El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN) ha revocado el régimen de semilibertad concedido a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias Anboto, así como los terceros grados otorgados a los exdirigentes de la banda terrorista Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria. Esta es la segunda vez que la Audiencia Nacional le retira la semilibertad a Iparraguirre después de que el Gobierno vasco se la otorgara anteriormente en dos ocasiones.. Seguir leyendo
El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN) ha revocado el régimen de semilibertad concedido a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias Anboto, así como los terceros grados otorgados a los exdirigentes de la banda terrorista Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria. Esta es la segunda vez que la Audiencia Nacional le retira la semilibertad a Iparraguirre después de que el Gobierno vasco se la otorgara anteriormente en dos ocasiones.
En tres autos, el magistrado José Luis Castro estima los recursos presentados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la propuesta de la Junta de Tratamiento, en el caso de Anboto, y las decisiones del Gobierno vasco en relación con las medidas penitenciarias que se les habían concedido a los otros dos condenados por acciones de la banda terrorista.
El juez considera que la medida es “prematura” y señala que se “reitera lo ya propuesto en la anterior propuesta de aplicación sin añadir nuevos elementos que supongan una justificación excepcional y/o ampliatoria para la aprobación” de esta medida. Además, apunta a que la Administración Penitenciaria no ha propuesto, más allá de una actividad de voluntariado, nuevos elementos fácticos o tratamentales que justifiquen la aplicación del régimen de semilibertad.
El magistrado recuerda que la exdirigente de ETA está condenada a una pena acumulada de 30 años por “delitos de terrorismo extremadamente graves con nueve asesinatos”, así como por delitos de “tenencia de explosivos, estragos, delito contra la corona y tenencia de armas”.
Castro subraya que “existen procedimientos penales pendientes de enjuiciamiento por hechos vinculados a la actividad terrorista, entre los que se incluyen delitos de asesinato”, por lo que, según señala el Ministerio Fiscal en su informe, “esta circunstancia obliga a extremar la cautela en la evaluación de cualquier medida que implique una ampliación significativa de los espacios de libertad y una intensificación de los contactos con el exterior”.
Respecto a Olarra Guridi, autor de 10 asesinatos consumados y 144 frustrados, el juez aprecia que existe una “evolución positiva”, pero considera que la progresión acordada se ha producido en un “periodo relativamente corto”, pues se le concedió en julio de 2025. El magistrado entiende que para el tercer grado se necesita un tiempo mayor que permita constatar la existencia de los factores favorables existentes.
Resalta que “no debe obviarse que se trata de un caso con delitos de terrorismo de extrema gravedad”, en los que la evolución tratamental debe analizarse como una valoración compleja, en la que se unen factores propios del tratamiento, cumplimiento de condena ―con licenciamiento el 7 de septiembre de 2032― y abono de responsabilidad civil consolidada como mecanismo de reparación a las víctimas.
Por ello, considera que conviene mantener el régimen de semilibertad del artículo 100.2 actual, “al tratarse de delitos de terrorismo que, como acertadamente señala el Ministerio Fiscal, constituyen una de las formas más graves de delincuencia contra las víctimas, los derechos fundamentales de las personas y el propio sistema democrático”. Cabe recordar que, en julio de este año, la Audiencia Nacional ya revocó la concesión del tercer grado a Olarra Guridi por parte del Ejecutivo vasco por los mismos motivos.
Castro también revoca el tercer grado concedido a Aguirregabiria, condenado por 38 delitos de terrorismo, entre ellos el asesinato del gendarme francés Jean-Serge Nérin, y acuerda mantenerle en el régimen de semilibertad en aplicación del artículo 100.2, esto es, en el segundo grado. El magistrado aduce que la progresión al tercer grado “no es sino la relación de los mecanismos normales de control de la marcha del interno en el régimen ordinario o de segundo grado, concediéndole un más amplio espacio de libertad”.
Y ese supuesto, continúa, “no debe hacerse si no es con una cierta garantía de éxito en el uso de ese margen de confianza y una perspectiva razonable de no utilización del mismo”. Castro considera que Aguirregabiria “deberá continuar” en el programa de reinserción previsto en el segundo grado “hasta constatar una consolidación de las diferentes variables clasificatorias” que permitan “preparar” al exmiembro de ETA “para mayores cotas de libertad, incluida la libertad condicional”.
El magistrado recuerda que el exdirigente de ETA cumplió tres cuartas partes de condena en agosto de 2023, si bien el cumplimiento completo de la misma tendrá lugar en noviembre de 2029. “La experiencia penitenciaria exige que el pronóstico de reinserción se haga teniendo en cuenta las distintas variables y si bien la naturaleza o gravedad del delito no puede suponer un obstáculo a la progresión de grado, sí debe ser tenido en cuenta”, indica.
