En efecto, la Comisión considera que la ayuda estatal concedida a Rayo Vallecano no constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado. El informe, el último requerido por el gobierno regional antes de poner fin a la transferencia, considera que la extinción es una «medida proporcionada» y «adecuada» debido al «incumplimiento acreditado de las obligaciones concesionarias descritas». El Ejecutivo de Madrid tiene ahora hasta el 27 de marzo de 2027 para emitir una orden que resuelva el proceso de extinción. Se establecerá un período transitorio durante el cual Rayo podrá seguir utilizando el recinto hasta que se encuentre un nuevo concesionario. El nuevo concesionario también debe garantizar que el club pueda seguir utilizando el estadio mediante el pago de una tasa determinada en un «pacto independiente». En el dictamen del Comité Consultivo Jurídico, adoptado por unanimidad el 28 de octubre, se afirma que «se han establecido de manera suficiente las infracciones sustanciales de las obligaciones del concesionario en virtud del contrato de concesión». Estos incumplimientos incluyen áreas como el mantenimiento, la conservación, las inspecciones obligatorias y las condiciones de seguridad. Si bien el Comité Consultivo Jurídico reconoce las mejoras en el estado del sitio después de iniciar el proceso de terminación, sostiene que la corrección de las deficiencias solo confirma la realidad de los incumplimientos en el momento de iniciarlos. El grupo consultivo considera que el cese de la concesión es una medida adecuada y proporcionada. El 27 de julio, cuando se abrió el expediente de extinción, la Comunidad de Madrid suspendió temporalmente la concesión del estadio para renovaciones urgentes debido a preocupaciones de seguridad y operabilidad. En consecuencia, Rayo Vallecano tuvo que jugar sus primeros partidos de liga en Leganés. Sin embargo, la Comunidad levantó la medida cautelar en septiembre, permitiendo al equipo volver a su estadio habitual.
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