Tiene algo de optimismo para los sirios que, mientras gran parte de Oriente Próximo se ve arrastrado a la guerra desatada por Israel y Estados Unidos contra Irán, en su tierra —donde una docena de actores regionales e internacionales libraron múltiples guerras durante 14 años— los pistachos estén a rebosar en plena cosecha, las placas solares se normalicen en el paisaje y huela a asfalto recién extendido en las principales avenidas del país. No ocurre en todas partes, y siempre más en las ciudades que en el campo, pero algo se mueve entre la, hasta hace un año, estática estampa de edificios y puentes derruidos en Siria.. Seguir leyendo
Tiene algo de optimismo para los sirios que, mientras gran parte de Oriente Próximo se ve arrastrado a la guerra desatada por Israel y Estados Unidos contra Irán, en su tierra —donde una docena de actores regionales e internacionales libraron múltiples guerras durante 14 años— los pistachos estén a rebosar en plena cosecha, las placas solares se normalicen en el paisaje y huela a asfalto recién extendido en las principales avenidas del país. No ocurre en todas partes, y siempre más en las ciudades que en el campo, pero algo se mueve entre la, hasta hace un año, estática estampa de edificios y puentes derruidos en Siria.
Sus gentes cuentan que aún no ha llegado el tantas veces ya anunciado pistoletazo de salida de la reconstrucción, ni las ayudas prometidas por el Golfo, Europa o Estados Unidos, pero aun así los ciudadanos se lanzan al retorno, empujados a empezar solos el proceso de levantar sus casas y cultivar sus campos. “He dejado a los [hijos] más pequeños con la familia hasta que la situación sea más favorable”, cuenta Mohammad Riad al Nassa en el poblado de Al Hamamiyat, en el noroeste del país. Su mujer, Samar, ha parido nueve hijos. Los menores viven con sus hermanas en el campo de refugiados de Atameh, en la norteña provincia de Idlib.
“Aquí no hay escuelas a menos de tres kilómetros a pie y el hospital más cercano está a unos 18”, justifica el cabeza de familia. A la hija mayor la ha mandado “a la ciudad, a casa de otro familiar” porque “es muy inteligente y disciplinada en los estudios universitarios de derecho”, dice con tanto orgullo como sacrificio. La decisión de salir del campo y retornar a su pueblo fue incentivada, cuenta. Primero les cortaron el acceso al agua, luego redujeron los servicios de las ONG y fue entonces cuando muchas familias se fueron, haciendo que resultara más inseguro quedarse para el resto.
El nuevo Gobierno de Damasco que preside Ahmed al Shara cumple 20 meses en el poder desde que derrocara a Bachar el Asad. Ya ha diseñado su nuevo Plan Estratégico para 2026-2028, con el que coordinar la ayuda internacional. Con recursos limitados, las escuelas, hospitales, carreteras y acceso a agua y electricidad son las prioridades para servir a una población en la que el 90% vive bajo el umbral de la pobreza. En el documento se incluye la máxima de “cero campos [de refugiados]”. Quieren, dicen en Damasco los funcionarios de la nueva burocracia, que los sirios “rompan con la inercia de asistencialismo y dependencia del exterior y trabajen”. Quedan 1,4 millones de ciudadanos en tiendas de campaña de los 6,2 millones de desplazados internos. En total, más de tres millones de sirios han retornado a su lugar de origen entre desplazados internos y refugiados fuera del país, la mitad menores, calcula la ONU. Países de acogida como Turquía, Líbano o Alemania están presionando a Damasco para devolver a parte de los refugiados que acogen, por el coste que entraña para su política doméstica en los cálculos electorales.
Lo que el nuevo Ejecutivo no explica es cómo han de vivir esos retornados mientras las promesas de ayuda no se materialicen en ladrillos, trabajos, transporte público o camas de hospital. Así que la familia de Mohammad, como varios de sus vecinos, decidió dejar de esperar, desmontó la tienda y la plantó de nuevo al lado de la pila de escombros que antaño fue su casa. No les queda otra. El poblado está totalmente derruido por los bombardeos de una aviación siria que codiciaba la autovía M5, que conecta el norte y sur del país desde Turquía a Jordania y que, para mala suerte de los habitantes de Al Hamamiyat, pasa a muy pocos kilómetros de allí. Así, sus calles quedaron convertidas en frente de guerra de la provincia de Hama.
