No hubo sorpresa de última hora ni marcha atrás y el Gobierno seguirá adelante con su reforma del sistema de financiación autonómico, tras aprobarla en el aplazado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el único apoyo de Cataluña y Canarias, y el rechazo frontal de todas comunidades regidas por el Partido Popular y las dos socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, y con el «no» en remoto de la Comunidad de Madrid, que decidió dar plantón al ministro de Hacienda, Arcadi España, para no participar en lo que consideran un «paripé», ya que el Gobierno solo necesitaba un apoyo para dar luz verde al texto al contar con el 50% de los votos como ejecutivo.. Pero esta victoria -que se ha logrado con el 90% de los gobiernos autonómicos en contra- es solo un primer paso que puede ser inútil, ya que el nuevo sistema debe aún reunir una mayoría absoluta en el Parlamento y, en estos momentos, el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en clara minoría. PP, y Vox ya han confirmado su rechazo, lo mismo que Junts, por lo que la reforma no obtendría los votos suficientes para su tramitación, ya que el modelo de financiación autonómica se regula mediante una ley orgánica que requiere una mayoría absoluta de los votos para ser aprobada. Y, ahora mismo, no la tiene.. Caso opuesto al del CPFF, donde el Gobierno se presentaba con las cartas marcadas. El nuevo modelo solo necesitaba el voto positivo de una comunidad para lograr el éxito, algo que el Ministerio ya tenía asegurado con Cataluña -la reforma del modelo de financiación fue pactada entre el PSOE y ERC, y contaba con el apoyo de la Generalitat de Salvador Illa-, aunque Canarias se subió al carro en la antesala de las vacaciones tras pactar una mejora de financiación a la carta.. Por contra, todas las comunidades presididas por el PP han manifestado al ministro de Hacienda su rechazo «taxativo» a esta reforma, porque el modelo ha sido pactado «de manera unilateral en beneficio de los independentistas catalanes». A la salida de la reunión, la consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha ejercido de portavoz del PP y ha denunciado sin tapujos que el nuevo sistema es un «ataque a la igualdad» que no se ha «diseñado ni negociado» entre todas las comunidades. «No se pueden negociar las cosas de espaldas al resto de comunidades. La financiación que es de todos se tiene que diseñar y se tiene que negociar con todos, sin privilegios ni agravios entre territorios», fue la idea lanzada por todos sus consejeros económicos presentes en la reunión.. También los representantes socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias han mostrado su disconformidad en los mismos términos, porque se ha «consensuado con un solo partido político, con una sola comunidad autónoma y porque no garantiza el principio de igualdad. La propuesta adolece de defectos formales y de fondo, pactado con un territorio exclusivamente y no en el marco de la multilateralidad». Ambas comunidades rechazan frontalmente la propuesta al entender que es «injusta» y que no cumple con los preceptos mínimos. «Este modelo no otorga al envejecimiento o la orografía el peso que deben a la hora de realizar el cálculo de la población ajustada, pese a su impacto en el coste de la prestación de los servicios públicos».. La ausente consejera de Economía madrileña, Rocío Albert, ha defendido su plantón porque lo que se ha votado es «el pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, a espaldas de todas las comunidades autónomas. Ninguna región ha podido tocar una coma del modelo Junqueras y solo el voto de Cataluña le vale para sacar adelante un sistema de financiación que atenta contra la igualdad de todos los españoles y que solo beneficia a quienes la han elaborado».. Muy diferente ha sido la opinión de la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alícia Romero, que ha celebrado que el Ministerio haya puesto encima de la mesa un modelo que es una «ventana de oportunidad» porque «ganan todas las comunidades. Es un modelo más justo y más igualitario, que aportará al sistema más de 21.000 millones de euros y que significará para Cataluña casi 4.700 millones para mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación y las políticas sociales». Por ello, se ha mostrado «satisfecha» de que la propuesta para reformar el sistema pueda comenzar su trámite y que se lleve ya al Congreso en las próximas semanas.. El texto presentado por España es prácticamente calcado al que presentó su predecesora en el cargo, María Jesús Montero, que propuso en enero de 2026 que las comunidades autónomas recauden el 55% del impuesto sobre la renta (IRPF) y el 56,5% del IVA (impuesto al valor agregado), en lugar del 50% actual, como parte del nuevo sistema de financiación autonómica que incrementa los recursos en manos de los territorios. Así, el Gobierno calcula que los recursos regionales aumentarán en unos 16.000 millones de euros en 2027, siempre que logre entrar en vigor tras su trámite parlamentario.. El ministro de Hacienda pretende llevar la reforma al Consejo de Ministros para aprobarla «cuanto antes», lo que dará inicio al trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año, ya que pretende que el nuevo modelo de financiación entre en vigor el 1 de enero de 2027.
