La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha aplazado hasta el 23 de noviembre el inicio del juicio por el mayor brote de listeriosis de Europa, que provocó cuatro muertes, siete abortos y más de 250 infectados. Es la tercera suspensión que acuerda el tribunal, después de que el 16 de octubre decidiera otorgar una semana más y el pasado viernes diera otros siete días, para, en ambos casos, dar tiempo a las partes para llegar a un acuerdo con las aseguradoras del Ayuntamiento hispalense para garantizar las indemnizaciones a las víctimas y evitar la vista oral. En esta ocasión, el plazo se ha dado para que se puedan incorporar a la macrocausa los informes forenses de cinco lesionados que aún no habían sido revisados por los profesionales del Instituto de Medicina Legal, según han informado a este diario fuentes conocedoras del proceso.. Seguir leyendo
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha aplazado hasta el 23 de noviembre el inicio del juicio por el mayor brote de listeriosis de Europa, que provocó cuatro muertes, siete abortos y más de 250 infectados. Es la tercera suspensión que acuerda el tribunal, después de que el 16 de octubre decidiera otorgar una semana más y el pasado viernes diera otros siete días, para, en ambos casos, dar tiempo a las partes para llegar a un acuerdo con las aseguradoras del Ayuntamiento hispalense para garantizar las indemnizaciones a las víctimas y evitar la vista oral. En esta ocasión, el plazo se ha dado para que se puedan incorporar a la macrocausa los informes forenses de cinco lesionados que aún no habían sido revisados por los profesionales del Instituto de Medicina Legal, según han informado a este diario fuentes conocedoras del proceso.
Este nuevo aplazamiento otorga a los abogados de los afectados más margen de tiempo para cerrar el acuerdo con las dos aseguradoras del Ayuntamiento de Sevilla, que interviene en la causa en calidad de responsable civil subsidiario y como acusación particular. En juego hay un montante de unos 10 millones de euros.
Hasta ahora el único escollo para poder sellar el pacto es la posición del consistorio hispalense, que considera que, de no concretarse la responsabilidad penal de la veterinaria municipal, una de las acusadas en el procedimiento, el Ayuntamiento no devendría responsable civil subsidiario y, por lo tanto, no tendría por qué responder económicamente. Sin embargo, los abogados de las partes consideran de que el hecho de que la funcionaria municipal no fuera condenada penalmente, no implica que no exista responsabilidad por parte de la corporación de Sevilla. Se estaría ante una responsabilidad civil, que también le obliga a indemnizar por las imprudencias cometidas por sus empleados públicos.
En los meses que las partes llevan negociando, el letrado del Ayuntamiento no se ha pronunciado nunca sobre las peticiones y propuestas de las partes, tal y como los principales abogados de las víctimas han denunciado. Manuel Parrilla, que representa a los dos lesionados con mayores secuelas reconocidas (dos mellizos de ocho años con el 75%y el 40% de minusvalía), también ha censurado la falta de empatía por parte del consistorio en este tiempo, en el que “jamás se ha interesado por las víctimas”.
Las aseguradoras están autorizadas, a falta de que puedan ampliar su límite, a poner entre seis y 1,2 millones de euros cada una. Las víctimas han hecho un esfuerzo para valorar sus lesiones conforme los criterios objetivos de indemnización que establece el Instituto de Medicina Legal, tal y como recuerdan sus abogados. Lo que reclaman es que el Ayuntamiento se comprometa a incorporar alrededor de cinco millones de euros.
Con el nuevo margen de tiempo también será posible que la Junta de Andalucía pueda tramitar su renuncia a los 3,8 millones de euros que solicitaba en concepto de gastos hospitalarios y que, en un primer momento, también se convirtió en un obstáculo en las negociaciones para garantizar la indemnización de las víctimas.
Además de garantizar la responsabilidad civil, los letrados de las víctimas quieren que sobre los principales acusados, los cuatro miembros de la familia propietaria de Magrudis, la cárnica donde se originó el foco de listeriosis, recaiga “una condena ejemplar”. La Fiscalía reclamó inicialmente 11 años y seis meses de prisión para José Antonio Marín Ponce, el administrador de facto de la cárnica, y su hijo Sandro, administrador de derecho, y 10 años para su otro hijo Mario y su mujer Encarnación, por sendos delitos contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave. Ahora, el ministerio público está tratando de llegar también a un acuerdo de conformidad para evitar el proceso, lo que podría suponer que rebajara las penas hasta cuatro años, el mínimo estipulado en el Código Penal.
