El magistrado Juan Carlos Peinado puso la última puntilla de su controvertida instrucción a las 11.59 del pasado sábado, cuando firmó una resolución de 84 páginas parar abrir juicio a Begoña Gómez y retirarle el pasaporte. La decisión no solo ha desatado una enorme tormenta por las repercusiones políticas y jurídicas que implica, sino también por la extravagante argumentación que, de nuevo, utiliza en su dictamen, hasta el punto de que ha provocado una reunión de urgencia este lunes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para estudiar posibles medidas disciplinarias.. Seguir leyendo
El magistrado Juan Carlos Peinado puso la última puntilla de su controvertida instrucción a las 11.59 del pasado sábado, cuando firmó una resolución de 84 páginas parar abrir juicio a Begoña Gómez y retirarle el pasaporte. La decisión no solo ha desatado una enorme tormenta por las repercusiones políticas y jurídicas que implica, sino también por la extravagante argumentación que, de nuevo, utiliza en su dictamen, hasta el punto de que ha provocado una reunión de urgencia este lunes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para estudiar posibles medidas disciplinarias.
Peinado volvió a manifestar en el auto de apertura de juicio oral a Gómez que habría que “remontarse” al reinado del monarca absolutista Fernando VII para encontrar “conductas” corruptas provenientes de “palacios presidenciales” como las que, según él, tejió la esposa de Pedro Sánchez en La Moncloa. Una mujer que, según añadió ahora, puede darse a la fuga en cualquier momento gracias a la ayuda de los policías que la escoltan. Esta última consideración del magistrado, que ha indignado a los sindicatos policiales y provocado una queja formal del Ministerio del Interior, será el motivo la reunión extraordinaria de la comisión permanente del CGPJ desde primera hora de la mañana de este lunes. Sus miembros debatirán si ordena la apertura de un expediente disciplinario contra el instructor por haber cuestionado a las fuerzas de seguridad.
No es la primera vez que el Consejo debate actuar contra Peinado, aunque nunca se había hecho con la celeridad de esta vez: la presidenta convocó a los siete vocales de la comisión permanente (cuatro del sector conservador y tres del progresista) el sábado por la noche, solo unas horas después de que se hiciera pública la resolución del juez y de que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le remitiera su queja y le pidiera que el órgano de gobierno de los jueces adopte “las medidas que puedan resultar procedentes”. La reunión se iba a mantener, en principio, el domingo por la mañana de forma telemática, pero Perelló la pospuso en el último momento a este lunes para hacerla de forma presencial y facilitar el debate.
La propuesta de la presidenta del Consejo implicaría expedientar a Peinado por la posible comisión de una falta muy grave, que puede ser castigada hasta con la expulsión de la carrera. Aunque el juez se jubila el próximo mes de septiembre y una posible sanción difícilmente llegaría a tiempo para tener un efecto práctico, un expediente exprés a Peinado sí tendría, cuanto menos, un valor simbólico como pronunciamiento del Consejo sobre las afirmaciones del juez. No obstante, varias fuentes jurídicas consultadas expresan dudas sobre el recorrido que pueda tener la propuesta de Perelló porque consideran que el CGPJ no tiene competencias para sancionar a un instructor por el contenido de sus resoluciones. Otras fuentes consideran, sin embargo, que el Consejo no puede actuar contra el juez por su actuación jurisdiccional, pero sí por descalificaciones o desconsideraciones incorporadas a sus resoluciones.
El órgano de gobierno de los jueces ya ha estudiado en otras ocasiones actuar contra Peinado, pero ninguna de ellas ha derivado, por el momento, en una sanción. Hace unas semanas, la autoridad disciplinaria del Consejo propuso archivar siete quejas registradas contra el juez, pero la comisión permanente solo aprobó dar carpetazo a cuatro de ellas y le instó a seguir investigando las presentadas por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien denunció que el instructor actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en La Moncloa por el caso contra la mujer del presidente del Gobierno y cuando, más tarde, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él.
La actuación en el caso del ministro de Justicia es uno de los episodios polémicos protagonizados por Peinado desde que, hace dos años, decidió encausar a la esposa del presidente y la citó como imputada en plena campaña de las elecciones europeas. Apenas llevaba tres meses con la causa, cuando rechazó que Sánchez pudiese responder por escrito y acudió a La Moncloa para preguntar por su pareja. La cita no duró ni dos minutos. El dirigente del PSOE se acogió a su derecho a no declarar en un proceso abierto a un familiar. Y el instructor se marchó de allí con una grabación que facilitó a las partes y que acabó filtrada a los medios. La Audiencia de Madrid le tiró levemente de las orejas por ello: “La entrega carecía de sentido”.
