El Gobierno «no ha aprovechado suficientemente la fase expansiva para reconstruir espacio fiscal: el ajuste estructural de 2025 debería haber sido más del doble del realizado», por lo que se deberán acometer ajustes presupuestarios de alrededor de 16.500 millones de euros entre 2027 y 2028, 5.300 millones en el próximo año y 11.200 millones en el siguiente, para corregir el desvío acumulado del gasto primario neto respecto a los compromisos adquiridos con Bruselas. Así lo advierte Funcas en sus de Cuadernos de Información Económica, cuyos analistas Diego Martínez, Raymond Torres y Daniel Gros señalan que aunque el déficit público mantiene una senda descendente, el gasto primario neto está creciendo por encima de lo comprometido en el marco fiscal europeo, «lo que deteriora progresivamente el saldo acumulado».. En concreto, Funcas alerta sobre que las consecuencias de la prolongada prórroga de los Presupuestos Generales ha restado eficacia a la política fiscal y ha forzado al Gobierno a improvisar unas cuentas «más expansivas de lo previsto, por la dificultad de introducir ajustes de gasto o tributarios, y la ausencia de nuevas cuentas ha limitado la capacidad de adaptar las prioridades presupuestarias a las necesidades del país». Es más, lejos de paralizarse, el gasto del conjunto de las Administraciones se ha incrementado un 19% durante el trienio de la prórroga, descontando el pago de intereses y los fondos europeos Next Generation, mientras la recaudación tributaria ha aumentado cerca de un 24%. Además, el gasto ejecutado por el Estado y la Seguridad Social se sitúa un 14% y un 20%, respectivamente, por encima del presupuesto inicialmente previsto en virtud de la prórroga, lo que equivale a un desvío de 78.000 millones de euros. «Esa inercia presupuestaria dificulta que la vivienda o la educación encuentren un reflejo suficiente en las cuentas públicas», explica Torres.. Asimismo, el texto avisa de que la cláusula de escape activada por la Unión Europea -vinculada al aumento del gasto en defensa y las medidas asociadas a la crisis energética- podría permitir que España cierre 2026 dentro del margen aceptado, pero en 2027 «sería necesario un ajuste equivalente a tres décimas del PIB, los citados 5.300 millones, parte del cual «recaería sobre una mayor tributación sobre los rendimientos del trabajo», cita Martínez. Para 2028, el ajuste ascendería a aproximadamente 11.200 millones de euros. Esto significa que España «no ha aprovechado suficientemente la actual fase expansiva para rebajar su vulnerabilidad fiscal y reconstruir margen de actuación ante un eventual cambio de ciclo».. Por ello, aunque se han cumplido los objetivos de déficit y deuda, estos economistas estiman que el ajuste del saldo primario estructural en 2025 debería haber alcanzado el 0,7% del PIB, frente al 0,3% reconocido. Esto habría supuesto un esfuerzo adicional de unos 6.700 millones de euros, sobre los cerca de 5.000 millones realizados. Para Torres, desde 2020 el Gobierno ha optado por «no abordar la corrección de la progresividad en frío», a pesar de su efecto negativo sobre la renta real de los hogares». Las medidas temporales del plan fiscal, como la no deflactación del IRPF, se descuentan del gasto primario neto, de modo que rebajan el crecimiento del gasto computable. «Aun con este descuento, la expansión del gasto mantiene la desviación por encima de la senda prevista».. En este sentido, Gros sostiene que el principal riesgo para la sostenibilidad de la deuda pública no procede del incremento temporal del gasto en defensa, sino de la «posibilidad de que los tipos de interés de mercado permanezcan estructuralmente por encima de los supuestos empleados por la Comisión Europea». Por tanto, «el uso pleno de la cláusula nacional de excepción para financiar defensa elevaría la ratio de deuda en torno a seis puntos porcentuales del PIB», un aumento limitado frente a los actuales niveles de endeudamiento de Francia, Italia y España. Por tanto, el desafío para el nuevo marco fiscal europeo será «preservar la disciplina presupuestaria en un entorno de financiación más costosa».
