“Ella está destrozada”. Jorge Piedrafita, el abogado de la inspectora que ha acusado por agresión sexual al ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha asegurado este jueves que la denunciante está atravesando “una situación muy dura” después de que en los últimos días “se haya revelado su identidad” y se haya “difundido” en grupos de WhatsApp de agentes policiales la querella por la que el exjefe de los uniformados tendrá que comparecer ante la justicia el 17 de marzo. El letrado ha incidido en que la mujer ha recibido un “bombardeo de mensajes y de llamadas”: en unos casos, han sido de “apoyo”; en otros, le han preguntado “dónde se estaba metiendo”. “Eso, evidentemente, le ha hecho mucho daño”.. Seguir leyendo
“Ella está destrozada”. Jorge Piedrafita, el abogado de la inspectora que ha acusado por agresión sexual al ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha asegurado este jueves que la denunciante está atravesando “una situación muy dura” después de que en los últimos días “se haya revelado su identidad” y se haya “difundido” en grupos de WhatsApp de agentes la querella por la que el exjefe de los uniformados tendrá que comparecer ante la justicia el 17 de marzo. El letrado ha incidido en que la mujer ha recibido un “bombardeo de mensajes y de llamadas” que en unos casos han sido de “apoyo” y en otros le han preguntado “dónde se estaba metiendo”.
Fue el pasado martes, a las seis de la tarde, cuando en el Ministerio del Interior se enteraron de la existencia de la querella contra González, conocido en el cuerpo como Jota. Media hora después, la noticia llegó a los medios de comunicación. Y la dimisión no tardó en llegar. Desde entonces, el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que no tuvo conocimiento previo de los hechos denunciados. El Gobierno, encabezado por el presidente Pedro Sánchez y seguido por las vicepresidentas primera y segunda, ha respaldado la labor del Ministerio y ha asegurado que se ha actuado con “empatía” hacia la víctima. El PP ha pedido la dimisión de Marlaska y él ha contestado que solo dimitirá si la denunciante no se ha sentido protegida.
Mientras, el abogado de la inspectora ha expuesto el relato de la querella en distintas entrevistas en medios de comunicación. Ha insistido en que el asunto se ha llevado con sigilo por el miedo de la víctima a represalias y que la vía elegida para denunciar ha sido la judicial y no la policial, precisamente, por lo mismo. Este jueves, en declaraciones a TVE, ha señalado además que la mujer “está destrozada”. Según ha dicho, le ha afectado que “se haya revelado su identidad, que la querella haya sido difundida por todos los grupos de Policía de los más de 70.000 mujeres y hombres del Cuerpo con objeto a hacerle daño”. “Y luego que ahora se estén tirando todo tipo de bulos e infamias contra ella pues, la verdad, la está destrozando”, ha añadido.
El letrado ha asegurado que empezó a “correr como la pólvora en distintos grupos policiales” quién era la persona, “con nombres y apellidos”, que había denunciado al DAO. En ese momento, ha relatado, la inspectora comenzó a recibir un “bombardeo de mensajes y de llamadas”. “Algunas le han dado apoyo y otras como diciéndole qué había hecho y dónde se estaba metiendo. Eso, evidentemente, le ha hecho mucho daño. Le ha incrementado la ansiedad”, ha apuntado.
Piedrafita ha insistido en que, “por desgracia” son situaciones que suceden “cuando una víctima es valiente y denuncia”. “El poderoso ataca con toda su artillería contra ella”, ha manifestado, aunque sin precisar nombres.
En el marco de la entrevista, al ser preguntado por el hecho de que Marlaska ayer miércoles en el Congreso afirmara que dimitiría si la denunciante no se había sentido protegida, el abogado ha manifestado que la mujer siente una “enorme decepción” porque entendía que “se iba a producir el cese fulminante” del exjefe de la Policía, no una dimisión. “Una persona que ha manchado el uniforme (…) no merece que se le opte a una dimisión», ha aseverado.
La querella por la que tendrá que declarar González le atribuye delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Según el relato que expone su abogado, la agente —que había mantenido una relación afectiva con el DAO— fue conducida a su “vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior”, donde el querellado la agredió sexualmente. La inspectora asegura que los hechos tuvieron lugar el 23 de abril de 2025 y que desde entonces vivió una “campaña de acoso” y de “presión” para que no denunciara en la que participó supuestamente el comisario Óscar San Juan —entonces asesor de González— para “ofrecerle” el destino laboral que quisiera “a cambio de su silencio”.
Este mismo jueves, en otra entrevista, esta vez en Onda Cero, Piedrafita ha manifestado que el titular de Interior no se ha apuesto en contacto con su cliente y ha subrayado que, a su juicio, no es ella quien debe pedir su dimisión, sino que debe ser el ministro el que asuma su responsabilidad por los errores que haya cometido. “Ni el ministro Grande-Marlaska ha hablado con mi cliente ni ha hablado conmigo”, ha señalado el letrado para luego incidir en que su teléfono está “abierto”. “Puede ponerse en contacto conmigo cuando quiera, que le atenderé muy gustosamente”, ha agregado.
Por su parte, en una entrevista en Antena 3, el letrado ha agradecido a la hasta ahora subdirectora de Recursos Humanos y Formación de la Policía, Gemma Barroso, quien fue la última jefa de la denunciante y ha asumido de forma interina el cargo de directora adjunta operativa tras la dimisión de González. Según ha manifestado, la alto mando atendió a su cliente con “mucho tacto y empatía” y la animó “a que siguiera hasta el final con todas las consecuencias”. “Se quedó de piedra ante lo que le estaba contando, y desde luego que le dijo que estaba haciendo lo correcto”, ha señalado en referencia a Barroso.
El departamento que dirige Marlaska ha comunicado esta mañana que ha ofrecido a la denunciante protección policial y que ella ha aceptado, según informa Óscar López-Fonseca. La medida se adopta después de que el abogado de la mujer hubiera reclamado al ministro que adoptase “todas las medidas posibles para proteger a la funcionaria agredida”.
