Inicialmente, la Unión Europea había expresado escepticismo y temor respecto a las condiciones de los derechos humanos en Ruanda. Sin embargo, ahora ha comenzado a ver a Ruanda como un aliado confiable para reubicar a las personas cuyas solicitudes de asilo han sido denegadas y que poseen un mandato de deportación válido. Esto ha permitido a Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Grecia y Austria declarar el establecimiento de la primera instalación para la expulsión de migrantes más allá de las fronteras de Europa en esta nación africana. El desarrollo significativo es la promulgación en octubre del año pasado del Reglamento de Retorno, que permite expulsiones a naciones que se adhieren a la ley global, pero no exige que sea un «país seguro» con parámetros distintos de observancia de los derechos humanos. Puede encontrar más información aquí.
La Unión Europea ha pasado de expresar sus dudas y preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda a considerarla un socio fiable al que enviar a migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada y tengan una orden de expulsión en vigor. Este giro ha permitido que Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria hayan anunciado la apertura en este país africano del primer centro para la deportación de migrantes fuera de las fronteras europeas. La clave está en la entrada en vigor, el pasado mes de octubre, del Reglamento de Retornos, que autoriza las expulsiones a países que cumplan el derecho internacional, pero no establece que deba ser un “país seguro” con criterios claros de respeto a los derechos humanos.
En el examen periódico universal de Ruanda, que se discutió en enero pasado en Naciones Unidas, los países miembros reconocieron los avances socioeconómicos y en derechos sociales de este país, en particular en la reducción de la pobreza, acceso a agua y electricidad, mejoras en salud materna y participación de la mujer. Sin embargo, varias delegaciones, entre otras las de Alemania, Dinamarca, Grecia y Países Bajos, que ahora quieren deportar a migrantes allí, manifestaron su preocupación por la libertad de prensa, las detenciones arbitrarias, los malos tratos y la falta de ratificación de instrumentos internacionales como el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional o la Convención contra las Desapariciones Forzosas en dicho país.
Según Reed Brody, abogado estadounidense especialista en derechos humanos y justicia internacional, “la normativa europea solo permite estos acuerdos con países que respeten los derechos humanos”. “Hace apenas 10 meses, ante la ONU, Alemania, Dinamarca, Grecia y Países Bajos criticaban las condiciones de detención en Ruanda. Hoy quieren enviar allí a personas vulnerables, sin haber publicado ninguna evaluación de derechos humanos. Llamarlo centro de bienvenida no cambia nada. Son personas que no pueden volver a su país y que se quedarán varadas en uno que no tolera la crítica ni la supervisión. Europa está pagando a un Gobierno represor para quitarse un problema de encima”, explica por teléfono.

La Unión Europea ha endurecido sus posiciones sobre inmigración. Pero busca implantar normas todavía más severas al calor del debate sobre las llegadas y cuando la extrema derecha está en aumento en varios países, como Alemania, Francia o España. El pacto de cinco países de la UE con Ruanda es solo un paso más, un cambio de paradigma hacia un nuevo patrón que aspira a externalizar la gestión migratoria fuera de las fronteras de la UE.
“Por ahora son cinco países, pero podrían sumarse más. Si el pacto con Kigali funciona bien, se puede ampliar y también utilizar como modelo o proyecto piloto para lanzar el mismo sistema en otros lugares”, apunta una alta fuente comunitaria que trabaja con temas migratorios.
El plan Ruanda no es un proyecto de la UE, no se financia con medios europeos —al menos, no por ahora—, pero tiene la bendición del Ejecutivo comunitario. Dinamarca, Grecia, Países Bajos, Austria y Alemania llevan trabajando meses para diseñar un sistema duramente criticado por las organizaciones de derechos humanos, países como España y Francia y por el Consejo de Europa. También se habló de otros países antes para lanzar esos centros de deportación, como Uzbekistán o Uganda, pero finalmente se ha firmado con Ruanda.
Ruanda está liderada desde 1994 por Paul Kagame, que desde el año 2000 es el presidente del país. El régimen reprime con contundencia a las voces críticas y opositores, tal y como recogen año tras año los informes de organizaciones internacionales de derechos humanos. Todo el que se atreva a criticar al Gobierno se enfrenta a graves consecuencias, por lo que impera la ley del silencio. Es paradigmático el caso de Victoire Ingabire, líder opositora encarcelada en Kigali para quien la Fiscalía pide cadena perpetua.
Tanto la ONU como el Parlamento Europeo advirtieron de graves irregularidades en su proceso judicial. En el último año y medio han fallecido en la cárcel dos presos políticos, el general retirado Frank Rusagara y el cantante y bloguero Aimable Karasira. Ambos habían criticado al Gobierno y fueron torturados durante su estancia en la cárcel, según Human Rights Watch.
En este sentido, el responsable de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, expresó este martes sus reservas sobre esta iniciativa. Aunque indicó que aún no ha visto el borrador de la propuesta, dijo estar preocupado “por los riesgos para los derechos humanos que plantea el traslado propuesto de personas desde cinco países de la Unión Europea hacia Ruanda, un lugar con el que no tienen ningún vínculo real y que, a su vez, presenta sus propios desafíos en materia de derechos humanos”. En su lugar, abogó por un “enfoque integral de la gestión de la migración basado en los derechos humanos”, informa Reuters.
Ruanda trata por todos los medios de presentarse como un país seguro. En 2022, firmó un acuerdo con el Reino Unido para el traslado de solicitantes de asilo, pero meses más tarde la justicia británica lo declaró ilegal, al considerar que no era un país respetuoso con los derechos humanos y que había riesgo de que los migrantes enviados allí fueran expulsados una vez en Kigali.
Pese a ello, el régimen ruandés llegó a habilitar un edificio de cuatro plantas en la capital, el Hope Hostel, e inició la construcción de un complejo de apartamentos a las afueras de la ciudad, que cayó en desuso. El plan británico no llegó a aplicarse. Sin embargo, sí tiene acuerdo en vigor con Estados Unidos para acoger a migrantes expulsados por el ICE, la policía migratoria del país, para lo que sí se usó el Hope Hostel, que suena como posible centro para el proyecto impulsado por los cinco países europeos.

No se ha desvelado cuál es el acuerdo económico, pero países como Dinamarca se escudan en que se trata, fundamentalmente, de ayuda para el desarrollo para el país africano. Además, alegan que los costes para atender a los refugiados bajarán en Europa gracias al nuevo sistema. Austria, por ejemplo, asegura que se pueden ahorrar 250 millones de euros solo en Interior con el acuerdo con Ruanda. Alemania, por su parte, ha incluido en sus próximos presupuestos una partida de 20 millones de euros para enviar a Ruanda a 40 personas, aunque aún falta que el borrador sea votado y aprobado en la Cámara baja. Más allá de estos detalles, los números y el propio acuerdo son opacos.
La postura europea con Ruanda es, por tanto, extremadamente contradictoria. Por un lado, Estados miembros han firmado un acuerdo con el país africano para habilitar allí centros de detención para migrantes deportados de la UE, con el beneplácito de Bruselas. Por otro lado, la Unión ha endurecido su política exterior hacia Kigali: en 2025, sancionó a ese país por su apoyo al grupo armado M23 en el este de la República Democrática del Congo. La lista de sancionados incluyó a cinco líderes del M23, tres comandantes ruandeses por apoyar al grupo, al jefe de la agencia ruandesa de minas, petróleo y gas y a una empresa sospechosa de sacar minerales de contrabando del Congo.
