La mayoría de los nueve jueces que componen el Tribunal Supremo de Estados Unidos (formado por seis conservadores y tres progresistas) han expresado dudas sobre la legalidad de la orden presidencial dictada por Donald Trump el primer día de su segundo mandato para limitar el derecho de ciudadanía por nacimiento. El mandatario republicano quiere impedir que se conceda la nacionalidad estadounidense a los hijos de inmigrantes sin papeles y visitantes temporales. Una medida que podría afectar a más de 250.000 bebés al año o casi tres millones de niños en la próxima década, que se verían privados de la ciudadanía estadounidense.. Seguir leyendo
La mayoría de los nueve jueces que componen el Tribunal Supremo de Estados Unidos (formado por seis conservadores y tres progresistas) han expresado dudas sobre la legalidad de la orden presidencial dictada por Donald Trump el primer día de su segundo mandato para limitar el derecho de ciudadanía por nacimiento. El mandatario republicano quiere impedir que se conceda la nacionalidad estadounidense a los hijos de inmigrantes sin papeles y visitantes temporales.
La vista oral del caso se ha producido con un testigo excepcional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acudido este miércoles a la audiencia del Supremo para escuchar los alegatos de las partes en el proceso de ciudadanía por derecho de nacimiento, un caso que puede redefinir quién es considerado ciudadano estadounidense y amenaza con cambiar la esencia misma de la nación. El mandatario permaneció en la tribuna del tribunal hasta que terminó el alegato del procurador general, John Sauer. Tuvo suficiente al comprobar que el caso se le ponía cuesta arriba. Se marchó cuando comenzó el turno de los demandantes.
Pese a que el republicano firmó la orden, la norma nunca ha estado vigente porque ha sido rechazada por varios tribunales inferiores.
La asistencia de Trump es un hecho sin precedentes en la historia democrática de Estados Unidos. Nunca hasta ahora un presidente había acudido a una vista oral, en una decisión que se interpreta como un intento de influir en la independencia de los jueces. La Sociedad Histórica del Tribunal Supremo no tiene constancia de que un presidente haya asistido alguna vez a una vista oral, según la cadena CNN.
La relación del presidente republicano con la justicia es ambigua. El Supremo, con una supermayoría conservadora ha tendido a favorecer a Trump en los múltiples casos que afectan a sus decisiones desde que regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato. Pero el pasado febrero se pronunció sobre los aranceles con los que Trump levantó un muro comercial. El tribunal los consideró ilegales por basarse en la ley de poderes de emergencia prevista para otros supuestos y subrayó que este tipo de medidas debe pasar por el filtro del Congreso.
Desde entonces, el ocupante del Despacho Oval ha mostrado desconfianza hacia los magistrados conservadores que votaron en contra de los aranceles. Los llamó “imbéciles” y “perros falderos de los republicanos moderados y de la izquierda radical”. Este martes, sugirió que los jueces del Supremo que fueron nombrados por los republicanos son “estúpidos” y “desleales”.
Durante la firma de la orden para limitar el voto por correo este martes, aseguró ante los medios de comunicación que, mientras que los magistrados designados por los demócratas votan persistentemente en su contra, los que él elige no siempre le apoyan. “Los republicanos tienden a ser muy diferentes. Quieren demostrar lo honorables que son; por eso, alguien puede nombrarlos para el cargo y, aun así, ellos fallan en su contra”, dijo, evidenciando el preocupante concepto que tiene de la justicia.
Más allá de la presión de Trump sobre los jueces, el Supremo analiza un caso que busca reinterpretar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, aprobada en 1868, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.
La clave: “Sujeto a jurisdicción”
Aunque todos los tribunales inferiores que se han pronunciado hasta la fecha han fallado en contra de la Administración de Trump, la Casa Blanca insiste en que se basan en una interpretación errónea de la Décimocuarta Enmienda.
La frase “sujeta a jurisdicción” es clave para los magistrados. Durante más de 150 años, los tribunales han interpretado de forma amplia este concepto, considerando que se refería a casi todos los bebés nacidos en territorio estadounidense, excepto a los hijos de diplomáticos extranjeros o de fuerzas invasoras.
Tres de los jueces conservadores, el presidente del tribunal, John Roberts, y los magistrados Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch mostraron su escepticismo sobre la norma presidencial, convertida en un símbolo de las políticas migratorias represivas del presidente Trump.
El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, ha tenido un papel complicado al defender la orden ejecutiva de la Casa Blanca ante las preguntas incisivas de los jueces.
Sauer ha intervenido bajo la atenta mirada del presidente, que unas horas antes había escrito en su red social, Truth: “La ciudadanía por derecho de nacimiento tiene que ver con los hijos de esclavos, no con multimillonarios chinos que tienen 56 hijos, que se convierten todos en ciudadanos estadounidenses. ¡Una de las muchas grandes estafas de nuestro tiempo!“.
“Un mundo nuevo, misma Constitución”
Durante la vista oral, Roberts dejó una frase para la historia. El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, argumentaba que los extranjeros millonarios estaban aprovechando la ciudadanía por derecho de nacimiento de forma torticera para nacionalizar a sus hijos. Sauer alegó que uno de los motivos de la ley era poner freno al turismo de nacionalidad, por el que algunas familias viajan al país para dar a luz y así sus hijos obtienen la nacionalidad.
—“Eso no era un problema en el siglo XIX”, apuntó Roberts para justificar que no es motivo para reinterpretar la 14ª Enmienda—.
—“No, pero claro, ahora vivimos en un mundo nuevo. Donde ocho mil millones de personas están a un solo vuelo de tener un hijo que sea ciudadano estadounidense”, respondió Sauer—.
—“Es un mundo nuevo, pero la Constitución sigue siendo la misma”, pronunció el presidente del Tribunal—. La frase marcó el resto de la audiencia pública.
El caso del cocinero chino
En realidad, la 14ª Enmienda se aprobó para revocar una polémica sentencia del Supremo que sostenía que Dred Scott, un activista estadounidense de origen afroamericano, cuyos antepasados fueron trasladados a Estados Unidos y vendidos como esclavos, no podía ser considerado ciudadano estadounidense y, por tanto, tampoco podía acudir a los tribunales a reclamar su libertad. La enmienda constitucional corrigió esa desafortunada decisión que rechazaba la ciudadanía a los esclavos negros liberados. Desde entonces, prácticamente todos los tribunales han considerado que el nacimiento en territorio estadounidense es válido para obtener la nacionalidad.
Hay otro caso que ambas partes esgrimen para armarse de argumentos y que a buen seguro saldrá a relucir durante el juicio: el del cocinero de origen chino Wong Kim Ark. Las autoridades migratorias estadounidenses denegaron la entrada al país a Ark cuando trató de regresar al país en el que había nacido tras una visita a sus familiares en China. En 1898, la Corte Suprema concedió la ciudadanía a Ark.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés), la organización que se ha movilizado para llevar el caso a los tribunales, recuerda en una nota que “Treinta años después de la ratificación de la Decimocuarta Enmienda, en pleno auge del fervor antichino, este tribunal rechazó el último ataque del gobierno contra la ciudadanía por derecho de nacimiento”. La sentencia del Supremo, continúa, siente el precedente por el cual se reconoce la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos de casi todos los extranjeros.
Pero esa misma sentencia sirve de argumento para la Administración Trump, que pone el acento en que los magistrados subrayaron que se concedió la residencia a Ark porque se verificó que los padres tenían residencia y domicilio en San Francisco. Es decir, que estaban sometidos “a la jurisdicción”.
