Sin que los rescoldos del incendio que ha provocado en Indra con el intento de derribar a su presidente, Ángel Escribano, se hayan extinguido aún, el Gobierno acaba de incendiar otra empresa del Ibex en la que tiene una fuerte influencia y control, Aena, compañía de la que el Estado posee un 51% a través de Enaire.. La chispa que lo ha encendido ha sido el acuerdo rubricado entre el Gobierno central y el vasco para la creación de un Órgano Bilateral aeroportuario. Mientras que el Ejecutivo autonómico interpreta el ente como una herramienta que le habilita, con el visto bueno de Moncloa, para cogestionar los aeropuertos que hay en su territorio, tanto el Ministerio de Transportes como el gestor aeroportuario no lo ven así.. Según la versión del Gobierno central, el acuerdo contempla la cooperación estratégica mediante un Órgano Bilateral aeroportuario. Se trata, según la nota que envió Moncloa, de un «órgano paritario bilateral de cooperación reforzada», que aumenta la capacidad de propuesta del Gobierno vasco.. De la nota, Aena, según explicó en un hecho relevante que remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a última hora del pasado viernes, concluye que el órgano se ha de configurar como «un instrumento de colaboración, coordinación y participación en materia aeroportuaria de naturaleza estrictamente consultiva y no decisoria, al amparo de lo previsto en la Constitución Española y la Ley 18/2014». Como recuerda el gestor, la Carta Magna atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general y la norma, su gestión a Aena en las mismas condiciones. Por eso, añade, el acuerdo «no puede suponer una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena, tal y como se configura en el marco jurídico vigente».. Estudio de acciones legales. Sin embargo, la compañía que preside Maurici Lucena, que cuando se dio a conocer a mediados de mes la creación del órgano dijo que tenía carácter puramente consultivo, considera ahora amenazado su modelo de negocio por un acuerdo político. El gestor cree que la nota publicada por el Gobierno vasco «contiene algunas manifestaciones sobre el acuerdo relativas a la intervención del Órgano Bilateral en procedimientos que afectan el funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias que podrían vulnerar las normas que regulan los referidos procedimientos». Por ello, Aena ha encomendado a su equipo jurídico la valoración de las medidas que, en su caso, resulte procedente adoptar en defensa del interés de Aena y de los derechos de la sociedad y de todos sus accionistas, que en última instancia son los propietarios de todos los activos de Aena».. Como el gestor, el Ministerio de Transportes también sostiene que el acuerdo «confirma la vigencia inalterada del marco normativo aeroportuario y del modelo de gestión de la red de aeropuertos de Aena».. Pero como teme Aena, el PNV no lo ve así. El partido del lendakari, Imanol Pradales, asegura que, en contra de lo que defienden tanto el gestor como Transportes, Moncloa ha dado luz verde a la cogestión de los aeropuertos vascos. En declaraciones a Radio Euskadi, su presidente, Aitor Esteban, advirtió el lunes de que sí va a participar en la «gestión» de los tres aeropuertos vascos y aseguró que «al final ha sido Moncloa» quien ha tenido que «dar la orden» para materializar un acuerdo.. «Euskadi, por primera vez, va a tener capacidad para manifestar su opinión e influir en cómo se va a conformar la gestión de los aeropuertos», argumentó. Entre otras cuestiones, aseguró que se va a poder «influir» en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) -en el que se definirán las inversiones de Aena para el periodo 2027-2031- y «muchas decisiones se tomarán al alimón».. «Me gustaría que todos los partidos que queremos autogobierno acompañáramos (…) De cero a diez se ha llegado a cinco (…) No es verdad que se sigue igual; si no, no existiría un documento que habla de gestión», zanjó Esteban.. Desde el propio Gobierno vasco, su portavoz, Maria Ubarretxena, se mostró ayer tranquila pese al anuncio realizado por Aena. «Nosotros negociamos con el Estado, no con Aena, y el acuerdo es con el Estado», subrayó la consejera, que recordó que el Estado tiene el 51% de la propiedad de esta sociedad y, a su vez, designa a su presidente. «Así que estamos muy tranquilos», añadió.. La gestión de los aeropuertos que hay en sus territorios es una histórica aspiración no sólo de los nacionalistas vascos sino también de los secesionistas catalanes. Ambos consideran -sin hechos que puedan acreditarlo- que las infraestructuras estarían mejor administradas bajo su gestión. Pero al menos hasta ahora, no habían encontrado una puerta abierta para conseguirlo.. Frente a los anhelos autonómicos no solo se ha posicionado la propia dirección de Aena. A finales del año pasado, Chris Hohn, fundador del fondo británico TCI y primer accionista privado de AENA con un 6% del capital, advertía en una carta que fragmentar la red nacional o ceder competencias a las autonomías sería «ilegal e inconstitucional» y generaría «burocracia, inseguridad jurídica y un encarecimiento de la financiación».
