El Gobierno llega al último tramo de la negociación del que aspira a convertir en el mayor paquete de medidas sobre vivienda desde la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda con un doble desafío.. Por un lado, pretende responder a la escalada de los precios del alquiler con nuevas herramientas regulatorias y fiscales. Por otro, necesita reunir una mayoría parlamentaria que, a pocas horas de que el Consejo de Ministros dé luz verde al decreto ley, continúa lejos de estar asegurada. No en vano, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva encallado toda la Legislatura.. Sánchez aprovechará su comparecencia de balance del curso político del martes para presentar una batería de iniciativas con las que el Ejecutivo intenta intervenir sobre uno de los principales focos de preocupación económica de los hogares españoles. El texto persigue estabilizar los contratos de arrendamiento, limitar el uso fraudulento de determinadas modalidades de alquiler, ampliar la oferta de vivienda residencial y reforzar los incentivos para que parte de los inmuebles que hoy operan en otros mercados regresen al alquiler de larga duración.. La dificultad no reside tanto en el contenido del decreto como en la aritmética parlamentaria. El Ejecutivo mantiene conversaciones prácticamente a varias bandas para construir una mayoría que permita convalidar la norma en el Congreso, una votación que volverá a poner de manifiesto la complejidad de una legislatura sustentada sobre apoyos muy heterogéneos. Mientras Junts condiciona su respaldo a la incorporación de medidas de carácter fiscal, Podemos rechaza de plano la reforma de la ley del suelo incluida en el borrador y advierte de que no participará en ninguna negociación si ese apartado permanece intacto.. El núcleo del decreto se articula en torno a dos grandes objetivos. El primero consiste en actuar directamente sobre el mercado del alquiler para intentar contener las rentas y reforzar la posición de los inquilinos. El segundo busca movilizar vivienda hacia el mercado residencial mediante cambios tributarios y administrativos que alteren los incentivos económicos existentes en la actualidad.. La medida con mayor impacto potencial será la recuperación de la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2028. La iniciativa permitirá que los arrendatarios puedan prolongar la vigencia de sus contratos sin quedar expuestos de forma inmediata a las fuertes subidas de precios que registra el mercado en numerosas ciudades.. La propuesta constituye una de las principales reivindicaciones de Sumar en materia de vivienda. El socio minoritario del Gobierno consiguió incorporarla inicialmente al paquete de medidas aprobado el pasado mes de marzo, aunque apenas unas semanas después el Congreso terminó derogándola durante el proceso de convalidación con el respaldo del Partido Popular, Vox, Junts y UPN, mientras el PNV optó por la abstención.. Ahora el Ejecutivo intenta rescatar esa herramienta convencido de que puede ofrecer un alivio inmediato a un volumen significativo de hogares. Las estimaciones manejadas por Sumar apuntan a que cerca de cuatro millones de personas, distribuidas en alrededor de un millón y medio de viviendas, podrían acogerse a esa extensión extraordinaria de los contratos.. Alquileres de temporada y universitarios. Junto a esa prórroga, el Gobierno pretende cerrar una de las principales vías utilizadas durante los últimos años para esquivar las limitaciones impuestas al alquiler de vivienda habitual. El decreto incorpora por primera vez una regulación específica de los alquileres de temporada y de habitaciones, dos modalidades cuya utilización se ha intensificado especialmente en las grandes ciudades y en los principales destinos universitarios.. La intención del Ministerio de Vivienda pasa por integrar estos contratos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. En la práctica, ello obligará a justificar de forma expresa la causa de la temporalidad, fijar una duración compatible con esa naturaleza transitoria y acreditar que el contrato responde realmente a una necesidad ocasional del arrendatario.. Con ello se pretende dificultar que viviendas destinadas en realidad a residencia permanente continúen comercializándose como alquileres temporales para eludir las obligaciones previstas para los contratos ordinarios. Las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda llevan años denunciando esa práctica como uno de los principales mecanismos empleados para sortear los límites regulatorios y elevar las rentas en zonas sometidas a una intensa presión