El Gobierno «no ha aprovechado suficientemente la fase expansiva para reconstruir espacio fiscal: el ajuste estructural de 2025 debería haber sido más del doble del realizado», por lo que se deberán acometer ajustes presupuestarios de alrededor de 16.500 millones de euros entre 2027 y 2028, 5.300 millones en el próximo año y 11.200 millones en el siguiente, para corregir el desvío acumulado del gasto primario neto respecto a los compromisos adquiridos con Bruselas. Así lo advierte Funcas en sus de Cuadernos de Información Económica, cuyos analistas Diego Martínez, Raymond Torres y Daniel Gros señalan que aunque el déficit público mantiene una senda descendente, el gasto primario neto está creciendo por encima de lo comprometido en el marco fiscal europeo, «lo que deteriora progresivamente el saldo acumulado».. En concreto, Funcas alerta sobre que las consecuencias de la prolongada prórroga de los Presupuestos Generales ha restado eficacia a la política fiscal y ha forzado al Gobierno a improvisar unas cuentas «más expansivas de lo previsto, por la dificultad de introducir ajustes de gasto o tributarios, y la ausencia de nuevas cuentas ha limitado la capacidad de adaptar las prioridades presupuestarias a las necesidades del país». Es más, lejos de paralizarse, el gasto del conjunto de las Administraciones se ha incrementado un 19% durante el trienio de la prórroga, descontando el pago de intereses y los fondos europeos Next Generation, mientras la recaudación tributaria ha aumentado cerca de un 24%. Además, el gasto ejecutado por el Estado y la Seguridad Social se sitúa un 14% y un 20%, respectivamente, por encima del presupuesto inicialmente previsto en virtud de la prórroga, lo que equivale a un desvío de 78.000 millones de euros. «Esa inercia presupuestaria dificulta que la vivienda o la educación encuentren un reflejo suficiente en las cuentas públicas», explica Torres.. Asimismo, el texto avisa de que la cláusula de escape activada por la Unión Europea -vinculada al aumento del gasto en defensa y las medidas asociadas a la crisis energética- podría permitir que España cierre 2026 dentro del margen aceptado, pero en 2027 «sería necesario un ajuste equivalente a tres décimas del PIB, los citados 5.300 millones, parte del cual «recaería sobre una mayor tributación sobre los rendimientos del trabajo», cita Martínez. Para 2028, el ajuste ascendería a aproximadamente 11.200 millones de euros. Esto significa que España «no ha aprovechado suficientemente la actual fase expansiva para rebajar su vulnerabilidad fiscal y reconstruir margen de actuación ante un eventual cambio de ciclo».. Por ello, aunque se han cumplido los objetivos de déficit y deuda, estos economistas estiman que el ajuste del saldo primario estructural en 2025 debería haber alcanzado el 0,7% del PIB, frente al 0,3% reconocido. Esto habría supuesto un esfuerzo adicional de unos 6.700 millones de euros, sobre los cerca de 5.000 millones realizados. Para Torres, desde 2020 el Gobierno ha optado por «no abordar la corrección de la progresividad en frío», a pesar de su efecto negativo sobre la renta real de los hogares». Las medidas temporales del plan fiscal, como la no deflactación del IRPF, se descuentan del gasto primario neto, de modo que rebajan el crecimiento del gasto computable. «Aun con este descuento, la expansión del gasto mantiene la desviación por encima de la senda prevista».. En este sentido, Gros sostiene que el principal riesgo para la sostenibilidad de la deuda pública no procede del incremento temporal del gasto en defensa, sino de la «posibilidad de que los tipos de interés de mercado permanezcan estructuralmente por encima de los supuestos empleados por la Comisión Europea». Por tanto, «el uso pleno de la cláusula nacional de excepción para financiar defensa elevaría la ratio de deuda en torno a seis puntos porcentuales del PIB», un aumento limitado frente a los actuales niveles de endeudamiento de Francia, Italia y España. Por tanto, el desafío para el nuevo marco fiscal europeo será «preservar la disciplina presupuestaria en un entorno de financiación más costosa».