Al año siguiente decidió que interrogaría como testigo también a Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por su etapa como secretario general de Presidencia. Peinado quería preguntarle por la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Y, de nuevo, se dirigió a La Moncloa para ello. Ese encuentro se convirtió en un espectáculo desde el principio. El juez llegó a bordo de un coche oficial enviado por el Ministerio a recogerlo porque se había quejado de que, la vez que acudió a preguntar a Sánchez, los servicios de seguridad le hicieron esperar en el acceso un “tiempo superior al necesario”. Además, no vio con buenos ojos que fueran tantos agentes en el automóvil que le mandaron: “Carece de sentido que dicho vehículo sea ocupado por una tercera persona cuyo objetivo en el interior del citado vehículo no se alcanza a comprender”, escribió.
Tras pedir una tarima a los funcionarios de La Moncloa para colocarse en un plano superior, la tensión se dispararó en el cara a cara con Bolaños. El juez le reprochó que “esbozase una sonrisa” durante una de sus preguntas y lo acusó de contestar con “evasivas”. Días más tarde, Peinado pidió al Supremo que imputase al integrante del Ejecutivo por falso testimonio y malversación. Una solicitud que el alto tribunal rechazó con un sonoro revés: “No hay el más mínimo respaldo indiciario [para aceptarla]”. El ministro presentó una queja por el interrogatorio ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que, por ahora, no ha prosperado.
Aunque aún le faltan unos tres meses para jubilarse, resulta complicado que otro asunto marque la carrera del juez Peinado tanto como el caso Begoña Gómez. Cuando abrió el sumario tras recibir una denuncia con recortes de prensa del pseudosindicato ultra Manos Limpias, era un magistrado prácticamente desconocido ante la opinión pública. Dos años después, su nombre copa tertulias, portadas de periódicos e informativos de radio y televisión. Las razones son muchas. A sus cuestionadas resoluciones emitidas en la investigación contra la esposa del jefe del Ejecutivo se suman decisiones controvertidas e inusuales, como la comparación del Gobierno de Pedro Sánchez con el reinado de Fernando VII, que ya había incluido en un auto anterior y volvió a citar en el de este sábado, pese a las críticas que recibió en su día.
Al margen de las quejas recibidas por la actuación del juez en el caso de la esposa de Sánchez, el CGPJ ha tramitado también denuncias por otros asuntos, como por el hecho de que, mentras impulsaba con ahínco la causa contra Gómez, se le pasaron los plazos de otra investigación que afectaba a un alto cargo del popular José Luis Almeida, alcalde del Ayuntamiento de Madrid, y provocaba así el archivo. Más Madrid y el diputado del PSOE Guillermo Hita denunciaron una “desatención de sus obligaciones judiciales”, lo que originó la apertura de otra investigación por parte del Consejo que todavía está pendiente de respuesta.
Judit Alexandra González, actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, fue otro de los objetivos de Peinado. La imputó en su investigación sobre la asesora de Begoña Gómez —pese a que González asumió el cargo años después de que se contratase a la asistente de la pareja de Sánchez—; la citó a declarar un domingo en su juzgado, adonde acudió en medio de una gran expectación mediática; y la desimputó ese mismo día. El viraje lo explicó en una breve resolución de un solo párrafo: “Resulta plenamente acreditado que la investigada no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos”.
El viacrucis de Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y una de las caras visibles de la oposición a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, fue más largo. Peinado lo mantuvo imputado —también por su paso por el área de Presidencia del Gobierno— más de medio año, hasta que la Audiencia de Madrid anuló la decisión del juez al considerar que este no contaba con el “más mínimo indicio” contra él. El tribunal provincial le tumbó más imputaciones: la de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); y de Juan José Güemes, alto cargo de Instituto de Empresa (IE) y consejero autonómico durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre.
En este tiempo, los abogados han aprendido a navegar las turbulentas aguas del juzgado encabezado por Peinado. El magistrado amenazó a los letrados por hablar con la prensa y multó a tres de ellos: a Antonio Camacho, defensor de Gómez y con quien ha mantenido una pelea soterrada (el juez le espetó en una reciente comparecencia que le mirara mientras hablaba y, antes, ya le censuró “orfandad de argumentos”), le impuso 5.000 euros de multa, que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por no razonar su decisión. La Fiscalía ha denunciado precisamente, además de sus excesos, que no justifica sus medidas: “Echando la vista atrás, no hemos comprendido bien en muchos momentos qué se investigaba y cuál era el objeto de numerosas diligencias”, plasmaba el ministerio público en un reciento escrito, donde acusaba al instructor de introducir una “deliberada confusión” en el relato de los hechos para atribuir delitos a la esposa del presidente ante “la inexistencia de los mismos”.