de demanda.. El decreto también reforzará las garantías jurídicas mediante la obligación de formalizar por escrito todos los contratos de arrendamiento, una medida con la que el Ejecutivo aspira a reducir la inseguridad contractual y facilitar el control administrativo sobre un mercado que continúa mostrando elevados niveles de opacidad en algunos segmentos.. A ese paquete regulatorio se suma una decisión con una notable carga política. El Gobierno incorporará bonificaciones en el Impuesto sobre la Renta para aquellos propietarios que reduzcan el precio de sus alquileres, un instrumento que hasta hace poco encontraba escaso respaldo entre los partidos situados a la izquierda del PSOE, tradicionalmente más favorables a la regulación directa que a los incentivos tributarios.. La inclusión de estas ventajas fiscales responde, en buena medida, a las exigencias formuladas por Junts durante las conversaciones mantenidas con el Ejecutivo. La formación catalana también reclama deducciones para determinados colectivos de inquilinos y beneficios tributarios dirigidos a personas mayores que deban vender su vivienda habitual para afrontar los gastos derivados de una residencia o de un centro asistencial, reivindicaciones que el Gobierno estudia incorporar para ampliar las posibilidades de alcanzar un acuerdo parlamentario.. El segundo gran eje del decreto desplaza el foco desde la regulación del alquiler hacia la movilización de vivienda residencial. La premisa del Gobierno es que el incremento de la oferta difícilmente llegará solo mediante nuevas promociones en el corto plazo y que, por tanto, resulta necesario incentivar el regreso al mercado tradicional de parte de las viviendas que en los últimos años han migrado hacia el alquiler turístico, mucho más rentable en numerosas ciudades.. IVA del 21% a los tutísticos. Con ese objetivo, el Ejecutivo prevé generalizar un tipo del 21% de IVA para los alquileres turísticos. En la actualidad, este tipo de alojamientos únicamente tributan por este impuesto cuando prestan servicios propios de la industria hotelera, supuesto en el que se les aplica un gravamen del 10%. La modificación persigue reducir el diferencial de rentabilidad entre ambos modelos de explotación y favorecer que una parte de esos inmuebles vuelva a destinarse al alquiler de larga duración.. La medida responde a una de las principales demandas de comunidades autónomas y ayuntamientos con fuerte presión turística, donde la proliferación de viviendas de uso vacacional ha reducido la disponibilidad de pisos para residencia habitual y ha contribuido a tensionar aún más los precios del mercado.. El texto también endurece el régimen sancionador aplicable a las plataformas digitales que anuncien viviendas turísticas sin licencia o sin el preceptivo número de registro. A propuesta de EH Bildu, el borrador contempla multas que, en los supuestos más graves, podrán alcanzar el millón de euros, reforzando la responsabilidad de los intermediarios en el control de la oferta publicada.. Pero el capítulo que amenaza con condicionar el futuro del decreto no se encuentra en las medidas sobre alquiler ni en la fiscalidad de las viviendas turísticas. El principal punto de fricción aparece en la reforma de la ley del suelo incorporada por el Ejecutivo, una modificación largamente defendida por el PSOE y el PNV que persigue agilizar el desarrollo urbanístico y reducir la inseguridad jurídica que afecta a numerosos planeamientos municipales.. Esquivar la paralización. La propuesta pretende limitar las causas que permiten la anulación íntegra de un instrumento urbanístico. De prosperar la reforma, únicamente las infracciones consideradas especialmente graves podrían provocar la nulidad total de un plan, mientras que los defectos formales susceptibles de corrección deberían subsanarse sin obligar a reiniciar procedimientos que, en muchos casos, requieren años de tramitación.. El Gobierno sostiene que el actual marco jurídico ha favorecido durante años la paralización de desarrollos residenciales por errores administrativos de escasa entidad, retrasando la construcción de miles de viviendas y generando elevados costes económicos tanto para las administraciones como para los promotores.. No se trata de un debate nuevo. La modificación ya fue impulsada durante la pasada legislatura, aunque el Ministerio de Vivienda terminó retirando el proyecto al constatar la ausencia de apoyos suficientes. Posteriormente, PSOE y PNV registraron una nueva proposición de ley que tampoco logró superar el trámite parlamentario. En febrero de 2025 aquella iniciativa