La multinacional energética alemana E.ON rastrea ya activos de España en Estados Unidos y ha solicitado a la Justicia estadounidense que ejecute un laudo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ya que el Gobierno español no ha realizado pago alguno hasta la fecha.. A tal efecto, según indican fuentes conocedoras del proceso, ha presentado una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia para exigir a España el pago de una indemnización arbitral de 314,4 millones de euros, que supera los 345 millones al incorporar los intereses de demora acumulados.. La petición, registrada el pasado 4 de noviembre, supone un nuevo revés judicial para España, que acumula ya trece resoluciones adversas en Estados Unidos por un importe aproximado de 935 millones de euros.. El litigio se remonta a 2024. E.ON obtuvo un laudo favorable del CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial, el 18 de enero de 2024.. La condena reconoció 253,7 millones de indemnización y 60,7 millones de intereses anteriores al fallo. Desde entonces, la factura ha seguido aumentando por la acumulación de nuevos intereses, que superan los 30 millones de euros.. 13 sentiencias adversas en EE UU. La iniciativa de E.ON llega después de que los tribunales norteamericanos hayan reconocido trece reclamaciones anteriores contra España. Los nueve primeros precedentes corresponden a Watkins, Antin, RREEF, InfraRed, NextEra, 9REN, Cube Infrastructure, BayWa y Eurus/Toyota, por un importe conjunto de 836,6 millones de euros.. En octubre se añadieron cuatro nuevas resoluciones favorables a OperaFund, Schwab, Steag y Renergy, que incrementaron la cantidad reconocida en más de 98 millones, hasta alcanzar aproximadamente 934,7 millones de euros.. La posición de los acreedores se ha reforzado tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de rechazar, el pasado 29 de junio, una petición española de revisión judicial. Desde entonces, los inversores han intensificado las actuaciones dirigidas a localizar bienes y movimientos financieros susceptibles de ejecución.. Estas pesquisas han alcanzado a la Reserva Federal de Nueva York y a The Clearing House, operadora del sistema de pagos CHIPS, con el objetivo de rastrear cuentas, transferencias y otros activos relacionados con el Estado español.. El coste del impago sigue aumentando. Si la Justicia estadounidense reconoce también el laudo de E.ON, las cantidades acumuladas en los procedimientos de este país podrían superar los 1.280 millones de euros, incluidos los intereses estimados de la nueva reclamación.. A escala internacional, las indemnizaciones arbitrales por los recortes retroactivos a las renovables superan los 2.000 millones de euros, una factura que continúa incrementándose por los intereses de demora y los costes procesales.. El conflicto, originado por las modificaciones regulatorias introducidas entre 2010 y 2014, se ha convertido en un problema de seguridad jurídica y reputación internacional. Los procedimientos en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Singapur demuestran que la estrategia de resistencia al pago no ha impedido que los acreedores obtengan nuevas resoluciones judiciales y avancen hacia la identificación de activos embargables.
La multinacional energética alemana E.ON rastrea ya activos de España en Estados Unidos y ha solicitado a la Justicia estadounidense que ejecute un laudo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ya que el Gobierno español no ha realizado pago alguno hasta la fecha.. A tal efecto, según indican fuentes conocedoras del proceso, ha presentado una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia para exigir a España el pago de una indemnización arbitral de 314,4 millones de euros, que supera los 345 millones al incorporar los intereses de demora acumulados.. La petición, registrada el pasado 4 de noviembre, supone un nuevo revés judicial para España, que acumula ya trece resoluciones adversas en Estados Unidos por un importe aproximado de 935 millones de euros.. El litigio se remonta a 2024. E.ON obtuvo un laudo favorable del CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial, el 18 de enero de 2024.. La condena reconoció 253,7 millones de indemnización y 60,7 millones de intereses anteriores al fallo. Desde entonces, la factura ha seguido aumentando por la acumulación de nuevos intereses, que superan los 30 millones de euros.. 13 sentiencias adversas en EE UU. La iniciativa de E.ON llega después de que los tribunales norteamericanos hayan reconocido trece reclamaciones anteriores contra España. Los nueve primeros precedentes corresponden a Watkins, Antin, RREEF, InfraRed, NextEra, 9REN, Cube Infrastructure, BayWa y Eurus/Toyota, por un importe conjunto de 836,6 millones de euros.. En octubre se añadieron cuatro nuevas resoluciones favorables a OperaFund, Schwab, Steag y Renergy, que incrementaron la cantidad reconocida en más de 98 millones, hasta alcanzar aproximadamente 934,7 millones de euros.. La posición de los acreedores se ha reforzado tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de rechazar, el pasado 29 de junio, una petición española de revisión judicial. Desde entonces, los inversores han intensificado las actuaciones dirigidas a localizar bienes y movimientos financieros susceptibles de ejecución.. Estas pesquisas han alcanzado a la Reserva Federal de Nueva York y a The Clearing House, operadora del sistema de pagos CHIPS, con el objetivo de rastrear cuentas, transferencias y otros activos relacionados con el Estado español.. El coste del impago sigue aumentando. Si la Justicia estadounidense reconoce también el laudo de E.ON, las cantidades acumuladas en los procedimientos de este país podrían superar los 1.280 millones de euros, incluidos los intereses estimados de la nueva reclamación.. A escala internacional, las indemnizaciones arbitrales por los recortes retroactivos a las renovables superan los 2.000 millones de euros, una factura que continúa incrementándose por los intereses de demora y los costes procesales.. El conflicto, originado por las modificaciones regulatorias introducidas entre 2010 y 2014, se ha convertido en un problema de seguridad jurídica y reputación internacional. Los procedimientos en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Singapur demuestran que la estrategia de resistencia al pago no ha impedido que los acreedores obtengan nuevas resoluciones judiciales y avancen hacia la identificación de activos embargables.
