El Tribunal Supremo aclara que los autónomos deben reclamar al Estado las pérdidas causadas por una ley española que sea contraria a las normas de la Unión Europea, y es el Gobierno quien debe indemnizar a estos emprendedores sin esperar a que la justicia europea intermedie. El Alto Tribunal falla así a favor de los autónomos por medio de la sentencia sentencia 872/2026.. La sentencia del tribunal parte del precio de los carburantes y su sobrecoste ante reclamaciones autonómicas registradas entre 2013 y 2018. Durante esos años, tanto la gasolina como el diésel incluían un impuesto que podía variar según la comunidad autónoma, pero tal y como aclaró la justicia europea en 2024, ese sobrecoste vulneraba las normas europeas.. Ahora, a pesar de que la Administración las rechaza por considerarlas fuera de plazo, la sentencia del Tribunal Supremo obliga de nuevo a comprobar qué derechos se han vulnerado y cuáles normativas que han afectado a estos autónomos incumplen las leyes europeas.. De este modo, el Supremo cree que cada reclamante debe acreditar tanto el daño sufrido como el importe correspondiente que el Estado le debe devolver. Los afectados por este sobrecoste, sea un transportista, comercial o agricultor, deben demostrar que se vieron afectados con facturas y justificantes que conserven, ya que puede ser decisivo para la sentencia en su favor.. Europa pone la ley española bajo lupa. Hasta la fecha, la legislación española complica la reclamación al Estado de daños y pérdidas contraria a las leyes de la UE. De acuerdo a la propia Comisión Europea, España hace «muy difícil» que se dé la compensación pertinente debido a los daños causados por una ley que infringe el Derecho europeo.. No obstante, el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) recuerda que España se expone a una sanción económica si no se concede el amparo e indemnización correspondiente a cualquier ciudadano o empresa que quiera reclamar al Estado por el perjuicio causado y lo justifique.. Asimismo, el TJUE ha dictaminado en varias ocasiones que las medidas adoptadas hasta la fecha «no son suficientes», así como otras normas y prácticas de la legislación española han sido señaladas en los últimos años por ser «contrarias al Derecho de la Unión Europea». Algunos ejemplos tienen que ver con el uso abusivo de los contrarios temporales, así como los llamados fijo-discontinuos, por parte de las administraciones públicas, pues el TJUE considera que supone «un perjuicio para los trabajadores interinos».. España es uno de los países que más incumple las normativas europeas, estando a la cabeza de las estadísticas de incumplimiento normativo de la UE. Con más de noventa casos, su déficit de transposición de directivas se mantiene muy por encima de la media europea, situándose por delante de países como Bulgaria, Italia o Polonia. Especialmente, en materia de derechos laborales, medio ambiente o mercado único y fiscalidad, acumulando retrasos, multas e importantes sanciones.
El Tribunal Supremo aclara que los autónomos deben reclamar al Estado las pérdidas causadas por una ley española que sea contraria a las normas de la Unión Europea, y es el Gobierno quien debe indemnizar a estos emprendedores sin esperar a que la justicia europea intermedie. El Alto Tribunal falla así a favor de los autónomos por medio de la sentencia sentencia 872/2026.. La sentencia del tribunal parte del precio de los carburantes y su sobrecoste ante reclamaciones autonómicas registradas entre 2013 y 2018. Durante esos años, tanto la gasolina como el diésel incluían un impuesto que podía variar según la comunidad autónoma, pero tal y como aclaró la justicia europea en 2024, ese sobrecoste vulneraba las normas europeas.. Ahora, a pesar de que la Administración las rechaza por considerarlas fuera de plazo, la sentencia del Tribunal Supremo obliga de nuevo a comprobar qué derechos se han vulnerado y cuáles normativas que han afectado a estos autónomos incumplen las leyes europeas.. De este modo, el Supremo cree que cada reclamante debe acreditar tanto el daño sufrido como el importe correspondiente que el Estado le debe devolver. Los afectados por este sobrecoste, sea un transportista, comercial o agricultor, deben demostrar que se vieron afectados con facturas y justificantes que conserven, ya que puede ser decisivo para la sentencia en su favor.. Hasta la fecha, la legislación española complica la reclamación al Estado de daños y pérdidas contraria a las leyes de la UE. De acuerdo a la propia Comisión Europea, España hace «muy difícil» que se dé la compensación pertinente debido a los daños causados por una ley que infringe el Derecho europeo.. No obstante, el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) recuerda que España se expone a una sanción económica si no se concede el amparo e indemnización correspondiente a cualquier ciudadano o empresa que quiera reclamar al Estado por el perjuicio causado y lo justifique.. Asimismo, el TJUE ha dictaminado en varias ocasiones que las medidas adoptadas hasta la fecha «no son suficientes», así como otras normas y prácticas de la legislación española han sido señaladas en los últimos años por ser «contrarias al Derecho de la Unión Europea». Algunos ejemplos tienen que ver con el uso abusivo de los contrarios temporales, así como los llamados fijo-discontinuos, por parte de las administraciones públicas, pues el TJUE considera que supone «un perjuicio para los trabajadores interinos».. España es uno de los países que más incumple las normativas europeas, estando a la cabeza de las estadísticas de incumplimiento normativo de la UE. Con más de noventa casos, su déficit de transposición de directivas se mantiene muy por encima de la media europea, situándose por delante de países como Bulgaria, Italia o Polonia. Especialmente, en materia de derechos laborales, medio ambiente o mercado único y fiscalidad, acumulando retrasos, multas e importantes sanciones.