Sin que los rescoldos del incendio que ha provocado en Indra con el intento de derribar a su presidente, Ángel Escribano, se hayan extinguido aún, el Gobierno acaba de incendiar otra empresa del Ibex en la que tiene una fuerte influencia y control,Aena, compañía de la que el Estado posee un 51% a través de Enaire.. La chispa que lo ha encendido ha sido el acuerdo rubricado entre el Gobierno central y el vasco para la creación de un Órgano Bilateral aeroportuario. Mientras que el Ejecutivo autonómico interpreta el ente como una herramienta que le habilita, con el visto bueno de Moncloa, para cogestionar los aeropuertos que hay en su territorio, tanto el Ministerio de Transportes como el gestor aeroportuario no lo ven así.. Según la versión del Gobierno central, el acuerdo contempla la cooperación estratégica mediante un Órgano Bilateral aeroportuario. Se trata, según la nota que envió Moncloa, de un «órgano paritario bilateral de cooperación reforzada», que aumenta la capacidad de propuesta del Gobierno vasco.. De la nota, Aena, según explicó en un hecho relevante que remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a última hora del pasado viernes, concluye que el órgano se ha de configurar como «un instrumento de colaboración, coordinación y participación en materia aeroportuaria de naturaleza estrictamente consultiva y no decisoria, al amparo de lo previsto en la Constitución Española y la Ley 18/2014». Como recuerda el gestor, la Carta Magna atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general y la norma, su gestión a Aena en las mismas condiciones. Por eso, añade, el acuerdo «no puede suponer una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena, tal y como se configura en el marco jurídico vigente».. Sin embargo, la compañía que preside Maurici Lucena, que cuando se dio a conocer a mediados de mes la creación del órgano dijo que tenía carácter puramente consultivo, considera ahora amenazado su modelo de negocio por un acuerdo político. El gestor cree que la nota publicada por el Gobierno vasco «contiene algunas manifestaciones sobre el acuerdo relativas a la intervención del Órgano Bilateral en procedimientos que afectan el funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias que podrían vulnerar las normas que regulan los referidos procedimientos». Por ello, Aena ha encomendado a su equipo jurídico la valoración de las medidas que, en su caso, resulte procedente adoptar en defensa del interés de Aena y de los derechos de la sociedad y de todos sus accionistas, que en última instancia son los propietarios de todos los activos de Aena».. Como el gestor, el Ministerio de Transportes también sostiene que el acuerdo «confirma la vigencia inalterada del marco normativo aeroportuario y del modelo de gestión de la red de aeropuertos de Aena».. Pero como teme Aena, el PNV no lo ve así. El partido del lendakari, Imanol Pradales, asegura que, en contra de lo que defienden tanto el gestor como Transportes, Moncloa ha dado luz verde a la cogestión de los aeropuertos vascos. En declaraciones a Radio Euskadi, su presidente, Aitor Esteban, advirtió el lunes de que sí va a participar en la «gestión» de los tres aeropuertos vascos y aseguró que «al final ha sido Moncloa» quien ha tenido que «dar la orden» para materializar un acuerdo.. «Euskadi, por primera vez, va a tener capacidad para manifestar su opinión e influir en cómo se va a conformar la gestión de los aeropuertos», argumentó. Entre otras cuestiones, aseguró que se va a poder «influir» en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) -en el que se definirán las inversiones de Aena para el periodo 2027-2031- y «muchas decisiones se tomarán al alimón».. «Me gustaría que todos los partidos que queremos autogobierno acompañáramos (…) De cero a diez se ha llegado a cinco (…) No es verdad que se sigue igual; si no, no existiría un documento que habla de gestión», zanjó Esteban.. Desde el propio Gobierno vasco, su portavoz, Maria Ubarretxena, se mostró ayer tranquila pese al anuncio realizado por Aena. «Nosotros negociamos con el Estado, no con Aena, y el acuerdo es con el Estado», subrayó la consejera, que recordó que el Estado tiene el 51% de la propiedad de esta sociedad y, a su vez, designa a su presidente. «Así que estamos muy tranquilos», añadió.. La gestión de los aeropuertos que hay en sus territorios es una histórica aspiración no sólo de los nacionalistas vascos sino también de los secesionistas catalanes. Ambos consideran -sin hechos que puedan acreditarlo- que las infraestructuras estarían mejor administradas bajo su gestión. Pero al menos hasta ahora, no habían encontrado una puerta abierta para conseguirlo.. Frente a los anhelos autonómicos no solo se ha posicionado la propia dirección de Aena. A finales del año pasado, Chris Hohn, fundador del fondo británico TCI y primer accionista privado de AENA con un 6% del capital, advertía en una carta que fragmentar la red nacional o ceder competencias a las autonomías sería «ilegal e inconstitucional» y generaría «burocracia, inseguridad jurídica y un encarecimiento de la financiación».