apenas obtuvo el respaldo de Coalición Canaria y la abstención de Vox, un precedente que explica la cautela con la que el Ejecutivo ha afrontado esta nueva tentativa.. La resistencia más firme procede ahora de Podemos. Sus cinco diputados pueden resultar decisivos para la convalidación del decreto y la formación ha elevado este apartado a la categoría de condición irrenunciable. Su secretaria general, Ione Belarra, ha reclamado públicamente la retirada íntegra de la reforma y ha advertido de que, mientras permanezca en el texto, no existe margen para abrir una negociación.. A juicio de Podemos, las modificaciones planteadas reducirían los controles sobre el urbanismo y facilitarían nuevas operaciones especulativas. La dirigente ha llegado a definir el proyecto como una «reforma de la ley del suelo con adornos», al entender que el resto de medidas sociales incluidas en el decreto no compensan un cambio normativo que, en su opinión, debilita las garantías existentes en materia de planificación urbanística.. Desde el Gobierno y desde Sumar se transmite, sin embargo, un mensaje de mayor prudencia. Los negociadores insisten en que las conversaciones continúan abiertas y restan dramatismo a las posiciones expresadas públicamente por los distintos grupos, convencidos de que el margen para introducir ajustes permanecerá abierto hasta el último momento.. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, uno de los representantes de Sumar en la negociación, ha defendido que el texto constituye una propuesta «muy ambiciosa» y ha recordado que resulta habitual que las distintas fuerzas políticas intenten incorporar sus propias prioridades antes de una votación de estas características. En términos similares se expresa el Ministerio de Vivienda, que confía en alcanzar un acuerdo lo suficientemente amplio como para sacar adelante un decreto construido a partir de aportaciones procedentes de sensibilidades políticas muy diferentes.. La negociación refleja, una vez más, las dificultades que acompañan a la acción legislativa del Gobierno desde el inicio de la legislatura. La vivienda se ha consolidado como una de las principales preocupaciones económicas de los ciudadanos, pero también como uno de los ámbitos donde resulta más complejo conciliar intereses contrapuestos.
El Gobierno llega al último tramo de la negociación del que aspira a convertir en el mayor paquete de medidas sobre vivienda desde la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda con un doble desafío.. Por un lado, pretende responder a la escalada de los precios del alquiler con nuevas herramientas regulatorias y fiscales. Por otro, necesita reunir una mayoría parlamentaria que, a pocas horas de que el Consejo de Ministros dé luz verde al decreto ley, continúa lejos de estar asegurada. No en vano, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva encallado toda la Legislatura.. Sánchez aprovechará su comparecencia de balance del curso político del martes para presentar una batería de iniciativas con las que el Ejecutivo intenta intervenir sobre uno de los principales focos de preocupación económica de los hogares españoles. El texto persigue estabilizar los contratos de arrendamiento, limitar el uso fraudulento de determinadas modalidades de alquiler, ampliar la oferta de vivienda residencial y reforzar los incentivos para que parte de los inmuebles que hoy operan en otros mercados regresen al alquiler de larga duración.. La dificultad no reside tanto en el contenido del decreto como en la aritmética parlamentaria. El Ejecutivo mantiene conversaciones prácticamente a varias bandas para construir una mayoría que permita convalidar la norma en el Congreso, una votación que volverá a poner de manifiesto la complejidad de una legislatura sustentada sobre apoyos muy heterogéneos. Mientras Junts condiciona su respaldo a la incorporación de medidas de carácter fiscal, Podemos rechaza de plano la reforma de la ley del suelo incluida en el borrador y advierte de que no participará en ninguna negociación si ese apartado permanece intacto.. El núcleo del decreto se articula en torno a dos grandes objetivos. El primero consiste en actuar directamente sobre el mercado del alquiler para intentar contener las rentas y reforzar la posición de los inquilinos. El segundo busca movilizar vivienda hacia el mercado residencial mediante cambios tributarios y administrativos que alteren los incentivos económicos existentes en la actualidad.. La medida con mayor impacto potencial será la recuperación de la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2028. La