El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat indemnizará con 12.500 euros a un menor víctima de una agresión sexual en un centro de protección de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), en Barcelona. El agresor, otro interno de la institución que tenía 15 años en el momento de la denuncia, reconoció los hechos y fue condenado a dos años de internamiento en un centro de justicia juvenil.. Seguir leyendo
El agresor reconoció los hechos y fue condenado a dos años de internamiento en un centro de justicia juvenil
El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat indemnizará con 12.500 euros a un menor víctima de una agresión sexual en un centro de protección de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), en Barcelona. El agresor, otro interno de la institución que tenía 15 años en el momento de la denuncia, reconoció los hechos y fue condenado a dos años de internamiento en un centro de justicia juvenil.
La agresión sexual se produjo durante el tiempo en que el niño permanecía bajo la tutela de la Administración en agosto de 2023. La abogada penal responsable del caso, Cristina Serra, ha sostenido que el sistema ha demostrado deficiencias en la protección de los menores internos. Serra afirmó este lunes que es “inadmisible” que un menor se encuentre en un espacio destinado a su custodia y protección sin que las autoridades detecten vulneraciones tan graves a sus derechos.
El menor, víctima de la agresión, ingresó en el centro en agosto de 2022, cuando tenía ocho años, después de que la DGAIA asumiera su tutela al declarar su situación de desamparo. Sin embargo, dos años después, un juzgado anuló la medida y ordenó que regresara con su família al considerar que “la resolución administrativa no estaba justificada”.
Según la abogada, la familia había alertado, en distintas ocasiones, a la DGAIA que el menor sufría episodios de acoso y que lo estaba pasando mal en el centro. “No decimos que la agresión pudiera preverse, pero existían indicadores de que este niño no estaba seguro y esas alertas exigían una respuesta para protegerlo que no se produjo”, ha asegurado.
Serra ha declarado que la indemnización está de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo porque en casos similares de agresiones sexuales ha fijado compensaciones de entre 12.000 y 15.000 euros. Sin embargo, ha subrayado que la reparación económica “nunca compensará el daño real” y el “desamparo” sufrido por el menor.
Aunque la abogada ha evitado generalizar este caso al conjunto de la red de centros, ha sostenido que la agresión evidencia carencias en la supervisión y protección de los menores tutelados. “Tendrá que haber cambios profundos allí donde el sistema ha demostrado deficiencias”, ha afirmado. Casi tres años después de los hechos, la família ha declarado que el menor continúa con síntomas de estrés postraumático y sigue en tratamiento psicológico.
La resolución judicial llega también apenas unos días después de que el Parlament diera por cerrada la comisión de investigación sobre la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) sin señalar responsabilidades políticas por las irregularidades detectadas en el sistema de protección de menores. El dictamen, aprobado con los votos de PSC, ERC y Comuns, atribuyó los problemas a un modelo desbordado durante años por el aumento de casos, el incremento de menores extranjeros no acompañados y la sobrecarga de unos profesionales con escasos recursos y bajos salarios.
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