La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, declararán como testigos en el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama el 22 de abril, mientras que la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera lo hará el día 15. El Tribunal Supremo ha notificado este lunes el organigrama del juicio por la presunta trama en torno a la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante la pandemia de covid-19, que empezará el 7 de abril y se prolongará, durante 13 sesiones, hasta el día 30. Las últimas declaraciones, fijadas para el 28 de abril, serán las de los tres acusados: primero Aldama; después, Koldo García; y en último lugar, Ábalos.. Seguir leyendo
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, declararán como testigos en el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama el 22 de abril, mientras que la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera lo hará el día 15. El Tribunal Supremo ha notificado este lunes el organigrama del juicio por la presunta trama en torno a la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante la pandemia de covid-19, que empezará el 7 de abril y se prolongará, durante 13 sesiones, hasta el día 30. Las últimas declaraciones, fijadas para el 28 de abril, serán las de los tres acusados: primero Aldama; después, Koldo García; y en último lugar, Ábalos.
El juicio que se celebrará en el Supremo a lo largo del próximo mes será el primero que siente en el banquillo al exministro de Transportes, su antiguo asesor y el comisionista Aldama. Los dos primeros están en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre y serán trasladados cada día desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) hasta la sede del alto tribunal, que ha previsto un calendario de 13 días, casi todos con sesión de mañana y tarde, por el que desfilarán más de 75 testigos y 20 peritos.
Las comparecencias de Armengol y el ministro Torres fueron reclamadas por Aldama, que les ha vinculado a la compra de mascarillas a su empresa, Soluciones de Gestión, por parte de los Gobiernos autonómicos de Islas Baleares (Armengol) y Canarias (Torres) que ellos presidían. El Supremo ha fijado ambas testificales de forma consecutiva para la tarde del 22 de abril. Ese mismo día, por la mañana, declararán el exgerente del PSOE, Mariano Moreno; y una trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez, que ya han declarado durante la instrucción para explicar el sistema de reembolso de gastos por parte del partido; también esta prevista esa jornada la comparecencia de Carlos Moreno, director de gabinete de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, a quien Aldama asegura haber dado 25.000 euros a cambio de que mediara para que le aplazaran una deuda, algo que Moreno ha negado.
La vista oral se abrirá a las 10.00 del 7 de abril con la declaración como testigo de Víctor Ábalos, hijo del exministro; a quien seguirán, entre otros, Joseba García, hermano de Koldo, que está imputado en la parte de este caso que instruye la Audiencia Nacional; Jéssica Rodríguez, expareja del exministro y a quien, supuestamente, enchufó para que la contrataran en Ineco y Tragsatec, empresas públicas dependientes de Transportes; y Luis Alberto Escolano, socio de Aldama en el presunto fraude del IVA de los hidrocarburos, que también se investiga en la Audiencia.
Otro socio de Aldama, Claudio Rivas, está citado el día 13 de abril, cuando también acudirán el ex directo general de Carreteras Javier Herrero; el ex director ejecutivo de Globalia (Air Europa), Javier Hidalgo; y la exmujer de Koldo García, Patricia Uriz.
Ábalos, García y Aldama están acusados de cohecho, tráfico de influencias, malversación, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para el exministro y 19 años y medio años para su antiguo asesor, mientras que la acusación popular, liderada por el PP, eleva a 30 años la petición para ambos. Para Aldama, en cambio, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares han reducido la petición de pena a solo siete años al considerar que ha colaborado con la justicia autoinculpándose y aportando información sobre la trama corrupta.