iniciativa permitirá que los arrendatarios puedan prolongar la vigencia de sus contratos sin quedar expuestos de forma inmediata a las fuertes subidas de precios que registra el mercado en numerosas ciudades.. La propuesta constituye una de las principales reivindicaciones de Sumar en materia de vivienda. El socio minoritario del Gobierno consiguió incorporarla inicialmente al paquete de medidas aprobado el pasado mes de marzo, aunque apenas unas semanas después el Congreso terminó derogándola durante el proceso de convalidación con el respaldo del Partido Popular, Vox, Junts y UPN, mientras el PNV optó por la abstención.. Ahora el Ejecutivo intenta rescatar esa herramienta convencido de que puede ofrecer un alivio inmediato a un volumen significativo de hogares. Las estimaciones manejadas por Sumar apuntan a que cerca de cuatro millones de personas, distribuidas en alrededor de un millón y medio de viviendas, podrían acogerse a esa extensión extraordinaria de los contratos.. Alquileres de temporada y universitarios. Junto a esa prórroga, el Gobierno pretende cerrar una de las principales vías utilizadas durante los últimos años para esquivar las limitaciones impuestas al alquiler de vivienda habitual. El decreto incorpora por primera vez una regulación específica de los alquileres de temporada y de habitaciones, dos modalidades cuya utilización se ha intensificado especialmente en las grandes ciudades y en los principales destinos universitarios.. La intención del Ministerio de Vivienda pasa por integrar estos contratos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. En la práctica, ello obligará a justificar de forma expresa la causa de la temporalidad, fijar una duración compatible con esa naturaleza transitoria y acreditar que el contrato responde realmente a una necesidad ocasional del arrendatario.. Con ello se pretende dificultar que viviendas destinadas en realidad a residencia permanente continúen comercializándose como alquileres temporales para eludir las obligaciones previstas para los contratos ordinarios. Las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda llevan años denunciando esa práctica como uno de los principales mecanismos empleados para sortear los límites regulatorios y elevar las rentas en zonas sometidas a una intensa presión de demanda.. El decreto también reforzará las garantías jurídicas mediante la obligación de formalizar por escrito todos los contratos de arrendamiento, una medida con la que el Ejecutivo aspira a reducir la inseguridad contractual y facilitar el control administrativo sobre un mercado que continúa mostrando elevados niveles de opacidad en algunos segmentos.. A ese paquete regulatorio se suma una decisión con una notable carga política. El Gobierno incorporará bonificaciones en el Impuesto sobre la Renta para aquellos propietarios que reduzcan el precio de sus alquileres, un instrumento que hasta hace poco encontraba escaso respaldo entre los partidos situados a la izquierda del PSOE, tradicionalmente más favorables a la regulación directa que a los incentivos tributarios.. La inclusión de estas ventajas fiscales responde, en buena medida, a las exigencias formuladas por Junts durante las conversaciones mantenidas con el Ejecutivo. La formación catalana también reclama deducciones para determinados colectivos de inquilinos y beneficios tributarios dirigidos a personas mayores que deban vender su vivienda habitual para afrontar los gastos derivados de una residencia o de un centro asistencial, reivindicaciones que el Gobierno estudia incorporar para ampliar las posibilidades de alcanzar un acuerdo parlamentario.. El segundo gran eje del decreto desplaza el foco desde la regulación del alquiler hacia la movilización de vivienda residencial. La premisa del Gobierno es que el incremento de la oferta difícilmente llegará solo mediante nuevas promociones en el corto plazo y que, por tanto, resulta necesario incentivar el regreso al mercado tradicional de parte de las viviendas que en los últimos años han migrado hacia el alquiler turístico, mucho más rentable en numerosas ciudades.. IVA del 21% a los tutísticos. Con ese objetivo, el Ejecutivo prevé generalizar un tipo del 21% de IVA para los alquileres turísticos. En la actualidad, este tipo de alojamientos únicamente tributan por este impuesto cuando prestan servicios propios de la industria hotelera, supuesto en el que se les aplica un gravamen del 10%. La modificación persigue reducir el diferencial de rentabilidad entre ambos modelos de explotación y favorecer que una parte de esos inmuebles vuelva a destinarse