Las regiones autónomas controladas por el PP han prometido cumplir la ley y aceptar a los migrantes menores apropiados para ayudar a resolver la crisis en Ceuta, pero esto no significa que dejen de desafiar al Gobierno. El jueves, el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, concluyó su reunión inicial con representantes ejecutivos regionales, lo que resultó en acusaciones de ambas partes con respecto a los miembros del PP. El Partido Popular se opone a la inclusión de la situación de los menores de Ceuta en la reunión oficial de la conferencia, programada para el día siguiente, 27 de diciembre, con la participación del Gobierno y las comunidades. En tres áreas gobernadas por el PP con el apoyo de Vox – Castilla y León, Aragón y Extremadura – las administraciones regionales boicotearon una reunión telemática el jueves. Rechazaron la participación con el partido de extrema derecha, que es responsable de la gestión de las competencias menores en estas regiones. Lea más para obtener información adicional.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han prometido cumplir la ley y aceptar los menores migrantes que les correspondan para aliviar la emergencia en Ceuta, pero eso no implica que renuncien a confrontar con el Gobierno. La primera toma de contacto del Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, con representantes de los ejecutivos autonómicos terminó este jueves entre reproches mutuos en el caso de los miembros del PP. Los populares se niegan a incluir la situación de los menores de Ceuta en la reunión formal de la conferencia sectorial que reúne al Gobierno y las comunidades, convocada para el próximo día 27. Tres Administraciones regionales donde el PP gobierna con Vox -Castilla y León, Aragón y Extremadura- boicotearon el encuentro telemático de este jueves, al negarse a participar en él la extrema derecha, que gestiona las competencias de menores en esos territorios.
La videoconferencia entre representantes del Ministerio y de las comunidades autónomas tenía como propósito simplemente pactar los asuntos a tratar en la conferencia sectorial que dentro de dos semanas reunirá, ya al más alto nivel, a la ministra y a los respectivos consejeros. Solo hubo acuerdo en un punto: que el día 27 se abordará el destino de los 25 millones de euros anunciados por el Gobierno para socorrer a la ciudad autónoma. Lo demás deparó un nuevo episodio de la ya rutinaria bronca política.
Las comunidades del PP se negaron a incluir en el orden del día de la próxima conferencia la situación de los menores extranjeros en Ceuta, donde el Gobierno ya ha registrado a 1.898. Fuentes del Ministerio precisan que los criterios para distribuir a los chicos cuando se les pueda trasladar a la Península no están sometidos a discusión, porque así lo establece el real decreto convertido en ley después de que el Congreso lo convalidase en abril de 2025. Pero la intención de Sira Rego era plantear un debate general sobre la atención a los menores migrantes y la situación actual en Ceuta. Según las citadas fuentes, la ministra quiere abordar cuestiones como los traslados, pero también las posibilidades de acogimiento privado o de reagrupamiento con sus propias familias, principalmente en Marruecos, pero no solo, ya que en algunos casos pueden tener parientes en España o en otros países de la Unión Europea.
Las comunidades del PP se opusieron a incluir esa cuestión en el orden del día de la conferencia alegando que no se les había comunicado con antelación ni aportado la información suficiente. “Han incumplido la normativa, tenían que haberlo tratado previamente, estamos hartos de que nos tomen el pelo”, criticaron fuentes de la Xunta de Galicia. “Resulta incomprensible que el Gobierno siga sin aclarar cuántos menores hay en Ceuta, cuál es su situación y cuántos permanecen desatendidos”, agregó el Gobierno balear. “No se puede empezar a hablar de repartos o traslados entre comunidades autónomas sin disponer siquiera de datos ciertos sobre la situación actual”. La comunidad isleña, que preside la popular Marga Prohens, asegura que su red de acogida está “completamente saturada”, con 897 menores, más del doble de las 434 plazas de su “capacidad ordinaria”.
Los populares interpretan que existe una contradicción dentro del Gobierno entre las posiciones de Rego y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, después de que este hablase de fomentar los retornos. Y emplazan al Ejecutivo a “activar los mecanismos legales y diplomáticos para hacerlos posibles”. Sobre el único punto que está garantizado que sí se tratará el día 27, la partida de 25 millones para Ceuta, el PP sostiene que es insuficiente ante la envergadura de la emergencia que todavía vive la ciudad autónoma tras la masiva entrada, hace dos semanas, de más de 80.000 migrantes irregulares. La mayoría regresaron ya a Marruecos, pero todavía permanecen unos 8.000, según los cálculos provisionales del Gobierno.
El Ministerio de Juventud e Infancia anticipó que su titular insistirá en incluir el asunto de los menores en la conferencia del día 27. Pero una mayoría de comunidades tiene potestad de vetarlo, por lo que quedará fuera del debate a no ser que los gobiernos del PP rectifiquen su postura.
Sira Rego, de Izquierda Unida, recurrió a las redes sociales para criticar con dureza a las administraciones bajo el mando de los populares. “El PP se niega a debatir la situación de Ceuta y [de] los menores que están solos en la ciudad autónoma”, escribió en su cuenta de Bluesky. “Vox no está ni se le espera. Desprecian a la infancia y desprecian a Ceuta. Bloquear el debate es solo síntoma de falta de argumentos”.
La ministra esgrime que la atención a los menores extranjeros no acompañados “es una obligación política y legal”. Y expone las tres posibles soluciones: reunificación familiar, acogimiento institucional y acogimiento en otras familias dispuestas a participar. “Los gobiernos autonómicos deben estar a la altura”, subraya. Rego apela a unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en las que enfatizaba que “Ceuta es España” para exigir al líder del PP colaboración a fin de aliviar la emergencia en la ciudad autónoma, gobernada por su propio partido. “La protección de la infancia no entiende de siglas ni de fronteras. Son niños y niñas. Y el Estado va a cuidarlos”, promete.
El boicot de las tres comunidades donde el PP ha cedido a Vox las competencias sobre la materia estaba anunciado desde hace días. Los ultras no van a romper los gobiernos autonómicos pactados con los populares, como hicieron dos años atrás precisamente con la excusa de la acogida a los menores extranjeros. Negarse a atenderlos significaría vulnerar la ley, como reconoce también el PP, cuyas comunidades ya han recibido en el último año a unos 1.750 chicos y chicas procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. Pero la demonización de lo que los dirigentes de Vox llaman con desprecio menas -una forma de cosificarlos refiriéndose a ellos por las siglas con las que se les designa administrativamente- es una parte esencial de su discurso contra la inmigración. Y aunque los ultras no desafíen la ley de forma directa, han anunciado que harán todo lo posible por ponerle trabas.