Estaba removiendo la tierra de los pimientos cuando pisé algo duro. Perdí el conocimiento”
Alí al Jalaf, campesino mutilado por un explosivo
“Hemos empezado reconstruyendo este cuarto y estamos rehaciendo el resto de la casa conforme entra algo de dinero”, prosigue el padre de familia. Desde la ventana del cuartucho donde duermen hacinados los padres y cuatro hijos con tres palomas, en el calor infernal habitual en el verano sirio, se puede ver la casa de sus vecinos, transformada en una tarta de cemento. También han levantado una tienda a la derecha, en cuyos bordes nacen unas briznas verdes de menta y albahaca que han sembrado sus dueños. Una imagen que se replica a lo ancho del pueblo y a lo largo del país. Porque, como precisan los Al Nassa, ellos no empiezan de cero, sino de menos cero. “Antes de construir hay que quitar los escombros y eso cuesta tiempo y dinero”. Sustituyen la falta de amperios estatales con la compra de placas solares, que son las que les permiten trabajar una de las tierras más fértiles del país, extrayendo agua de pozos para la irrigación que les da ingresos, además de comida. Otros simplemente enganchan un cable al poste estatal más cercano, admiten encogiéndose de hombros.
Si bien la mayoría de los frentes sirios se acallaron hace 10 años cuando el ejército de Bachar el Asad tomó la ciudad de Alepo, poco se avanzó en la reconstrucción de las zonas que quedaron bajo su control más que en la retirada de cascotes y escombros. Sí que lo hicieron algunos conglomerados de inmuebles residenciales en las grandes urbes como Alepo o Damasco, hoy monstruos de cemento paralizados tras la huida de sus promotores iraníes y rusos u oligarcas sirios afines al régimen.
Con la llegada de Al Shara, la maquinaria de obra se invierte en el mapa del país, con tímidas inversiones que van llegando de los países del Golfo y de Turquía a las barriadas de clase trabajadora suníes, las más destruidas. Han sido las mezquitas y los colegios los primeros en florecer entre los amasijos de hierro y cemento. Los lugares de rezo, porque aportan sosiego a quienes han sufrido demasiado y se han quedado sin nada, pero también por los fondos que llegan en una más sutil competición de las diferentes escuelas religiosas de la región. Los colegios, para que no haya otra generación analfabeta tras la guerra. En sus aulas ya se empieza a reflejar el nuevo orden socioconfesional con los niños y niñas segregados y nuevas órdenes de que en la secundaria, los colegios sean separados por género.
El camino de la destrucción a la reconstrucción no está exento de riesgos, a pesar de que se hable de un retorno precario, pero “seguro”. Dos vecinos retornados de los Al Nassa han muerto al pisar un mortero sin detonar cuando limpiaban los escombros de su terreno. La ONU eleva a 324.000 los explosivos y minas desperdigados por el país, la mayoría en las zonas de campo donde los combates fueron más duros que en las ciudades. En las capitales de provincia, aquellos que aún tienen economía llenan los restaurantes y cafés de pipas de agua.
“Estaba removiendo la tierra de los pimientos cuando pisé algo duro. Perdí el conocimiento”, rememora en una videollamada un resignado Alí al Jalaf, campesino que a sus 29 años es ya padre de seis menores. En la pantalla del móvil se le ve frotándose el muñón que le cuelga por debajo de la rodilla izquierda sobre una silla de plástico desvencijada. Oriundo de otro pueblo de Deir Ezzor, fue desplazado hace tres años al de Majawda, desde donde habla, y en una provincia agrícola de gente empobrecida y conservadora, que ha sido tradicionalmente desatendida por el Gobierno central, cuyos empleados extraían el crudo de la zona sin por ello redistribuir los ingresos.
