el 25% y el 30% en las de rehabilitación de firmes.. También asegura que se han producido sobrecostes notables en las obras de montaje de vía o plataforma ferroviaria -un 11% y un 9%, respectivamente-, ciertas obras portuarias, como las explanadas y rellenos portuarios o los muelles de gravedad con un 17%, y los trabajos en las pistas de los aeropuertos, que acumulan sobrecostes de entre el 15% y el 16%.. Las reticencias del Gobierno a introducir revisiones automáticas de precios para las empresas privadas contrastan con el hecho de que sí que ha accedido a que la pública Tragsa y su filial Tragsatec puedan aplicar un ajuste de precios por la guerra.. Según consta en una resolución del 24 de abril de 2026 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 28 de abril, el Ejecutivo ha autorizado a ambas a actualizar sus precios en dos circunstancias. Así, según detalla, con el objeto de que las tarifas «se mantengan ajustadas a los costes reales del Grupo Tragsa, de manera excepcional, con motivo de la situación actual de incertidumbre económica y de variación de los precios de las materias primas, durante el mes de septiembre se podrá aprobar una actualización económica de los precios simples de materiales en tarifas, siempre que las desviaciones que se produzcan sobre la tarifa aprobada para cada tipo de materiales, arrojen una variación, al alza o a la baja, superior al 20%».. La resolución también recoge que, de manera excepcional, y con motivo de la variabilidad de los precios derivada de la inestabilidad internacional, «se acuerda flexibilizar de forma temporal el régimen de tarifas en los casos en que se produzcan licitaciones desiertas de partes del encargo objeto de contratación con terceros» siguiendo un procedimiento reglado que también detalla.
El Ministerio de Hacienda se muestra en estos momentos más receptivo de lo que estaba meses atrás a la posibilidad de que los contratos de obra pública incluyan de forma generalizada cláusulas de revisión de precios para neutralizar los efectos del encarecimiento de la energía y los materiales provocados por el conflicto en Oriente Medio. Así lo aseguran a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, que añaden que la preocupación del Gobierno por esta cuestión ha ido en aumento.. Desde que Estados Unidos e Irán comenzaron su campaña bélica en la zona, la construcción ha venido reclamando medidas urgentes y extraordinarias para compensar un incremento de costes que se suma al que ya sufrieron en 2022 tras el final de la pandemia y el comienzo de la guerra de Ucrania. Sin embargo, hasta ahora, el Ejecutivo había sido reacio a tomar cualquier medida. Aunque como explican estas fuentes muchos de los contratos de la Administración General del Estado sí que incluyen algún tipo de revisión de precios, los de las administraciones locales y autonómicas carecen de cualquier cláusula compensatoria. Y muchos de estos proyectos, añaden, son imposibles de abordar para las constructoras sin actualizaciones de precios dado que sus dilatados periodos de ejecución hacen que esas oscilaciones impidan en muchas ocasiones rentabilizarlos si se ejecutan con el precio inicial al que son adjudicados.. Para garantizar su rentabilidad, el sector lleva tiempo reclamando que se modifique la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para excluir de su aplicación a los contratos públicos y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios, como el que existía hasta 2015.. El crecimiento de los precios de la energía y las materias es una de las principales preocupaciones del sector de la construcción en este momento. Según datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), desde 2016, el crecimiento medio de los costes de los insumos del sector ha oscilado entre el 30% y el 40%, según la tipología de las obras y los materiales. A ello hay que sumar el incremento del 28,5% del IPC.. Estos aumentos están teniendo ya efectos visibles. En lo que va de año han quedado desiertas, como mínimo, 1.130 licitaciones de obras civiles, según los datos recopilados por la CNC entre sus asociados. Para poner en contexto la dimensión del problema, la patronal destaca que el ritmo mensual al que las licitaciones están quedando desiertas es un 16% superior al que se registró tras la guerra en Ucrania, de forma que ahora se ha alcanzado una media de 188 licitaciones desiertas cada mes, cuando entonces la cifra era de 162.. La patronal también asegura que 747 licitaciones tuvieron un único licitador, una circunstancia que atribuye o bien a que el proyecto no tiene atractivo económico para las compañías o a que ha sido hecho a medida del ganador de la licitación, una circunstancia que preocupa en la Comisión Europea.. La magnitud de las dificultades que están afrontando las constructoras por el incremento de precios es tal que, según ha advertido recientemente el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, y como ya adelantó LA RAZÓN, muchas compañías están procediendo a la ralentización o paralización de obras a la espera de que los precios se atenúen. «Ninguna administración lo reconocerá, pero eso se está haciendo», ha asegurado Fernández Alén.. Seopan, patronal de las grandes constructoras, también ha puesto cifras concretas a lo que están suponiendo estas subidas de precios. Sus cálculos apuntan a que ya han provocado sobrecostes irrecuperables que rozan los 1.200 millones de euros.. La patronal asegura que las 6.425 obras licitadas en España entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, que contaban con un presupuesto de 6.898 millones de euros según las ofertas presentadas antes del inicio del conflicto, afrontan un incremento de costes irrecuperable de 327 millones de euros antes de su puesta en marcha.. Asimismo, Seopan destaca que el coste de ejecución de 33.103 contratos de obras licitados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, de 24.519 millones de euros de presupuesto base de licitación, se incrementará de media un 3,5% con un sobrecoste agregado de 868 millones de euros.. La tercera patronal del sector, ANCI, que agrupa a compañías no cotizadas, asegura que los sobrecostes medios en las obras de carreteras alcanzan el 15%, con una horquilla de entre el 25% y el 30% en las de rehabilitación de firmes.. También asegura que se han producido sobrecostes notables en las obras de montaje de vía o plataforma ferroviaria -un 11% y un 9%, respectivamente-, ciertas obras portuarias, como las explanadas y rellenos portuarios o los muelles de gravedad con un 17%, y los trabajos en las pistas de los aeropuertos, que acumulan sobrecostes de entre el 15% y el 16%.. Las reticencias del Gobierno a introducir revisiones automáticas de precios para las empresas privadas contrastan con el hecho de que sí que ha accedido a que la pública Tragsa y su filial Tragsatec puedan aplicar un ajuste de precios por la guerra.. Según consta en una resolución del 24 de abril de 2026 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 28 de abril, el Ejecutivo ha autorizado a ambas a actualizar sus precios en dos circunstancias. Así, según detalla, con el objeto de que las tarifas «se mantengan ajustadas a los costes reales del Grupo Tragsa, de manera excepcional, con motivo de la situación actual de incertidumbre económica y de variación de los precios de las materias primas, durante el mes de septiembre se podrá aprobar una actualización económica de los precios simples de materiales en tarifas, siempre que las desviaciones que se produzcan sobre la tarifa aprobada para cada tipo de materiales, arrojen una variación, al alza o a la baja, superior al 20%».. La resolución también recoge que, de manera excepcional, y con motivo de la variabilidad de los precios derivada de la inestabilidad internacional, «se acuerda flexibilizar de forma temporal el régimen de tarifas en los casos en que se produzcan licitaciones desiertas de partes del encargo objeto de contratación con terceros» siguiendo un procedimiento reglado que también detalla.