al alquiler de larga duración.. La medida responde a una de las principales demandas de comunidades autónomas y ayuntamientos con fuerte presión turística, donde la proliferación de viviendas de uso vacacional ha reducido la disponibilidad de pisos para residencia habitual y ha contribuido a tensionar aún más los precios del mercado.. El texto también endurece el régimen sancionador aplicable a las plataformas digitales que anuncien viviendas turísticas sin licencia o sin el preceptivo número de registro. A propuesta de EH Bildu, el borrador contempla multas que, en los supuestos más graves, podrán alcanzar el millón de euros, reforzando la responsabilidad de los intermediarios en el control de la oferta publicada.. Pero el capítulo que amenaza con condicionar el futuro del decreto no se encuentra en las medidas sobre alquiler ni en la fiscalidad de las viviendas turísticas. El principal punto de fricción aparece en la reforma de la ley del suelo incorporada por el Ejecutivo, una modificación largamente defendida por el PSOE y el PNV que persigue agilizar el desarrollo urbanístico y reducir la inseguridad jurídica que afecta a numerosos planeamientos municipales.. Esquivar la paralización. La propuesta pretende limitar las causas que permiten la anulación íntegra de un instrumento urbanístico. De prosperar la reforma, únicamente las infracciones consideradas especialmente graves podrían provocar la nulidad total de un plan, mientras que los defectos formales susceptibles de corrección deberían subsanarse sin obligar a reiniciar procedimientos que, en muchos casos, requieren años de tramitación.. El Gobierno sostiene que el actual marco jurídico ha favorecido durante años la paralización de desarrollos residenciales por errores administrativos de escasa entidad, retrasando la construcción de miles de viviendas y generando elevados costes económicos tanto para las administraciones como para los promotores.. No se trata de un debate nuevo. La modificación ya fue impulsada durante la pasada legislatura, aunque el Ministerio de Vivienda terminó retirando el proyecto al constatar la ausencia de apoyos suficientes. Posteriormente, PSOE y PNV registraron una nueva proposición de ley que tampoco logró superar el trámite parlamentario. En febrero de 2025 aquella iniciativa apenas obtuvo el respaldo de Coalición Canaria y la abstención de Vox, un precedente que explica la cautela con la que el Ejecutivo ha afrontado esta nueva tentativa.. La resistencia más firme procede ahora de Podemos. Sus cinco diputados pueden resultar decisivos para la convalidación del decreto y la formación ha elevado este apartado a la categoría de condición irrenunciable. Su secretaria general, Ione Belarra, ha reclamado públicamente la retirada íntegra de la reforma y ha advertido de que, mientras permanezca en el texto, no existe margen para abrir una negociación.. A juicio de Podemos, las modificaciones planteadas reducirían los controles sobre el urbanismo y facilitarían nuevas operaciones especulativas. La dirigente ha llegado a definir el proyecto como una «reforma de la ley del suelo con adornos», al entender que el resto de medidas sociales incluidas en el decreto no compensan un cambio normativo que, en su opinión, debilita las garantías existentes en materia de planificación urbanística.. Desde el Gobierno y desde Sumar se transmite, sin embargo, un mensaje de mayor prudencia. Los negociadores insisten en que las conversaciones continúan abiertas y restan dramatismo a las posiciones expresadas públicamente por los distintos grupos, convencidos de que el margen para introducir ajustes permanecerá abierto hasta el último momento.. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, uno de los representantes de Sumar en la negociación, ha defendido que el texto constituye una propuesta «muy ambiciosa» y ha recordado que resulta habitual que las distintas fuerzas políticas intenten incorporar sus propias prioridades antes de una votación de estas características. En términos similares se expresa el Ministerio de Vivienda, que confía en alcanzar un acuerdo lo suficientemente amplio como para sacar adelante un decreto construido a partir de aportaciones procedentes de sensibilidades políticas muy diferentes.. La negociación refleja, una vez más, las dificultades que acompañan a la acción legislativa del Gobierno desde el inicio de la legislatura. La vivienda se ha consolidado como una de las principales preocupaciones económicas de los ciudadanos, pero también como uno de los ámbitos donde resulta más complejo conciliar intereses contrapuestos.