El agricultor se ha sometido a dos operaciones en los últimos 14 meses desde que sufrió el “accidente”, pero no puede costearse una tercera para extraer los restos de metralla que le “arden día y noche”. La imagen empieza a pegar saltos cuando Al Jalaf decide ir a buscar un vaso de agua. Sin muletas, ni prótesis o silla de ruedas, solo le queda saltar con la pierna que le queda. Ha quedado condenado a la limosna de allegados para sacar a su familia adelante. “El estigma social es un problema que condena a los heridos, que a su vez ya sufren estrés postraumático”, afirma en conversación telefónica el doctor Yaman Sada, quien trabaja con Médicos Sin Fronteras en el hospital de Deir Ezzor. Allí ya han recibido este año a 218 víctimas de explosivos no detonados, apunta. En todo el país ya suman 1.419 muertos desde diciembre de 2024. La mayoría de los casos se concentran en zonas rurales, prosigue Sada, que ha atendido desde niños que vuelven del colegio a los que juegan en el campo (los menores cuentan por el 40% de los heridos), a agricultores y pastores.
José María Vera, director de Unicef España, arquea las cejas al ver a una docena de niños y niñas levantar la mano. Acaba de preguntar: “¿Cuántos aquí habéis visto una mina de verdad?” a la veintena de estudiantes de entre 10 y 12 años que se arremolinan a su alrededor en una carpa que hace las veces de sala de juegos segura en el poblado de Mehin ―en el desierto sirio de Homs―, durante un viaje de este periódico al país facilitado por la organización. Un profesor les muestra fotografías de los diferentes tipos de minas y artefactos explosivos con los que se pueden topar. La consigna de los dibujos pegados en las lonas es simple: “No tocar e inmediatamente correr a avisar a un adulto”.
El riesgo y el incremento de accidentes han llevado a los padres a prohibir a sus hijos un derecho tan básico como salir a jugar al campo. La prohibición frustra a Emad al Hasan, que a los 10 años acaba de llegar de Turquía. Además, le encanta el fútbol y España era su equipo preferido en el mundial. “Retorno” es un concepto demasiado abstracto para Emad que, nacido en el país vecino como refugiado, pisa Siria por primera vez en un pueblo que le es extraño y donde no tiene amigos. Habla árabe en casa, pero no sabe escribirlo porque estudió en turco.
Su madre comparte su experiencia con otras vecinas de Mehin en una conversación que se convierte en un caleidoscopio de vivencias sobre el significado del retorno, ya sea desde Líbano, Turquía, Jordania, Alemania (los menos) o de Idlib. Una de las presentes, la única que se quedó en el pueblo durante los 14 años de la guerra, decide airear su malestar sin tapujos. “Seamos francas, aquí hay una jerarquía y en lo más alto están los que han retornado de Idlib”, resopla desde la frustración. Se refiere a la norteña provincia de capital homónima y bastión insurrecto que permaneció protegido por Turquía y de donde ha llegado la mayor parte de la nueva élite política del país. “Luego están los que vuelven de Turquía, después los de Alemania, y al final del todo estamos nosotros, los que no nos fuimos porque no teníamos dinero ni para irnos”, protesta ya envalentonada conforme algunas mujeres asienten con la cabeza.
Un sentir que comparten también en la administración pública los que se quedaron en la zona bajo control del régimen de El Asad —cerca del 70% de la población—, hoy estigmatizados por el campo insurrecto vencedor que tuvo que huir dejando sus casas a merced de las bombas y el saqueo.
A pocos kilómetros de allí, el ajetreo de excavadoras y tuberías marca el lugar donde parte el nuevo circuito de agua potable que abastecerá al poblado de Mhardeh. Dos jóvenes ingenieras del Ministerio de Energía toman notas de lo que allí se hace con proyectos de la ONU. Cerca de dos tercios de las plantas de tratamiento de agua, la mitad de las estaciones de bombeo y un tercio de los depósitos elevados han resultado dañados en la contienda siria. Casi la mitad de la población recurre a fuentes alternativas y a menudo insalubres, y al menos el 70% de las aguas residuales se vierte sin tratar, propiciando brotes de enfermedades infecciosas como el cólera o la hepatitis A.
Las infraestructuras destruidas durante la guerra son insuficientes para los que se fueron, y mucho más para todos los que han de retornar. El alcalde asegura que solo el 25% de los vecinos tiene agua potable y que, cuando todo el pueblo esté abastecido, regresará el 75% restante. Y sin que hayan vuelto los que faltan, el pueblo ya ha duplicado su población, con 6.000 bocas frente a los 3.000 de preguerra porque, puntualiza el regidor, “el que se fue hace 14 años soltero vuelve casado y con tres o cuatro hijos”.
