El juez que presidió el juicio de los atentados del 11-M ha fundado su propia marca como abogado, casi una década después de colgar la toga. Javier Gómez Bermúdez (Málaga, 64 años) ha abandonado este verano el bufete en el que llevaba casi una década y, según confirman fuentes conocedoras de estos movimientos jurídicos, se ha instalado, aunque sin renunciar a su propia marca, en el despacho IC Abogados, donde trabaja la ex secretaria general del PP y exministra María Dolores de Cospedal. Allí, se lleva a clientes como Carmen Pano, la empresaria investigada en el caso hidrocarburos y que asegura que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz.
El juez que presidió el juicio de los atentados del 11-M ha fundado su propia marca como abogado, casi una década después de colgar la toga. Javier Gómez Bermúdez (Málaga, 64 años) ha abandonado este verano el bufete en el que llevaba casi una década y, según confirman fuentes conocedoras de estos movimientos jurídicos, se ha instalado, aunque sin renunciar a su propia marca, en el despacho IC Abogados, donde trabaja la ex secretaria general del PP y exministra María Dolores de Cospedal. Allí, se lleva a clientes como Carmen Pano, la empresaria investigada en el caso hidrocarburos y que asegura que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz.
Gómez Bermúdez solicitó la excedencia voluntaria de la carrera judicial en 2017, abandonando, en concreto, la Audiencia Nacional, órgano donde había presidido durante ocho años la Sala de lo Penal. Entonces se incorporó como penalista a Ramón y Cajal Abogados, una prestigiosa firma ubicada en el centro de Madrid que cuenta con 150 abogados, 39 de ellos socios, en todas las ramas del Derecho.
Desde allí había desarrollado, por ejemplo, la defensa de Carmelo Ovono Obiang, hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que ha sido procesado en la Audiencia Nacional por delitos de secuestro y torturas de cuatro opositores; la del alto cargo ecuatoguineano Eliseo Nzeng Eneme, que fue investigado en una de las piezas principales del caso Villarejo, que indagaba en los encargos de la dictadura de Guinea Ecuatorial al comisario jubilado; o la de Carmen Pano y su hija Leonor González Pano, que están imputadas por participar, presuntamente, en un fraude millonario en el sector del fuelen la causa que también afecta al empresario Víctor de Aldama. Pero en julio, la relación laboral del que fuera juez con ese despacho se rompió.
Asiduo a estar en casos mediáticos, Gómez Bermúdez ha decidido cambiar de rumbo estos meses y ha fundado su propia marca corporativa con sus iniciales, GB, para emprender un camino en solitario, si bien a mitad de septiembre el despacho IC Abogados le ofreció un espacio en sus oficinas ubicadas en la céntrica calle Villanueva de Madrid, según confirman distintas fuentes judiciales. El togado ha aceptado instalarse allí en lo que supone una especie de asociación que no es orgánica, es decir, Gómez Bermúdez no ha pasado a ser socio del despacho, pero sí colaborarán juntos en distintos asuntos, explican dichas voces.
La que fuera ministra de Defensa con Mariano Rajoy, Cospedal, integra este despacho, como también el abogado del Estado en el Tribunal Supremo, Manuel María Zorrilla Suárez, o el catedrático de derecho administrativo Juan Francisco Mestre. Fuentes conocedoras de este movimiento explican que el encaje de Gómez Bermúdez en el bufete consiste en que, sin perder su propia autonomía y marca, colaborarán en los asuntos interdisciplinares, encargándose él de los temas de penal que le lleguen, pero derivando los que tengan que ver con derecho administrativo o trabajando de forma conjunta en los que tengan distintos aspectos.
El juez del 11-M
Gómez Bermúdez se convirtió en uno de los jueces más reconocidos públicamente después de dirigir en 2007 el juicio del atentado de Al Qaeda que costó la vida a 192 personas. No fue su única sentencia mediática; también presidió dos años después el juicio de las falsas identificaciones del accidente del Yak-42, en el que 62 militares fallecieron a su regreso de Afganistán.
Fue miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y conservadora, y en 2012 dejó de ser presidente de la Sala de lo Penal para volver a un juzgado de instrucción del órgano. Le sucedió entonces el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Desde ese juzgado de instrucción protagonizó un rifirrafe con el otro instructor, el del Juzgado Central número 5, Pablo Ruz, a cuenta, precisamente, de los llamados papeles de Bárcenas que estallaron cuando Cospedal ocupaba la Secretaría General del PP. Bermúdez consideraba que las conexiones que el juez Ruz veía entre Gürtel y las hojas de cuentas en B del extesorero eran “inconsistentes” y, para evitar “duplicidades”, abogaba por su propia competencia para investigar. La Audiencia Nacional finalmente dejó la causa completa en manos del juez Ruz.
En su dilatada experiencia, Bermúdez participó también en diversos procedimientos sobre la banda terrorista ETA, fue juez de vigilancia penitenciaria y magistrado de enlace de España en Francia.
