La tramitación del proyecto de decreto que debe regular el sector de la Formación Profesión privada online en Cataluña continúa generando giros de guion. El último, el martes durante el pleno del Consejo de Educación de Cataluña -órgano de consulta de las normativas educativas en el que están representados todos los sectores-, que votaba el dictamen de valoración sobre dicha normativa. El informe en cuestión llegaba sin uno de los puntos más delicados del decreto -obligar a los centros catalanes a realizar los exámenes en Cataluña- pero las enmiendas presentadas durante el pleno lo modificaron para dejar el redactado original del decreto. O sea, que se obliga a realizar los exámenes dentro de Cataluña. El punto inédito lo pusieron los representantes del Departamento -una veintena del total de 75-, que anunciaron su abstención generalizada antes de iniciar las votaciones.. Seguir leyendo
La tramitación del proyecto de decreto que debe regular el sector de la Formación Profesión privada online en Cataluña continúa generando giros de guion. El último, el martes durante el pleno del Consejo de Educación de Cataluña -órgano de consulta de las normativas educativas en el que están representados todos los sectores-, que votaba el dictamen de valoración sobre dicha normativa. El informe en cuestión llegaba sin uno de los puntos más delicados del decreto –obligar a los centros catalanes a realizar los exámenes en Cataluña– pero las enmiendas presentadas durante el pleno lo modificaron para dejar el redactado original del decreto. O sea, que se obliga a realizar los exámenes dentro de Cataluña. El punto inédito lo pusieron los representantes del Departamento -una veintena del total de 75-, que anunciaron su abstención generalizada antes de iniciar las votaciones.
El Departamento de Educación ha impulsado el proyecto de Decreto de organización de las enseñanzas profesionalizadoras en modalidad virtual para regular un sector que ha crecido de forma descontrolada en la última década -actualmente roza los 60.000 alumnos, casi triplicando la privada presencial- y generando algunas críticas por la mala calidad y la falta de plazas para realizar prácticas, en algunos casos. La nueva normativa tiene como eje principal la obligación para los centros autorizados en Cataluña de realizar los exámenes finales de forma presencial en esta comunidad. Estos centros privados matriculan alumnos de toda España y hasta ahora se hacían las pruebas finales en centros repartidos por todas las provincias, e incluso en hoteles. Otro de los puntos clave, y también conflictivos, es la reducción del número máximo de alumnos por profesor de los 90 actuales a los 75, una cifra que disminuye hasta los 60 en los cursos de especialización.
El proyecto de decreto llegó al Consejo de Educación de Cataluña para que emitiera su dictamen, un paso que es preceptivo, aunque solo consultivo, de modo que el Departamento puede después hacer caso omiso de las propuestas del ente. El decreto fue analizado en la subcomisión de FP, presidida por un representante de Foment del Treball, y se elaboró una propuesta de dictamen que suprimía esta obligatoriedad sobre los exámenes, un punto que defienden las patronales empresariales y de los centros, y que ya hicieron constar en sus alegaciones mientras la normativa estuvo en exposición pública.
Ello generó la disconformidad de familias y sindicatos, que presentaron enmiendas durante el pleno del martes, cuando se votaba el dictamen elaborado por la subcomisión. A raíz de estas enmiendas, se volvió al texto original del decreto. Con todo, el dictamen, al que ha tenido acceso este diario, sí propone eliminar una parte del artículo 19 que no permitía a empresas de fuera de Cataluña realizar los exámenes finales presenciales en esta comunidad. Por lo tanto, un centro de Andalucía sí podría hacer los exámenes en Cataluña si así lo desea.
Un punto que también se modificó es el de las ratios: aunque se mantiene la propuesta de los 75 alumnos por profesor para los ciclos formativos, en los cursos de especialización se disminuye la ratio de 60 a 30, a propuesta también de los sindicatos.
Otra novedad es la incorporación de dos artículos, impulsados por los sindicatos, para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los centros privados. Así, se insta a que las empresas publiquen datos sobre la titularidad del centro, quién autoriza los cursos, la formación del profesorado, tipo de contrato de los docentes o si recibe financiación pública. Además, se pide a los centros privados que elaboren unas memorias anuales sobre sus actividades, tasas de aprobados y de abandono, índice de satisfacción de los alumnos o tasa de inserción laboral, entre otros.
El dictamen incluye otras enmiendas a la normativa, como permitir hacer los exámenes en periodos vacacionales como Navidad o Semana Santa, garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la enseñanza o que el Institut Obert de Catalunya cuente con una partida presupuestaria propia, entre otros.
El informe del Consejo salió adelante con un voto muy dividido: 23 a favor, 14 en contra y 13 en blanco. El presidente del Consejo, Joan Manel del Pozo, admite que se produjo un debate “intenso”, más que en otras ocasiones, pero pone en valor el buen clima de diálogo. “Fue intenso, pero hubo mucho diálogo y buena dosis de consenso. El pleno fue una expresión de diálogo real, con enmiendas que prosperaron y otras que no”.