No hubo sorpresa de última hora ni marcha atrás y el Gobierno seguirá adelante con su reforma del sistema de financiación autonómico, tras aprobarla en el aplazado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el único apoyo de Cataluña y Canarias, y el rechazo frontal de todas comunidades regidas por el Partido Popular y las dos socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, y con el «no» en remoto de la Comunidad de Madrid, que decidió dar plantón al ministro de Hacienda, Arcadi España, para no participar en lo que consideran un «paripé», ya que el Gobierno solo necesitaba un apoyo para dar luz verde al texto al contar con el 50% de los votos como ejecutivo.. Pero esta victoria -que se ha logrado con el 90% de los gobiernos autonómicos en contra- es solo un primer paso que puede ser inútil, ya que el nuevo sistema debe aún reunir una mayoría absoluta en el Parlamento y, en estos momentos, el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en clara minoría. PP, y Vox ya han confirmado su rechazo, lo mismo que Junts, por lo que la reforma no obtendría los votos suficientes para su tramitación, ya que el modelo de financiación autonómica se regula mediante una ley orgánica que requiere una mayoría absoluta de los votos para ser aprobada. Y, ahora mismo, no la tiene.. Caso opuesto al del CPFF, donde el Gobierno se presentaba con las cartas marcadas. El nuevo modelo solo necesitaba el voto positivo de una comunidad para lograr el éxito, algo que el Ministerio ya tenía asegurado con Cataluña -la reforma del modelo de financiación fue pactada entre el PSOE y ERC, y contaba con el apoyo de la Generalitat de Salvador Illa-, aunque Canarias se subió al carro en la antesala de las vacaciones tras pactar una mejora de financiación a la carta.. Por contra, todas las comunidades presididas por el PP han manifestado al ministro de Hacienda su rechazo «taxativo» a esta reforma, porque el modelo ha sido pactado «de manera unilateral en beneficio de los independentistas catalanes». A la salida de la reunión han denunciado sin tapujos que el nuevo sistema es un «ataque a la igualdad» que no se ha «diseñado ni negociado» entre todas las comunidades. «No se pueden negociar las cosas de espaldas al resto de comunidades. La financiación que es de todos se tiene que diseñar y se tiene que negociar con todos, sin privilegios para territorios», fue la idea lanzada por todos sus consejeros económicos presentes en la reunión.. También los representantes socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias han mostrado su disconformidad en los mismos términos, porque se ha «consensuado con un solo partido político, con una sola comunidad autónoma y porque no garantiza el principio de igualdad. La propuesta adolece de defectos formales y de fondo, pactado con un territorio exclusivamente y no en el marco de la multilateralidad». Ambas comunidades rechazan frontalmente la propuesta al entender que es «injusta» y que no cumple con los preceptos mínimos. «Este modelo no otorga al envejecimiento o la orografía el peso que deben a la hora de realizar el cálculo de la población ajustada, pese a su impacto en el coste de la prestación de los servicios públicos».. La ausente consejera de Economía madrileña, Rocío Albert, ha defendido su plantón porque lo que se ha votado es «el pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, a espaldas de todas las comunidades autónomas. Ninguna región ha podido tocar una coma del modelo Junqueras y solo el voto de Cataluña le vale para sacar adelante un sistema de financiación que atenta contra la igualdad de todos los españoles y que solo beneficia a quienes la han elaborado».. Muy diferente ha sido la opinión de la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alícia Romero, que ha celebrado que el Ministerio haya puesto encima de la mesa un modelo que es una «ventana de oportunidad» porque «ganan todas las comunidades. Es un modelo más justo y más igualitario, que aportará al sistema más de 21.000 millones de euros y que significará para Cataluña casi 4.700 millones para mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación y las políticas sociales». Por ello, se ha mostrado «satisfecha» de que la propuesta para reformar el sistema pueda comenzar su trámite y que se lleve ya al Congreso en las próximas semanas.. El texto presentado por España es prácticamente calcado al que presentó su predecesora en el cargo, María Jesús Montero, que propuso en enero de 2026 que las comunidades autónomas recauden el 55% del impuesto sobre la renta (IRPF) y el 56,5% del IVA (impuesto al valor agregado), en lugar del 50% actual, como parte del nuevo sistema de financiación autonómica que incrementa los recursos en manos de los territorios. Así, el Gobierno calcula que los recursos regionales aumentarán en unos 16.000 millones de euros en 2027, siempre que logre entrar en vigor tras su trámite parlamentario.. El ministro de Hacienda pretende llevar la reforma al Consejo de Ministros para aprobarla «cuanto antes», lo que dará inicio al trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año, ya que pretende que el nuevo modelo de financiación entre en vigor el 1 de enero de 2027.
