El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco decidió el miércoles conceder el régimen abierto de tercer grado al ex líder de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, tres meses después de la revocación de esta medida por el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro en julio. Castro había considerado inicialmente que Olarra no había demostrado un nivel suficiente de madurez en el proceso de reintegración. Olarra Guridi, que fue una figura clave en el aspecto militar de ETA antes de su captura en Francia en 2002, se le ha concedido un régimen de semi-libertad desde julio de 2025. Esto le permite salir de prisión de lunes a viernes, de acuerdo con el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario. Puede encontrar más información aquí.
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco ha acordado este miércoles conceder el tercer grado o régimen abierto al exjefe de ETA Juan Antonio Olarra Guridi tres meses después de que el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro le revocase el pasado julio esta medida al considerar que el recluso no había acreditado una “maduración suficiente del proceso de reinserción”. Olarra Guridi, que fue uno de los responsables del aparato militar de ETA hasta su detención en Francia en 2002, disfruta desde julio de 2025 de un régimen de semilibertad más limitado, con salidas de lunes a viernes de prisión, al aplicársele el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario.
El tercer grado concedido este miércoles le permitirá a Olarra Guridi aumentar el tiempo que permanece fuera de prisión, a la que tendría que volver únicamente a dormir de lunes a jueves. También le permitirá tener más días de permiso al año. Mientras disfruta de la semilibertad, tiene prohibido residir o acercarse a Madrid, Sevilla, Burgos ―ciudades donde perpetró sus crímenes―, así como comunicarse o aproximarse a sus víctimas. La decisión del ejecutivo de Vitoria no es firme y puede ser recurrida por la Fiscalía, que en los últimos meses se ha opuesto a aplicar una medida similar a otros tres internos etarras.
En la nota en la que el Gobierno vasco ha comunicado este nuevo paso, destaca que la decisión de ampliar la semilibertad a Olarra Guridi ha sido propuesta por la junta de tratamiento de la prisión de Zubieta (Gipuzkoa) ―integrada por profesionales penitenciarios― y “obedece a que el interno ha hecho una reflexión personal, exigida por la legislación penitenciaria y por ello asumida por él, que está acompañada por una correcta evolución de su comportamiento”, sin más concreción. Cuando el Departamento de Justicia le progresó a tercer grado en mayo pasado, el informe interno del Ejecutivo vasco ya detallaba que el exjefe de ETA mostraba una “favorable evolución” en los programas penitenciarios de reinserción que ha seguido, además de haber hecho “buen uso de permisos” de salida que había disfrutado.
En dicho informe se detallaba que Olarra Guridi había participado en talleres de justicia restaurativa ―programa que incluye encuentro con víctimas del terrorismo― y escrito varias cartas de perdón a sus víctimas, un requisito imprescindible, pero no suficiente para acceder a beneficios penitenciarios. “El pasado es algo que no se puede cambiar, pero creo que aquellos/as que tuvimos una responsabilidad directa en los hechos que generaron sufrimiento podemos tener un papel importante en la reparación, o cuanto menos, en la medida de lo posible, en mitigar el sufrimiento padecido por estas personas. Esa es mi voluntad y compromiso”, recogía una de esas misivas.
Entonces, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la concesión de la medida al considerarla “prematura”, aunque dejaba abierta la posibilidad de reconsiderar su postura “en un futuro próximo” que fijaba en “un plazo prudencial de aproximadamente seis meses”, para poder verificar si Olarra Guridi mantenía su evolución positiva. El pasado 16 de julio, el juez Castro dictó el auto en el que revocaba aquella decisión del Gobierno vasco con los argumentos esgrimidos por el ministerio público.
El magistrado incidía en que, en el caso del exjefe de ETA, tanto la lejanía de la extinción de la pena ―el máximo de 30 años de cumplimiento efectivo que fija la ley concluyen el 8 de julio de 2036― como la gravedad de sus delitos ―ha sido condenado por numerosos atentados que causaron una decena de muertes― exigían esperar más tiempo antes de ampliarle la semilibertad. “La experiencia acumulada en la ejecución penal en materia de terrorismo evidencia que los procesos de desvinculación y reinserción requieren tiempos prolongados de verificación, especialmente cuando concurren pluralidad de víctimas, violencia extrema y alta lesividad social de los hechos”, destacaba el juez, quien no apuntaba ningún plazo temporal concreto para volver a estudiar la situación del recluso como sí hacía la Fiscalía.
Olarra Guridi tuvo un papel muy relevante tanto en ETA ―donde fue máximo responsable de los comandos hasta su arresto hace 24 años― como posteriormente en el colectivo de presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera). Cuando ya estaba recluido en España, mantuvo diversos encuentros en prisión con representantes del Foro Social —un movimiento creado en Euskadi en 2017 durante el desarme de la organización terrorista para facilitar el proceso de paz— que desembocaron en el comunicado que puso fin a los ongi etorri. En aquellos encuentros, el exjefe etarra y su compañera, Ainhoa Mújika Goñi, transmitieron a su interlocutor la “total disposición” del colectivo a asumir su responsabilidad en los atentados cometidos y a reconocer el daño causado a las víctimas si eso favorecía a su situación penitenciaria. Era comienzos de 2018 y aún gobernaba Mariano Rajoy.
Aquellos encuentros desembocaron en noviembre de 2021 en el comunicado del EPPK en el que, además de admitir por primera vez el dolor que causaban los homenajes a las víctimas, pedía que, en lo sucesivo, esos homenajes a presos se hicieran únicamente en espacios privados y “entre allegados”. El comunicado detallaba que hacía público aquel pronunciamiento tras consultar a los algo más de 200 etarras que entonces permanecían encarcelados en España y Francia. Al texto se opusieron menos de una decena, el 5%, todos alineados con el sector disidente que ya rechazó en su día el abandono de la violencia por parte de ETA.
